Educación descubre que el cine es un negocio

Ya que falta o se escatima el dinero, que no falte la grandilocuencia. El departamento de Educación, Cultura y Deporte presentó ayer un real decreto ley que modifica el sistema de concesión de ayudas a la producción cinematográfica con el sello para la posteridad de “cambio de modelo de financiación del cine”. Pero no es para tanto. El real decreto de marras hace lo que venían reclamando los agentes cinematográficos durante años: que las ayudas públicas se paguen de acuerdo con las fases de desarrollo del proyecto de película. Es lo que se conoce como financiación progresiva y forma parte de c...

Ya que falta o se escatima el dinero, que no falte la grandilocuencia. El departamento de Educación, Cultura y Deporte presentó ayer un real decreto ley que modifica el sistema de concesión de ayudas a la producción cinematográfica con el sello para la posteridad de “cambio de modelo de financiación del cine”. Pero no es para tanto. El real decreto de marras hace lo que venían reclamando los agentes cinematográficos durante años: que las ayudas públicas se paguen de acuerdo con las fases de desarrollo del proyecto de película. Es lo que se conoce como financiación progresiva y forma parte de cualquier estrategia empresarial dotada de racionalidad. Puesto en castellano antiguo, que se desembolse una parte de la ayuda en el momento de la presentación y aprobación del proyecto, otra parte cuando se inicia el rodaje, otra a mitad de la producción y otra, hasta completar el total, cuando se obtiene la calificación y se estrena.

Esta racionalidad financiera (capitalista), que suscribirían desde Weber a Keynes, ha estado ausente del cine español prácticamente desde Segundo de Chomón. Y la razón es bien sencilla: el cine no se consideraba (y hay fundadas sospechas de que sigue sin considerarse) como un negocio, una fuente de plusvalías y un factor de mejora del bienestar general. Como cualquier infraestructura o servicio. Las ayudas públicas se gestionaban en ventanilla no como un negocio en potencia (que requiere un flujo continuado y orgánico de inversión), sino como una concesión graciosa a unos presuntos artistas menesterosos cuyas necesidades siempre podían aplazarse para el día, mes o año siguiente. Así, las llamadas ayudas a la amortización se convocan dos años después del estreno y se pagan cuando la solvencia de las arcas públicas lo permite.

El resultado de una ayuda a posteriori es el aumento de los costes de producción (los cálculos más favorables oscilan entre el 17% y el 20%), que es justamente la cuantía en que se encarece el dinero invertido entre el momento de desembolsarlo para pagar a los actores, guionistas, atrezzo y demás obligaciones y el instante en que se percibe la ayuda prometida. La derivada lógica de un método de financiación diferido que el encarecimiento de los costes financieros desincentiva la inversión.

Sustituyendo la financiación final por la continua se abaratan los costes. Pero, que conste, este no es un cambio de modelo; sólo es una mejora en el mecanismo de las ayudas. Para aspirar al escalón superior de cambio de modelo habría que modificar otros parámetros, sobre los que alguna vez habrá que pronunciarse. Podrá hablarse de cambio de modelo cuando las ayudas públicas no sean el soporte principal (el recurso teleológico en el que los productores piensan cuando ponen en marcha un proyecto) de la producción, sino que exista un acceso continuo y mutuamente beneficioso del negocio del cine a los recursos financieros que proceden del mercado bancario, la Bolsa, los fondos de pensiones. (Producción y conexos: ¿por qué no puede financiar un banco la escritura de un buen guion?)