Aparici rechaza hablar de su procesamiento por prevaricación
El vicepresidente de la Diputación de Castellón, del PP, se sienta el próximo 23 de noviembre en el banquillo
El vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, del PP, ha rechazado hoy hablar de su procesamiento. La Audiencia de Castellón ha fijado ya la fecha en la que será juzgado, el próximo 23 de noviembre, por un delito de vertido de residuos tóxicos y por prevaricación medioambiental. Aparici, a quien todos los partidos de la oposición han reclamado su dimisión, ha afirmado que su norma es "no valorar esas cosas". Y ha replicado con un "no sé si es que hablo en chino" cuando se le ha insistido en que si ha valorado la posibilidad de dejar de forma provisional su responsabi...
El vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, del PP, ha rechazado hoy hablar de su procesamiento. La Audiencia de Castellón ha fijado ya la fecha en la que será juzgado, el próximo 23 de noviembre, por un delito de vertido de residuos tóxicos y por prevaricación medioambiental. Aparici, a quien todos los partidos de la oposición han reclamado su dimisión, ha afirmado que su norma es "no valorar esas cosas". Y ha replicado con un "no sé si es que hablo en chino" cuando se le ha insistido en que si ha valorado la posibilidad de dejar de forma provisional su responsabilidad en la Diputación, precisamente en la gestión de Medio Ambiente, hasta que finalice el juicio.
"No son motivos de esta casa", ha contestado, por su parte, el presidente en funciones de la institución, Francisco Martínez, para eludir igualmente cualquier valoración sobre el procesamiento.
La fiscalía pidesiete años de cárcel para Vicent Aparici por un delito contra los recursos naturales y prevaricación medioambiental, aunque se reserva una calificación alternativa en la que le acusa deun delito de establecimiento de depósitos o vertederos de residuos tóxicos o peligrosos y prevaricación -en este caso la pena podría alcanzar dos años de cárcel-. El ministerio público, que también solicita ocho años de inhabilitaciónpara cargo público, asegura que permitióvertidos tóxicos entre 1995 y 2003 en un basurero no autorizado de La Vall d'Uixó, localidad de la que entonces era alcalde, y de no iniciar "ningún tipo de actividad sancionadora" pese a saber que eran ilegales.