Familias insumisas avisan de que sus hijos no irán al cole

Esta vuelta al cole será única y extraña para la inmensa mayoría de los ocho millones de alumnos preuniversitarios. Sin embargo, para algunos no será, porque se quedarán en casa. Miles de estudiantes, está por ver cuántos. El movimiento de asociaciones de madres y padres (AMPA) que se niegan a que sus hijos vuelvan al colegio por el peligro de contagiarse de coronavirus aumenta cada día. Familias de todo el país se han rebelado contra los planes de los Gobiernos autonómicos, a los que reclaman más inversión para reducir el número de alumnos por clase, y sus quejas se han viralizado este verano...

Esta vuelta al cole será única y extraña para la inmensa mayoría de los ocho millones de alumnos preuniversitarios. Sin embargo, para algunos no será, porque se quedarán en casa. Miles de estudiantes, está por ver cuántos. El movimiento de asociaciones de madres y padres (AMPA) que se niegan a que sus hijos vuelvan al colegio por el peligro de contagiarse de coronavirus aumenta cada día. Familias de todo el país se han rebelado contra los planes de los Gobiernos autonómicos, a los que reclaman más inversión para reducir el número de alumnos por clase, y sus quejas se han viralizado este verano en Internet. El cisma entre las Administraciones y los padres y madres está servido mientras el derecho a la educación de los niños pende de un hilo.

“¿En qué empresa se permite que 30 personas convivan en una sala de 35 metros cuadrados? Montan un hospital de campaña en días, pero durante meses no pueden encontrar espacios para los niños. Y las burbujas son ficticias, porque luego los mezclas en el transporte, el recreo o el aula matinal [donde niños de todos los cursos comparten espacio antes de empezar las clases]”. La profesora y madre tuitera Maestra enfurecida —que solicita anonimato— subió una petición a Change.org para exigir al Ministerio de Educación y las comunidades más recursos y espacios para garantizar “una vuelta al cole segura”, y ya acumula 155.000 firmas. Cristian Espantoso, cuyo hijo acude a la escuela Ikasbide de Bilbao, apunta: “Es probable que no vaya en todo el curso, lo estamos debatiendo. Las familias necesitamos ayuda y comprensión, no amenazas de que avisarán a los servicios sociales. Si los Gobiernos no bajan ahora la ratio por la pandemia, ¿cuándo lo harán?”.

El Gobierno avanzó a las autonomías que en septiembre dispondrán de 2.000 millones de euros a fondo perdido para educación, y estas contratarán nuevos maestros, pero los refuerzos están lejos de los 165.000 nuevos docentes que CC OO estimó como necesarios para garantizar una ratio de 15 alumnos por aula, planteado en mayo. Mientras la Comunidad Valenciana contratará a 4.300 nuevos docentes, Cataluña aumentará en 5.000 su plantilla, Andalucía incorporará 6.000 profesores y el País Vasco no hará nuevos contratos. La Moncloa celebrará la próxima semana una conferencia de presidentes autonómicos para intentar consensuar medidas para la vuelta al cole. Pero la ratio de alumnos por clase, de 25 en Primaria y de 30 en Secundaria, apenas bajará. “Cualquiera que vea a los niños en clase sabe que eso es una bomba de relojería. Nosotros ya estábamos hacinados y damos clase en la biblioteca, el salón de actos o el pasillo, esto viene de largo”, añade Maestra enfurecida, que enseña en Murcia.

Ante el plante anunciado por este movimiento de madres y padres, el Ministerio de Educación recuerda el valor del aula como ascensor social. “La educación es obligatoria de los seis a los 16 años y siempre hemos defendido que la escuela es insustituible como el mejor elemento para acabar con las desigualdades sociales de origen, tal y como indica la ONU y otros organismos internacionales”, afirma una portavoz. Carmen Morillas, de Ceapa —la mayor confederación de asociaciones de madres y padres, con 12.000 AMPA— pide a las Administraciones estatal, regionales y locales “más esfuerzo” para ofrecer soluciones reales: “Entendemos que los padres tengan miedo y es respetable, pero tenemos que aprender a convivir con el virus. La presencialidad es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades como demostró el confinamiento, pero claro, siempre que se garantice la seguridad y las medidas higiénicas. El derecho a la educación pertenece al alumnado”.

El movimiento insumiso prendió en junio en Andalucía y ya son más de 500 AMPA en colegios de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva dispuestas a replicar las clases en casa, como durante el confinamiento. “Las familias nos vemos obligadas a elegir entre salud y educación. Sabiendo que el riesgo cero no existe, la Junta no ha explorado otras vías más que mascarillas y gel hidroalcohólico, y la contratación de 6.000 docentes no bajará la ratio”, denuncia Teresa de Pablo, del colectivo Escuelas de Calor. Olga Amado, portavoz de Ampas en pie, que aglutina a 180 asociaciones de Málaga y que apoya la insumisión como una opción, recuerda el miedo de muchas madres por convivir en casa abuelos y nietos: “Que no nos hablen de clases burbuja, nos da risa y llanto a la vez. Queremos presencialidad, pero con garantías”.

La viceconsejera de Educación andaluza, Carmen Castilla, replica: “Espacios no tenemos, hay que ser realistas (…) Si esto se generalizara, el ministerio tendrá que determinar si hay que comprimir el currículo, porque ahora está asociado a las 25 horas lectivas”. Cuando surgió el movimiento, la respuesta de la Junta de Andalucía fue aclarar que si los niños se quedaban en casa, iniciaría el protocolo de absentismo. Y esto calentó aún más el ánimo de las familias insumisas. Porque de fondo late un debate jurídico que ha llevado a muchos padres y madres a consultar a abogados de antemano.

Es una incógnita si las Administraciones darán el paso de enfrentarse a los padres insumisos, aunque a priori parece difícil. “Hay un valor superior al derecho a la educación, que es el derecho a la vida y la salud del propio niño. Las normas deben interpretarse con equidad y conforme a la realidad social en la que estamos. No creo que le vayan a quitar la custodia a nadie”, apunta Guillermo Cerdeira, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla. Para que prospere un expediente administrativo por absentismo a una familia, este debe ser “grave, prolongado y resistente a la autoridad pública”. Tras estudiarlo el centro escolar, se traslada a los servicios sociales y finalmente la Fiscalía podría interponer denuncia —al ser el abandono familiar un delito semipúblico— para que un juez decidiera en última instancia. Al respecto, un fiscal de menores ilustra: “Se podrán discutir las medidas sanitarias adoptadas, pero indiciariamente puede estar justificada la ausencia del menor a clase”. María Pérez, vicepresidenta de la asociación española de abogados de familia, explica: “El consejo que estamos dando es que debe ser un acuerdo sin fisuras entre padre y madre. No habrá un juez que le quite la patria potestad a unos padres por esto, ni sanción penal ni multa”, vaticina.

Tras la experiencia del confinamiento, también hay familias que han descubierto ventajas a la educación en casa y han presentado una propuesta al Ministerio de Educación para “flexibilizar” la presencialidad. “No buscamos una escuela en casa, sino que se pueda elegir cuándo acudir con supervisión, porque el que lo elija se va a implicar en la educación. Los padres y madres de niños con altas capacidades, autismo o que han sufrido acoso están encantados”, explica una madre madrileña que pide anonimato y redactó el documento, con 4.000 adheridos.

¿Está justificado el miedo de los padres al contagio? “Lo que sabemos hoy es que los niños desarrollan la enfermedad entre 10 y 20 veces menos que los adultos y que la mayoría de casos son leves. Hasta ahora, la transmisión en la escuela es muy excepcional, salvo episodios como los sucedidos en la Secundaria de Israel. Pero no hay certeza en ninguna estrategia, necesitamos arrancar el curso”, expone Jordi Sunyer, investigador del ISGlobal de Barcelona. Entre las medidas recomendadas por los expertos para prevenir el contagio (grupos burbuja, ventilación, higiene de manos y superficie suficiente para permitir la distancia de seguridad), Sunyer destaca la última: “Necesitamos que la densidad sea baja, con cuatro metros cuadrados por niño”. Y alerta sobre los efectos negativos de que los niños se alejen de las aulas: “La falta de socialización, de aprendizaje y los posibles defectos en salud mental son perjuicios grandes”.

En paralelo a que al pasar lista en clase este otoño haya silencios, se acumulan otras preguntas que los centros deben resolver: ¿Evaluarán los profesores a los niños que no acudan a clase? ¿Guardarán los colegios las plazas de los alumnos ausentes para el año siguiente? ¿Cuántos alumnos deberían aceptarse en el comedor, si en muchos la distancia de seguridad es imposible y los grupos burbuja se entremezclan? Si se cierra un centro por un brote, ¿volverán a quedarse descolgados en casa los alumnos más humildes, como ocurrió en primavera?

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