El Supremo condena a cuatro años de cárcel a un ex consejero de Zaplana
Además, le obliga a devolver ocho millones de pesetas y le multa con 5.400 euros
El ex consejero de Obras Publicas de la Comunidad Valenciana, Luis Fernando Cartagena, ha sido condenado por el Supremo a cuatro años de cárcel por apropiarse de ocho millones de pesetas de beneficios de un hospital municipal de Orihuela, cuando era alcalde esta localidad. Luis Fernando Cartagena fue mano derecha de Zaplana cuando éste presidía la Generalitat Valenciana.
La sentencia confirma un fallo anterior de la Audiencia Privincial de Alicante y le condena a tres años por malversación de fondos y a otro más por falsedad en documento público. Igualmente, la sentencia impone una mult...
El ex consejero de Obras Publicas de la Comunidad Valenciana, Luis Fernando Cartagena, ha sido condenado por el Supremo a cuatro años de cárcel por apropiarse de ocho millones de pesetas de beneficios de un hospital municipal de Orihuela, cuando era alcalde esta localidad. Luis Fernando Cartagena fue mano derecha de Zaplana cuando éste presidía la Generalitat Valenciana.
La sentencia confirma un fallo anterior de la Audiencia Privincial de Alicante y le condena a tres años por malversación de fondos y a otro más por falsedad en documento público. Igualmente, la sentencia impone una multa a Cartagena de 5.400 euros. El Supremo también confirma que el ex alcalde de Orihuela, ex consejero de urbanismo con Zaplana, debe devolver los ocho millones de pesetas que se apropió en su beneficio o de terceros.
El alto tribunal da por bueno el relato de los hechos de la Audiencia Provincial de Alicante, según el cual, en 1993 Cartagena recogió ese dinero de manos de la religiosa que dirigía el hospital municipal especializado en la asistencia municipal a ancianos. Los ocho millones de pesetas, entregados al alcalde, eran el superávit del centro médico en el momento de su cierre.
También considera probado que Cartagena intentó en 1998, cuando ya era consejero de Zaplana, que un empresario amigo le hiciera unas facturas falsas para justificar el destino de ese dinero. La investigación demostró que los ocho millones no sirvieron para indemnizar a los propietarios de unas chabolas que, teóricamente, habían sido derribadas por orden del alcalde, como éste adujo.