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Un momento del salto de la valla de Melilla en abril de 2014. / Antonio Ruiz (EL PAÍS)
El 26 de marzo de 2015 pasará a la historia como el día en que los españoles perdimos parte de nuestra libertad. El Congreso de los Diputados aprobó en el pleno de ese jueves la ley de seguridad ciudadana, llamada también ley mordaza porque supone un profundo recorte de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ha sido rechazada por la sociedad (un 82% está a favor de eliminarla o modificarla) y también por todos los partidos políticos de la oposición, así que el Gobierno la aprobó utilizando su mayoría.
Esta ley castiga comportamientos como manifestarse junto al Congreso o tratar de impedir un desahucio, y las castiga con multas de hasta 30.000 euros. Lo que nos interesa en Migrados, no obstante, es que esta norma también ha nacido para legalizar las devoluciones en caliente. Esta ley de Seguridad Ciudadana incluye una reforma en la Ley de Extranjería donde se aprueba la figura del rechazo en frontera para amparar una práctica que la Guardia Civil realiza en Ceuta y Melilla desde hace años.
Las devoluciones en caliente han sido ampliamente documentadas gracias al abundante material gráfico que han difundido en el último año activistas y organizaciones en defensa de derechos humanos. Estas también han sido rechazadas por todos los grupos políticos salvo el PP, por un centenar de ONG, entre ellas algunas internacionales como Human Rights Watch. Incluso el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtió después de visitar Melilla que estas devoluciones no se ajustan a la legalidad internacional ni de la UE ni de las Naciones Unidas.
¿Cómo se puede aprobar una ley que legaliza prácticas que son ilegales para las Naciones Unidas o para la Unión Europea y que prohíben normas supra nacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos o la Convención de Ginebra, entre otros? No se puede. Por eso, la norma es ambigua. La ley con la que se legalizan las devoluciones colectivas ha perdido la referencia a que las expulsiones sean en grupo y ha incluido un matiz que dice que los inmigrantes podrán ser expulsados en la frontera siempre y cuando se respete la normativa internacional de derechos humanos y de protección.
Para que las devoluciones se produzcan de acuerdo a estas garantías, todo inmigrante que entre ilegalmente en el país debe pasar por un proceso que incluya la identificación del interesado, la asistencia gratuita de un abogado y de un intérprete si fuera necesario y el dictado de una resolución administrativa después de haber escuchado al inmigrante que indique si esa persona tiene que ser devuelta o, por el contrario, necesita protección internacional.
Ninguna de estas prácticas se están llevando a cabo en las devoluciones en caliente. Los vídeos y fotografías publicados hasta la fecha demuestran que los agentes de la Guardia Civil se limitan a capturar a los inmigrantes que han saltado la valla o que se encuentran en el intervallado y entregarlos a sus homólogos marroquíes por las pequeñas puertas dispuestas a lo largo de la verja que conectan los dos territorios. Nada más.
Sí existen -todo hay que decirlo- los puestos de asilo que Acnur (la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados) habilitó en Ceuta y Melilla para atender a los solicitantes de asilo y refugio. Tan solo entre enero y septiembre de 2014,más de 5.000 personas llegaron a estas dos ciudades autónomas, entre ellas más de 2.000 huidos del conflicto en Siria, el 70% de las cuales eran mujeres y niños. Sin embargo, los ciudadanos subsaharianos no tienen, de momento, acceso a estas oficinas, según han advertido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Acnur. Aunque el país de origen no es un condicionante a la hora de solicitar asilo, el ministro de Interior aseguró durante la inauguración de estos puestos a mediados de marzo que los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a través del perímetro fronterizo no tienen derecho a asilo. "Son inmigrantes por razones económicas y sociales, que es dramático, pero no les legitima para pedir asilo" dijo en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Acnur, por su parte, calcula queel 60% de las personas que entran irregularmente en España son potenciales solicitantes de asilo pero
Ahí está la ambigüedad, una contradicción entre lo que se aprueba y lo que verdaderamente se puede hacer según las normativas supranacionales que indican que, después de todo, las devoluciones en caliente seguirán siendo ilegales tras la aprobación de esta ley si se siguen realizando como hasta ahora. De este gazapo ha escrito ampliamente la periodista y compañera Gabriela Sánchez en eldiario.es. Ella ha consultado con varios expertos en materia jurídica y todos han convenido en que la manera de realizar devoluciones en caliente seguirá siendo contraria a las leyes internacionales mientras no se modifique. Y el Gobierno no ha anunciado modificación alguna, por el momento.
La aprobación de esta reforma no solamente atañe a las personas que saltan la valla y que ahora podrán ser devueltas por la puerta trasera de manera, supuestamente, legal. También cambia las reglas de juego a favor de los 25 agentes de la Guardia Civil imputados por la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta el año pasado cuando intentaban llegar a nado a la costa española, al coronel que firmó un protocolo interno para permitir las devoluciones en la valla en Melilla y a losagentes que golpearon a un inmigrantehasta dejarlo inconsciente en el intervallado de esta misma ciudad. El propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió ayer esta ley en el Congreso con el argumento de que dotará de cobertura jurídica a estos agentes.
Es que no depende sólo de España también Marruecos debe decir algo a este problema, al fin y al cabo es desde su territorio donde se encuentran los inmigrantes que quieren saltar, por lo tanto las medidas las deben tomar ellos también y ponerse de acuerdo con nosotros, sino me parece bien que se identifique a los inmigrantes pues nos pueden entrar personas de todo tipo teniendo en cuenta la cantidad de terrorismo que hay en África y los paises norteafricanos y de Oriente Medio, no me parece mala idea.
Se dice en este magnífico comentario que "hay abundante material para argumentar....". Cierto pero, con esta ley de patada en la boca, se van a terminar las pruebas. Ahora no se va a poder grabar, fotografiar, ni filmar las actuaciones de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Con lo que de lo dicho nada. Y de paso lo que demuestran es que esto va a ser un estado policiaco sin derecho a saber. ¿Porque tienen tanto miedo a las cámaras?. Porque no quieren testigos de lo "bién" que lo hacen.
Ay, ay, ay que me parto de la risa, pero es que con tantas grabaciones de todo ya no va a hacer falta ni ir al cine, por eso lo hacen, tontos más que tontos que somos, ay.
Se acepta que regular los derechos y deberes ciudadanos es una cosa harto difícil, al tener que relacionar en un mismo contexto a un conjunto de personas que proceden de puntos de partida diferentes.Pagando los gastos una gente solo.Y medirlos a todo el mundo con un mismo rasero en función de unas leyes hechas para gestionar las vidas de quienes viven en sociedad en un país.Estamos acostumbrados en nuestro medio y en todo el mundo occidental a pagar el gasto y los importes legales y reglamentarios para entrar en cualquier sitio como es un estadio de fútbol, un espectáculo, subir a un tren, ir al dentista, pagar el alquiler, o ir comprar la comida diaria en un supermercado.Se ve normal, que para adquirir un servicio hay que pagarlo, pues quien lo pone en marcha se ha de ocupar de forma previa de un gasto y de hacerlo servir y funcionar con garantía, y responsabilidad. Es normal que quien no puede permitirse cenar en un restaurante pagando el importe del cubierto, no se puede sentar a la mesa. No le dejan comer gratis.Ni entrar en cualquier establecimiento sucios o vestidos con cualquier indumentaria a cualquier hora, por respeto a los demás ciudadanos y por la obligación de atenernos a un mínimo de orden.Son las reglas que nos hemos dado para vivir en orden y dentro de una democracia.Reservando un lugar apropiado para ejercer cada tipo de actividad o ejercicio de libertades.Por eso existen las leyes y los juzgados.Las manifestaciones se han de permitir en democracia pero dentro del orden social que impida pisar los derechos de los demás, cumpliendo la normativa.No se debe impedir a una gente que va a su trabajo el que no se pueda desplazar porque un colectivo cualquiera quiere protestar reclamando un derecho.Parando el tráfico y los servicios.Porque por esa regla de tres nunca podríamos salir a la calle, pues injusticias tenemos más que días en el año todo el mundo.Igual que, que nuestra casa no puede estar a disposición de cualquiera que se quiera instalar en ella y disfrutar de todo lo que nosotros hemos comprado con nuestro dinero y con nuestro trabajo. Hay unas leyes que rigen y nos amparan.Es el orden de reconocernos en sociedad responsable lo que nos permite seguir existiendo como país y como una comunidad funcionando.Igual debe ser cuando quienes proceden de otros lugares se quieren instalar a las bravas sin respetar el orden establecido y pagado por quienes están dentro de una sociedad estable.Y exigen que se les de igual tratamiento en función de unas leyes que no han respetado, ni sostenido. Y lo peor que se intente obligar desde otro origen a que se preste un servicio sin ninguna contrapartida a cambio.Gratuitamente, utilizando el derecho y las leyes que se han violentado de entrada.Hay que ser solidarios, pero nunca se ha de transigir ante la impunidad de quienes obligan llegando desde afuera sin ningún tipo de compromiso ni documentación.Nuestra sociedad no puede permitirse cambiar las normas alcanzadas por culpa de las injusticias que se viven en otros lugares.
Es que no depende sólo de España también Marruecos debe decir algo a este problema, al fin y al cabo es desde su territorio donde se encuentran los inmigrantes que quieren saltar, por lo tanto las medidas las deben tomar ellos también y ponerse de acuerdo con nosotros, sino me parece bien que se identifique a los inmigrantes pues nos pueden entrar personas de todo tipo teniendo en cuenta la cantidad de terrorismo que hay en África y los paises norteafricanos y de Oriente Medio, no me parece mala idea.
Se dice en este magnífico comentario que "hay abundante material para argumentar....". Cierto pero, con esta ley de patada en la boca, se van a terminar las pruebas. Ahora no se va a poder grabar, fotografiar, ni filmar las actuaciones de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Con lo que de lo dicho nada. Y de paso lo que demuestran es que esto va a ser un estado policiaco sin derecho a saber. ¿Porque tienen tanto miedo a las cámaras?. Porque no quieren testigos de lo "bién" que lo hacen.
Ay, ay, ay que me parto de la risa, pero es que con tantas grabaciones de todo ya no va a hacer falta ni ir al cine, por eso lo hacen, tontos más que tontos que somos, ay.
Se acepta que regular los derechos y deberes ciudadanos es una cosa harto difícil, al tener que relacionar en un mismo contexto a un conjunto de personas que proceden de puntos de partida diferentes.Pagando los gastos una gente solo.Y medirlos a todo el mundo con un mismo rasero en función de unas leyes hechas para gestionar las vidas de quienes viven en sociedad en un país.Estamos acostumbrados en nuestro medio y en todo el mundo occidental a pagar el gasto y los importes legales y reglamentarios para entrar en cualquier sitio como es un estadio de fútbol, un espectáculo, subir a un tren, ir al dentista, pagar el alquiler, o ir comprar la comida diaria en un supermercado.Se ve normal, que para adquirir un servicio hay que pagarlo, pues quien lo pone en marcha se ha de ocupar de forma previa de un gasto y de hacerlo servir y funcionar con garantía, y responsabilidad. Es normal que quien no puede permitirse cenar en un restaurante pagando el importe del cubierto, no se puede sentar a la mesa. No le dejan comer gratis.Ni entrar en cualquier establecimiento sucios o vestidos con cualquier indumentaria a cualquier hora, por respeto a los demás ciudadanos y por la obligación de atenernos a un mínimo de orden.Son las reglas que nos hemos dado para vivir en orden y dentro de una democracia.Reservando un lugar apropiado para ejercer cada tipo de actividad o ejercicio de libertades.Por eso existen las leyes y los juzgados.Las manifestaciones se han de permitir en democracia pero dentro del orden social que impida pisar los derechos de los demás, cumpliendo la normativa.No se debe impedir a una gente que va a su trabajo el que no se pueda desplazar porque un colectivo cualquiera quiere protestar reclamando un derecho.Parando el tráfico y los servicios.Porque por esa regla de tres nunca podríamos salir a la calle, pues injusticias tenemos más que días en el año todo el mundo.Igual que, que nuestra casa no puede estar a disposición de cualquiera que se quiera instalar en ella y disfrutar de todo lo que nosotros hemos comprado con nuestro dinero y con nuestro trabajo. Hay unas leyes que rigen y nos amparan.Es el orden de reconocernos en sociedad responsable lo que nos permite seguir existiendo como país y como una comunidad funcionando.Igual debe ser cuando quienes proceden de otros lugares se quieren instalar a las bravas sin respetar el orden establecido y pagado por quienes están dentro de una sociedad estable.Y exigen que se les de igual tratamiento en función de unas leyes que no han respetado, ni sostenido. Y lo peor que se intente obligar desde otro origen a que se preste un servicio sin ninguna contrapartida a cambio.Gratuitamente, utilizando el derecho y las leyes que se han violentado de entrada.Hay que ser solidarios, pero nunca se ha de transigir ante la impunidad de quienes obligan llegando desde afuera sin ningún tipo de compromiso ni documentación.Nuestra sociedad no puede permitirse cambiar las normas alcanzadas por culpa de las injusticias que se viven en otros lugares.
Periodista de la sección de Internacional, está especializada en migraciones, derechos humanos y desarrollo. Trabaja en EL PAÍS desde 2013 y ha desempeñado la mayor parte de su trabajo en África subsahariana. Sus reportajes han recibido diversos galardones y es autora del libro ‘El tiempo detenido y otras historias de África’.
