Fiestas mortales

La semana pasada dos personas murieron corneadas, una en la ciudad extremeña de Coria y otra en la localidad tarraconense de L’Ampolla, durante las fiestas tradicionales con toros que proliferan todos los veranos en España. Con el pretexto de la presión de los vecinos, los municipios mantienen año tras año prácticas peligrosas para los ciudadanos y crueles con los animales. Algunas, como “el Toro de la Vega”, son simples muestras de barbarie que consisten en el despedazamiento con tintes sádicos de un animal vivo; otras permiten el juego público con astados, un riesgo innecesario y fr...

La semana pasada dos personas murieron corneadas, una en la ciudad extremeña de Coria y otra en la localidad tarraconense de L’Ampolla, durante las fiestas tradicionales con toros que proliferan todos los veranos en España. Con el pretexto de la presión de los vecinos, los municipios mantienen año tras año prácticas peligrosas para los ciudadanos y crueles con los animales. Algunas, como “el Toro de la Vega”, son simples muestras de barbarie que consisten en el despedazamiento con tintes sádicos de un animal vivo; otras permiten el juego público con astados, un riesgo innecesario y frívolo que a veces, como hace unos días, acaba en tragedia.

Las muertes en Coria y L’Ampolla son prueba suficiente de que los Ayuntamientos, responsables de la seguridad de los ciudadanos, no pueden garantizarla en este tipo de fiestas abiertas con animales peligrosos. No es sólo una cuestión de maltrato animal, que también; es que las sueltas de toros generan un peligro incontrolado e incontrolable, por más que se intente disfrazar con advertencias y seguros contratados. Ya puede el alcalde de Coria repetir el estribillo de que no hubo fallos de seguridad, que la muerte del vecino de Moraleja desmiente trágicamente sus palabras. Los Ayuntamientos de Coria y L’Ampolla son responsables de esas muertes y deberían responder por ellas.

Y, desde luego, se requiere con urgencia un endurecimiento de la regulación de las fiestas con toros en España, para eliminar cualquier ayuda pública que reciban y con el fin declarado de su prohibición en un plazo razonable de tiempo.