La Valeta: ¿ayuda o chantaje?
"¡Ha habido un malentendido! ¿No recibieron el dinero?"
Cuando los líderes de Europa y África acordaron hace seis meses convocar la Cumbre que ha tenido lugar estos días en La Valeta (Malta), nadie podía imaginar que la crisis de refugiados alcanzaría los extremos a los que ha llegado. Mientras escribo estas líneas, un número indeterminado de decenas de miles de solicitantes de asilo se agolpan en las fronteras europeas a punto de comenzar el invierno y sin que los líderes de la UE hayan sido capaces todavía de establecer un mecanismo eficaz de acogida y reasentamiento del millón largo que ya ha entrado. El caos ha dado lugar al pánico y el pánico es campo abonado para personajes como el Primer Ministro de Hungría, Víktor Orban, cuyas tesis aislacionistas ganan popularidad con rapidez entre los gobernantes europeos.
El problema es que la hiperactividad política y legal para frenar la llegada de personas contamina cualquier otro ámbito en la relación de la UE con los países de origen y tránsito. Como demuestra la reunión de La Valeta, los programas de ayuda al desarrollo y de colaboración institucional con África pueden convertirse en la próxima víctima de un proceso en el que todo vale con tal de mantener a los inmigrantes y refugiados lejos del territorio europeo.
Como siempre en estos casos, los titulares de la declaración política resultante de la cumbre son difíciles de discutir: (1) atacar de raíz las causas que fuerzan el desplazamiento; (2) fortalecer la cooperación legal y la movilidad; (3) reforzar la protección de los inmigrantes y solicitantes de asilo; (4) prevenir la inmigración irregular y el tráfico de personas; y (5) trabajar más estrechamente para mejorar la cooperación en el retorno, la readmisión y la integración de los inmigrantes.
La traducción práctica de estos compromisos, sin embargo, será menos inspiradora. Los puntos 1 a 3 son un relleno presentable para justificar el verdadero interés de los europeos, que son las prioridades 4 y 5. A pesar de que la reunión fue precedida por el anuncio de un Fondo Fiduciario de 1.800 millones de euros para proyectos de desarrollo (ampliable a 3.600 millones en el improbable caso de que los países aflojen más recursos), resulta difícil desvincular estas ayudas de la ofensiva diplomática para garantizar la colaboración de los africanos en el control y readmisión de los inmigrantes y refugiados. ONG como Oxfam han alertado del grave riesgo de que la ayuda acabe condicionada a los objetivos de seguridad y control de fronteras, aplicando en la región el mismo juego de palo y zanahoria que tan desiguales resultados dio en la Libia de Gadafi.
En este contexto es fácil explicarse por qué la experiencia de España durante los años 2008-10, donde se cortó en seco la ruta de África occidental, resulta tan atractiva para otros gobiernos europeos: mientras el Ministro Rubalcaba firmaba los acuerdos de repatriación en el reverso de los de cooperación, España puso tantos guardias civiles en las costas africanas que los puertos de Dakar y Nuadibú parecían una película de Berlanga.
Lo que casi nunca mencionan es que esta operación no redujo la intensidad de los flujos, sino que los desvió hacia las rutas del Mediterráneo occidental y central, más largas y costosas para los inmigrantes. Y España adquirió entonces en su gestión migratoria las mismas taras legales que duran hasta el día de hoy. Una pista: cuando la embajadora de un gobierno como el húngaro se presenta en Melilla a cantar las virtudes de tu modelo de control de fronteras, háztelo mirar.
El verdadero problema de la cumbre de La Valeta no es lo que ha se ha discutido, sino lo que se ha omitido. Al esquivar sus responsabilidades legales y cavar más hondo en el mismo agujero, los países de la UE han perdido una nueva oportunidad para reconsiderar este modelo migratorio roto. Los gobiernos africanos están encantados de hablar de desarrollo productivo y generación de empleo en origen, pero ni ellos ni ningún otro pueden esperar seriamente que unos cuantos proyectitos pongan freno a las pulsiones que determinan la movilidad forzosa o voluntaria de seres humanos. La gobernanza de este complejo reto –lleno de riesgos, pero también de inmensas oportunidades- depende del fortalecimiento de las instituciones de gestión (Europa y España tienen experiencias notables en este ámbito), la apertura de verdaderos cauces de inmigración legal y la negociación de igual a igual de un proceso en el que los enfoques unilaterales que aplica Europa son una receta para el desastre.