Trillo niega que su denuncia sobre los fondos reservados tuviera intencionalidad política

El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha afirmado que cuando en 1994 presentó la denuncia por el supuesto uso irregular de los fondos reservados no pretendió "instrumentalizar la justicia al servicio de una causa política" y, según ha agregado, "no fue más que una obligación pública y legal".

"Era la obligación de poner en conocimiento de los tribunales hechos que podían ser constitutivos de delito", ha indicado Trillo, quien ha comparecido como testigo en el juicio por el caso de los fondos reservados al igual que Manuel Fraga, quien ha indicado que nunca dudó de la licitud d...

El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha afirmado que cuando en 1994 presentó la denuncia por el supuesto uso irregular de los fondos reservados no pretendió "instrumentalizar la justicia al servicio de una causa política" y, según ha agregado, "no fue más que una obligación pública y legal".

"Era la obligación de poner en conocimiento de los tribunales hechos que podían ser constitutivos de delito", ha indicado Trillo, quien ha comparecido como testigo en el juicio por el caso de los fondos reservados al igual que Manuel Fraga, quien ha indicado que nunca dudó de la licitud de la indemnización recibida en 1988 por la voladura de su chalé de Perbes (A Coruña), como consecuencia de una acción terrorista del Exèrcito Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe.

En el juicio se sientan en el banquillo de los acusados los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, entre otros.

La "necesidad" de acudir a los tribunales

Preguntado por el abogado de Corcuera, Leopoldo Torres, sobre si esta denuncia formaba parte de una campaña de acoso al gobierno socialista y al PSOE Trillo ha señalado que no comparte este criterio.

El testigo, que ocupaba el cargo de vicepresidente segundo del Congreso cuando interpuso la denuncia, ha afirmado que se decidió a acudir a los tribunales después de que fracasaran todos los intentos del Grupo Popular de establecer un control parlamentario sobre el uso de estos fondos.

Ha afirmado que, después de las conclusiones que arrojó la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Roldán y de las informaciones periodísticas sobre el supuesto uso irregular de ese dinero, vio necesario acudir a los tribunales, ya que "estando tan evidentemente publicitado" ese uso, ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior de la época lo habían desmentido.

Trillo ha añadido asimismo, que sólo formuló la denuncia por escrito el 19 de octubre de 1994, después de haber instado meses antes al que fuera fiscal general del Estado Carlos Granados a que investigara los hechos, sin obtener resultado.

Ha relatado que el Congreso tiene partidas para gastos protocolarios, y ha afirmado que, como presidente siguió, la práctica iniciada desde el comienzo de la democracia de "obsequiar a los diputados y funcionarios con un regalo navideño".

Los regalos de Trillo

Trillo ha recordado que durante su mandato estos obsequios fueron un frontispicio que reproduce el del Congreso, un libro conmemorativo de la construcción del Palacio del Congreso, la reproducción en facsímil de la Constitución y una caja con el escudo del Congreso.

"Nunca durante mi presidencia se obsequió a los diputados con relojes", ha aseverado en referencia a las declaraciones realizadas por Corcuera sobre que Trillo regaló relojes a los diputados. Por su parte, Corcuera al finalizar la testifical ha mostrado a los periodistas una de las cajas a las que ha aludido Trillo y ha declarado que éstas son de plata y que "si lo hace él también lo puedo hacer yo".

Trillo ha dicho que "lo que ejercitó en nombre de 130 diputados no fue más que una obligación pública y legal" y ha añadido que "los fondos reservados aunque tengan este último carácter son fondos públicos y en consecuencia su destino ha de ser público".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, ha señalado que nunca dudó de la licitud de la indemnización de 30 millones de pesetas recibida en 1988 después de que el Exército Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe volara su chalé de Perbes (A Coruña).

"Yo entendí que recibía lo que correctamente correspondía a las circunstancias y lo agradecí mucho", ha afirmado Fraga, que ha asegurado que el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, le había advertido de la posibilidad de un atentado contra su propiedad y que cuando se produjo le ofreció ayuda diciendo que "algo habían hecho mal".

El agradecimiento de Fraga

Fraga, que ha señalado que Barrionuevo tuvo un "comportamiento muy honorable", ha afirmado que entregó al entonces secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera un inventario elaborado por un aparejador que justificaba el importe de los daños ocasionados en su chalé y que recibió un libramiento que ingresó en su cuenta bancaria.

Ha indicado que nunca dudó de la legalidad de ese dinero y ha asegurado que siempre ha procurado cumplir la Ley porque, después de muchos años en que su opción política era minoritaria, "más de uno me ha mirado con lupa hasta la ropa interior y no he salido mal parado".

"Ese chalé lo habíamos hecho a lo largo de 25 años con los modestos ingresos que hemos tenido", ha afirmado Fraga, que ha añadido que, gracias a eso pudieron reconstruir la casa, "lo que entretuvo los últimos años" de su "pobre mujer".

El presidente gallego ha indicado también que cuando fue ministro de la Gobernación disponía de fondos reservados, pero "las cantidades eran absolutamente infinitesimales" y "sólo estaban a disposición de los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad".

En el juicio también han declarado tres miembros del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, quienes realizaron un informe pericial sobre los activos financieros relacionados con cuentas bancarias y depósitos a nombre de Julián Sancristóbal y su esposa.

Según los peritos, existía una masa de capital con diversos orígenes y destinos, un "saco común", en la que aparecen hasta 16 personas distintas como depositarios y receptores de los fondos y cuyo "denominador común" era su relación con Sancristóbal. En total los peritos concluyen que entre 1986 y 1991 Sancristóbal tuvo "poder de disposición" sobre unos 875 millones de pesetas.