Condenado a cuatro años de internamiento un menor tutelado por la Generalitat

El Juzgado de Menores de Tarragona ha condenado a un menor tutelado por la Generalitat a cuatro años de internamiento por haber atracado a una mujer y abusado sexualmente de ella. La agresión se produjo cuando el menor se hallaba bajo responsabilidad de la Administración, por lo que la Generalitat ha sido declarada co-responsable civil y deberá sufragar los 10.000 euros de indemnización para la víctima que fija la sentencia.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2008. El acusado se cruzó fortuitamente con la víctima, que iba acompañada de una amiga, por el centro de Tarragona. Decidió ...

El Juzgado de Menores de Tarragona ha condenado a un menor tutelado por la Generalitat a cuatro años de internamiento por haber atracado a una mujer y abusado sexualmente de ella. La agresión se produjo cuando el menor se hallaba bajo responsabilidad de la Administración, por lo que la Generalitat ha sido declarada co-responsable civil y deberá sufragar los 10.000 euros de indemnización para la víctima que fija la sentencia.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2008. El acusado se cruzó fortuitamente con la víctima, que iba acompañada de una amiga, por el centro de Tarragona. Decidió seguirla hasta el portal de su vivienda y cuando la mujer se separó de su acompañante, se coló dentro. Una vez en el edificio agarró a la víctima por detrás del cuello y el abdomen, refleja la sentencia. La mujer se resistió pero el agresor logró arrastrarla hasta un pasillo para asaltarla sin ser visto. Entonces el menor la golpeó y sacó una navaja. "Dame el dinero o te mato", le exigió mientras empezó a manosear a la mujer. Tras varios forcejeos en los que la víctima volvió a ser agredida, ésta dio su bolso al agresor, que salió corriendo con un botín de 245 euros.

Es parte del dinero que deberá sufragar la Generalitat, además de 7.020 euros de indemnización para la víctima por las lesiones sufridas y otros 3.000 por los daños morales, según ha dictado el Juzgado.

El agresor, que no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante cinco años, deberá cursar un programa de formación laboral y otro de convivencia en un grupo educativo. La sentencia le obliga también a recibir tratamiento ambulatorio para superar la dependencia de tóxicos.