Privatización aérea

Fomento se ha decidido por fin a privatizar parcialmente AENA, la empresa que gestiona la red de aeropuertos españoles. El Gobierno mantendrá el control de la mayoría del grupo, puesto que solo venderá el 49% del capital, con la esperanza de que la participación de capital privado ayude a extender el negocio de AENA en el exterior y el convencimiento de que, por el momento, no necesita un socio que gestione la empresa de forma distinta a como se está haciendo.

Puesto que la empresa ha remontado la situación de pérdidas, también era una opción defendible mantener la totalidad del capital...

Fomento se ha decidido por fin a privatizar parcialmente AENA, la empresa que gestiona la red de aeropuertos españoles. El Gobierno mantendrá el control de la mayoría del grupo, puesto que solo venderá el 49% del capital, con la esperanza de que la participación de capital privado ayude a extender el negocio de AENA en el exterior y el convencimiento de que, por el momento, no necesita un socio que gestione la empresa de forma distinta a como se está haciendo.

Puesto que la empresa ha remontado la situación de pérdidas, también era una opción defendible mantener la totalidad del capital en manos del Estado y maximizar en el futuro los ingresos obtenidos mediante la privatización, cuando los beneficios de la compañía sean estables y atraigan a inversores financieros. Pero es más probable que la venta del 49% del capital obedezca a razones financieras (hacer caja de forma inmediata, que en este caso puede llegar a unos 2.500 millones) o simplemente políticas.

La gestión de AENA acarrea costes cuando se producen huelgas o conflictos profesionales. La idea expresada por la ministra de Fomento de buscar un núcleo estable de accionistas que controle el 21% del capital permite no descartar la hipótesis de que en el futuro el Gobierno quiera desprenderse de la gestión aeroportuaria y dejarlo en manos de ese grupo accionarial estable —si llega a constituirse— más o menos ampliado.

Conviene llamar la atención sobre algunos aspectos de esta privatización. No es evidente que la venta del 49% del capital (o del 21% organizado en un núcleo de referencia) sea la más apropiada para atraer inversores estables, con capacidad contrastada para explotar una red aeroportuaria, puesto que ese tipo de inversores aspiran a mayorías de control. La venta minoritaria atrae más fácilmente a inversores financieros, que pueden ser más inestables. Si este inconveniente se pretende compensar con la exigencia de contratos de permanencia, la experiencia demuestra que en la práctica son fácilmente soslayables.

El Gobierno podría explicar mejor y con más detalle los motivos por los que recurre a esta privatización aquí y ahora. Y, por supuesto, tanto el concurso para constituir el núcleo accionarial como la OPV complementaria deben ejecutarse con la máxima transparencia ente los inversores y la opinión pública.