El Tribunal de Cuentas detecta más de 90 irregularidades en el Ayuntamiento de Marbella
La fiscalización corresponde a la época en la que Jesús Gil era alcalde
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles en 2000 y 2001 —cuando era alcalde Jesús Gil (fallecido el 14 de mayo de 2004) pero había delegado en su teniente de alcalde Julián Muñoz—, que menciona más de 90 irregularidades, entre ellas el pago de más de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) a un arquitecto, Carlos Monteverde Gavilanes, por proyectos inexistentes.
Este pago se realizó entre 1992 y 1999, cuando Gil gobernaba aún el municipio malagueño. El informe, que ha sid...
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles en 2000 y 2001 —cuando era alcalde Jesús Gil (fallecido el 14 de mayo de 2004) pero había delegado en su teniente de alcalde Julián Muñoz—, que menciona más de 90 irregularidades, entre ellas el pago de más de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) a un arquitecto, Carlos Monteverde Gavilanes, por proyectos inexistentes.
Este pago se realizó entre 1992 y 1999, cuando Gil gobernaba aún el municipio malagueño. El informe, que ha sido enviado al Congreso, describe como el Gobierno municipal encargó la elaboración de 73 proyectos de obras a empresas vinculadas con Monteverde Gavilanes; en algunos casos ya estaban hechas, y en otros nunca se llegaron a hacer.
Además, el abogado José María del Nido recibió más de mil millones de pesetas (seis millones de euros) entre los años 1999 y 2003 por orden directa del alcalde, Jesús Gil, o de Julián Muñoz —que accedió a la alcaldía en 2002—. El Tribunal de Cuentas denuncia también que no se ha ejercido ningún control sobre más de 20.000 millones de pesetas que han manejado las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento marbellí.
En su informe fiscalizador, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, a lo largo de sus más de 170 páginas, la falta de colaboración de los responsables municipales a la hora de facilitar la información solicitada. El alcalde llegó a suspender provisionalmente de empleo y sueldo al interventor municipal por entregar datos al Tribunal.