El TSJA abre diligencias por el espigón de Balanegra
El tribunal investiga si se cometió un delito contra la ordenación del territorio
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias previas al alcalde de Berja (Almería), Antonio Torres, y a la alcaldesa de la Entidad Local Autónoma de Balanegra, Mercedes Tapia, al considerar que podrían existir indicios de delito en la decisión de construir en 2009 un espigón que tuvo que ser demolido apenas cuatro meses después de su ejecución por invadir dominio público marítimo-terrestre...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias previas al alcalde de Berja (Almería), Antonio Torres, y a la alcaldesa de la Entidad Local Autónoma de Balanegra, Mercedes Tapia, al considerar que podrían existir indicios de delito en la decisión de construir en 2009 un espigón que tuvo que ser demolido apenas cuatro meses después de su ejecución por invadir dominio público marítimo-terrestre.
El auto del Alto Tribunal, según han informado fuentes judiciales, señala la apertura de diligencias para dirimir si el regidor virgitano y la primer edil de la ELA, ambos del PP, pudieron incurrir en un delito contra la ordenación del territorio ya que la obra se autorizó sin la preceptiva autorización administrativa.
El juzgado instructor de Berja acordó el pasado mes de julio inhibirse en la causa dada la condición de aforado de Torres, quien ostenta un escaño en la Cámara autonómica desde el año 2007, por lo que dio traslado de las actuaciones iniciadas a la raíz de la denuncia de oficio interpuesta de oficio por la Fiscalía Provincial en enero de 2009 y del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento.
La Entidad Local Autónoma (ELA) procedió hace casi dos años a la construcción de un espigón entre las playas de Balanegra y Balerma, en el término municipal de El Ejido, para paliar la pérdida de arena en el litoral de la zona. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se consideró que la Administración local había actuado "sin criterio" por las "graves consecuencias para la costa" y se calificó la medida como "la peor solución de todas las posibles".
El citado departamento, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, ordenó la inmediata paralización de la obra y abrió expediente al Ayuntamiento virgitano, la ELA y a la empresa constructora, que, finalmente, debió correr con los gastos de la actuación que ejecutó de forma subsidiaria la Administración.
El MARM, tras tramitar la recuperación del dominio público marítimo-terrestre, inició el 29 de abril de 2009 los trabajos de demolición de la construcción "ilegal" realizada con piedras de escollera para devolver la normalidad a la zona litoral después de que ninguna de las entidades afectadas recurriese la resolución.
Un estudio oficial sobre la dinámica litoral en el tramo de costa comprendido entre Adra y Balanegra desaconsejaba para la playa de Balanegra actuaciones como la construcción de espigones por los elevados impactos negativos que este tipo de obras de defensa ocasionarían a largo plazo. En concreto, se auguraba que el impacto sería "muy negativo" al provocar erosiones "que requerirían intervenciones adicionales".