Las familias de los militares del Yak-42 piden ante el Supremo una pena mayor
Recurren la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a tres años de prisión al general Navarro y a 18 meses al comandante Ramírez y al capital Sáez
La Asociación de Familiares Afectados por el Accidente del Yak-42 ha interpuesto hoy un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres que se produjeron en el accidente ocurri...
La Asociación de Familiares Afectados por el Accidente del Yak-42 ha interpuesto hoy un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo condenó a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres que se produjeron en el accidente ocurrido Trazbon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
En un comunicado remitido esta tarde, la Asociación expresa su discrepancia con los razonamientos y disposiciones realizados en la sentencia de la Audiencia Nacional al apreciar dos delitos continuados de falsedad por parte de los tres condenados que conllevarían "mayores penas de las impuestas y una responsabilidad civil por el daño causado superior a la atribuida".
La Asociación ha recordado que, teniendo en cuenta lo visto durante el juicio del Yak, "no parece verosímil que la cúpula del Ministerio de Defensa desconociera, se abstrajera y confirmara una falsedad previsible" como la de los errores en la identificación de los cuerpos y que, según ha indicado, "ahora la Sala de lo Penal ha sancionado como delictiva".
También, por desgracia, no esperamos, como no se hizo hace seis años, una declaración de verdad sobre el por qué se enterraron tan deprisa y sin identificar a los nuestros, ni tampoco sobre el por qué un Ministerio se empeño en avalar una conducta que entonces se presumía delictiva, no cuestionándola en ningún momento y haciéndonos creer que estábamos equivocados, que estábamos manipulados y que atentábamos contra el honor de los muertos", ha argumentado la Asociación.
Por último, ha subrayado que continuará "con su deber" de intentar conocer "la verdad" de lo ocurrido y "depurar las responsabilidad" que en su caso se pudieran derivar "por unas actitudes que han causado estupor en la opinión pública y mucho dolor en las familias".