La policía del régimen
Todos los policías son empleados públicos, seleccionados y nombrados para servir a las instituciones, que los ciudadanos ejerciendo la soberanía nacional, tal como proclama la Constitución, consideran necesarias para garantizar el bien común. Son pagados, equipados y legitimados para actuar y mantener la convivencia allí donde sea necesario, incluso en situaciones en las que los derechos ciudadanos requieren no actuar.
Atrás parecían haber quedado los tiempos en que la policía se configuraba más como un instrumento del régimen que como un servicio público, pero tal cosa hoy par...
Todos los policías son empleados públicos, seleccionados y nombrados para servir a las instituciones, que los ciudadanos ejerciendo la soberanía nacional, tal como proclama la Constitución, consideran necesarias para garantizar el bien común. Son pagados, equipados y legitimados para actuar y mantener la convivencia allí donde sea necesario, incluso en situaciones en las que los derechos ciudadanos requieren no actuar.
Atrás parecían haber quedado los tiempos en que la policía se configuraba más como un instrumento del régimen que como un servicio público, pero tal cosa hoy parece un espejismo.
Como ejemplo, basta ver cómo ha tolerado con total indiferencia el apaleamiento de ciudadanos en los andenes de Atocha una vez que ya se ha iniciado la retirada.
Cuando la policía deja de actuar para garantizar con su presencia el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, aun cuando pudiera estar siendo provocada, y actúa obedeciendo órdenes claramente identificables como oportunidad política, deja de ser un servicio público para convertirse en la policía del régimen, carente de legitimidad democrática y con una única función: enfrentarse a aquellos ciudadanos que el régimen considera sus enemigos.— Marcelo Vecchioli Rodríguez. Ciempozuelos, Madrid.
No creo que deba culparse a la policía como tal por las actuaciones a ella debidas en las últimas manifestaciones de Madrid. La policía tiene una difícil labor en el mantenimiento del orden público.
Otra cosa son las instrucciones que recibe del Ministerio del Interior, las cuales han debido ser muy otras que las hasta hace unos meses recibía. Una policía que cambió con la democracia, que aprendió la Constitución, que sirvió a los manifestantes y huelguistas, que ha seguido velando por la seguridad de los españoles, ha sido ahora utilizada por el Gobierno para reprimir brutalmente un derecho como es el de manifestarse.
Si hubo alguien entre los manifestantes que intentó asaltar el Congreso de los Diputados no se notó, aunque la policía lo hubiera evitado. Si ha habido violentos (que habrán sido una minoría) han tenido la respuesta adecuada de la policía. Pero lo que no es de recibo y debemos denunciar es la actuación de las fuerzas de orden —de acuerdo con las instrucciones recibidas— golpeando indiscriminadamente a las personas, arrastrando, como hemos visto, a quienes nada hacían o estaban en el suelo; golpeando brutalmente a los que estaban arrinconados contra una pared o a los que se encontraban en la estación de Atocha, bastante lejos del Congreso de los Diputados.
Este Gobierno es autoritario en la administración de la economía, es autoritario en el mantenimiento del orden público y es un Gobierno, por lo que se ve, con muy pocas convicciones democráticas. En realidad, salvo unos pocos policías, bien por el cuerpo en general; mal por el Gobierno, que ha creído que puede hacer uso de la fuerza contra ciudadanos pacíficos como eran la inmensa mayoría de los concentrados en Madrid el día 25 de septiembre y siguientes.— J. Luis López de Guereñu Polán. Pontevedra.