CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PSOE, PP y PA no descartan promover la disolución del Ayuntamiento de Marbella

Las delegaciones de los tres partidos deciden en una reunión no dar ningún tipo de "margen de confianza" a Yagüe

Delegaciones del PSOE, PP y Partido Andalucista (PA) se han reunido esta mañana en Sevilla para buscar una salida "consensuada y democrática" a la situación creada en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la moción de censura que contra Julián Muñoz, que dio la alcaldía a Marisol Yagüe el pasado 13 de agosto. Los tres partidos han acordado no dar ningún tipo de "margen de confianza" al nuevo equipo de gobierno, formado por ocho tránsfugas del Grupo Independiente Liberal (GIL), tres expulsados del PSOE y otros tres del PA, por lo que no descartan promover la disolución del consistorio.
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Delegaciones del PSOE, PP y Partido Andalucista (PA) se han reunido esta mañana en Sevilla para buscar una salida "consensuada y democrática" a la situación creada en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la moción de censura que contra Julián Muñoz, que dio la alcaldía a Marisol Yagüe el pasado 13 de agosto. Los tres partidos han acordado no dar ningún tipo de "margen de confianza" al nuevo equipo de gobierno, formado por ocho tránsfugas del Grupo Independiente Liberal (GIL), tres expulsados del PSOE y otros tres del PA, por lo que no descartan promover la disolución del consistorio.

Éstas han sido las principales conclusiones de la reunión que han mantenido las tres delegaciones por espacio de dos horas en la sede del Parlamento andaluz. Socialistas, populares y andalucistas han coincidido en lanzar al nuevo gobierno municipal marbellí el "mensaje claro" de que no abrá margen de confianza" en su gestión que no pase por el umplimiento estricto de la legalidad vigente, que en materia urbanística pasa por la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. En cuanto a la posible disolución, se tomará como base informes jurídicos que avalen esta salida "excepcional".

Esta posición contrasta con la mantenida hasta ahora por los socialistas, que venían planteando en las últimas semanas la posibilidad de dar un "plazo de tiempo" para comprobar si el nuevo gobierno marbellí estaba dispuesto a dar un "giro de 180 grados" respecto a la gestión del GIL.

La propuesta de IU

A la reunión, en la que no han participado los líderes de las tres formaciones -Manuel Chaves, Teófila Martínez y Antonio Ortega-, han acudido por parte del PSOE el secretario de Organización, Luis Pizarro; el secretario de Ciudades y Política Municipal, Salvador Pendón; y la secretaria provincial del partido en Málaga, Marisa Bustinduy.

La delegación del PP ha estado integrada por el secretario general, Antonio Sanz, el vicesecretario general de Organización, José Luis Sanz, y el presidente provincial del partido en Málaga, Joaquín Ramírez, mientras que los representantes del PA han sido el secretario nacional de Comunicación, Javier Aroca, el secretario de Política Municipal, Juan Carlos Benavides, y el secretario provincial del partido en Málaga, Pedro Merino.

Este encuentro se ha producido apenas 24 horas antes de que la Diputación Permanente del Parlamento andaluz decida si la proposición no de Ley de IULV-CA y Grupo Mixto en la que se insta a la Junta a solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Marbella se debatirá en comisión extraordinaria la próxima semana o bien queda pendiente hasta la primera sesión ordinaria del nuevo periodo de sesiones, prevista el 4 de septiembre.

Dirigentes del PSOE, PP y PA, durante la reunión en el Parlamento andaluz.EFE

Disolución sin precedentes

El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, informó ayer de que el Ejecutivo está revisando las actuaciones judiciales que están en marcha en Marbella y que, una vez reunida toda la información, se valorará la puesta en marcha del proceso de disolución.

"Todo esto se está haciendo con rigor, pero no es fácil", dijo. No obstante, precisó que nunca se ha disuelto una corporación municipal, y que la legislación vigente limita mucho esta posibilidad. En este sentido, recordó que no hay ningún precedente en la democracia española, "ni siquiera en situaciones tan lamentables como las que se han producido en el País Vasco".

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