El Gobierno quintuplicará el número de agentes destinados a combatir la violencia machista

El Gobierno ha aprobado hoy un paquete de diez medidas urgentes para luchar contra la violencia doméstica que estará en vigor hasta que se apruebe la futura ley integral contra la violencia de género. Entre las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estará la ampliación del número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad dedicadas exclusivamente a este tipo de delitos. De los 120 agentes encargados de proteger a mujeres víctimas de maltrato se pasa a 200 policías más 250 miembros de la Guardia Civil.

Además, en desarrollo de un acuerdo co...

El Gobierno ha aprobado hoy un paquete de diez medidas urgentes para luchar contra la violencia doméstica que estará en vigor hasta que se apruebe la futura ley integral contra la violencia de género. Entre las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estará la ampliación del número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad dedicadas exclusivamente a este tipo de delitos. De los 120 agentes encargados de proteger a mujeres víctimas de maltrato se pasa a 200 policías más 250 miembros de la Guardia Civil.

Además, en desarrollo de un acuerdo con al Federación de Municipios y Provincias, Interior articulará la colaboración de policías locales en la vigilancia y protección de mujeres amenazadas, según ha explicado Caldera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por otra parte, se va a interesar al fiscal general del Estado para que se establezcan o extremen las medidas de vigilancia y preservación de los derechos de la víctimas. En concreto, será prioritaria para la fiscalía la persecución de estos delitos, con especial atención a la solicitud de medidas de suspensión del régimen de visitas a los hijos para los agresores, o la petición al juez de prisión provisional para el agresor en caso de quebrantamiento de medidas de alejamiento.

Asimismo, se prevé la confección coordinada por fuerzas de seguridad y administración judicial de un mapa de riesgo en cada territorio que facilite prevención y la intervención rápida en ayuda de las víctimas, así como un modelo protocolizado de denuncia que permita establecer grados de riesgo en el conjunto de mujeres que reciben la orden de protección, para extremar la atención en los casos más graves. Se prestarán además medidas de teleasistencia para toda las mujeres que tengan orden de protección. Se dará también prioridad en políticas activas de empleo a estas mujeres, y todas ellas tendrán acceso inmediato a ayudas económicas y sociales.