El Senado aprueba la reforma del sistema de nombramientos de los jueces del Supremo

La nueva Ley Orgánica, que impone una mayoría de tres quintos para nombrar altos cargos judiciales, ha salido adelante con la oposición del PP

El Pleno del Senado ha aprobado por 131 votos a favor y 126 en contra la reforma del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de Justicia autonómicos que obligará a que estos cargos cuenten con el respaldo de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial. La modificación legal ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que ha presentado sin éxito una propuesta de veto.

Contando con el voto en contra de los 126 senadores del PP, el Gobierno necesitaba el apoyo de los dem...

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El Pleno del Senado ha aprobado por 131 votos a favor y 126 en contra la reforma del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de Justicia autonómicos que obligará a que estos cargos cuenten con el respaldo de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial. La modificación legal ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, que ha presentado sin éxito una propuesta de veto.

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Contando con el voto en contra de los 126 senadores del PP, el Gobierno necesitaba el apoyo de los demás grupos representados en la Cámara Alta. Finalmente, ninguno de los grupos se ha unido al PP y la reforma ha salido adelante con 131 votos, uno más de la mayoría absoluta.

La aprobación de la reforma por la Cámara Alta, que se ha producido por el procedimiento de lectura única, supone el último trámite parlamentario de la modificación legal, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, previsiblemente a principios de enero.

Además, según indica la propia reforma en su disposición final, la nueva mayoría cualificada de tres quintos que se establece para elegir magistrados del Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial, se aplicará a cubrir las vacantes anunciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Ello abarca las plazas de presidente de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Supremo, así como una decena de puestos de magistrado del alto Tribunal.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha abierto el debate para exponer al Senado que dicho proyecto guarda una "intención de transparencia" y permite que las "diferentes sensibilidades" de los altos cargos judiciales se vean obligadas, por la Ley, "a conversar" para alcanzar acuerdos.