La tormenta perfecta de la crisis del alquiler
La limitación de precios debería haberse planteado en todo caso como algo temporal y fácilmente gestionable
En España la crisis de vivienda constituye ya el primer problema para el Gobierno por sus consecuencias sociales y económicas y la dificultad de resolverla. El aumento de precios de vivienda es un fenómeno bastante generalizado internacionalmente, pero en el modelo de provisión de viviendas español, con una escasa inversión pública en vivienda durante años y una limitación de las ayudas familiares, va a requerir mucho tiempo para superarla.
Ante la situación creada, el Gobierno planteó un cambio estructural en una nueva ley con múltiples objetivos, siendo el principal el desarrollo del ...
En España la crisis de vivienda constituye ya el primer problema para el Gobierno por sus consecuencias sociales y económicas y la dificultad de resolverla. El aumento de precios de vivienda es un fenómeno bastante generalizado internacionalmente, pero en el modelo de provisión de viviendas español, con una escasa inversión pública en vivienda durante años y una limitación de las ayudas familiares, va a requerir mucho tiempo para superarla.
Ante la situación creada, el Gobierno planteó un cambio estructural en una nueva ley con múltiples objetivos, siendo el principal el desarrollo del parque de viviendas sociales en alquiler planteando para la presente legislatura la utópica provisión de 184.000 viviendas sociales. El objetivo planteado exige un incremento ingente de recursos a los tres niveles administrativos para cubrir el déficit actual de 1,2 millones y las necesidades proyectadas en los próximos años al aumentar las viviendas de titularidad pública o mixta en alquiler y con formas de tenencia y gestión alternativas ya experimentadas en otros países.
Con esa orientación se desarrollaría un modelo residencial alternativo con mayor implicación pública en el que se facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada que promulga la Constitución para aquellos hogares que no pueden acceder a la propiedad o alquiler en el mercado libre, sin dejar de atender mientras tanto a los problemas de acceso más acuciantes con medidas pertinentes. Su realización necesitará, además, un gran consenso político que garantice su continuidad, lo que está por alcanzar.
El fuerte desajuste actual entre las necesidades de acceso en alquiler y su provisión se ha focalizado en los medios con el impacto sobre el retraso de la emancipación y los desahucios por impago del alquiler de los hogares vulnerables, con muy escasas referencias al hecho de que la mitad de los alquileres están ocupados por hogares de inmigrantes que sufren esta subida de precios. Pero para completar la crisis, las actuales tendencias proyectan para los próximos 15 años un aumento cercano a los dos millones de hogares compuestos por extranjeros quienes, además, tenderán a concentrarse preferentemente en las zonas con mayores expectativas de crecimiento económico, donde la carencia de alquileres es mayor: las islas, todo el arco del litoral mediterráneo y Madrid con sus alrededores.
Pero el debate sobre la nueva ley se ha centrado en la conveniencia de las medidas que posibilitan a las autonomías que lo prefieran la limitación del aumento de los precios de los alquileres, algo frecuente en los países europeos. Esta nueva medida debería haberse planteado en todo caso como algo temporal y fácilmente gestionable. Pero ante la reciente evaluación del resultado de su aplicación en Cataluña, si se ratifica, se plantea la alternativa entre aumentar el parque o disminuir los precios del alquiler. En medidas acotadas y de corta duración podría ser una opción, pero por muy doloroso que sea, un planteamiento a largo plazo dará prioridad al crecimiento del parque que es la mayor causa de esa subida de precios, aunque eso suponga un aumento de las desigualdades que, a la vez, requerirá un mayor presupuesto para ayudas a los hogares más vulnerables y quizás una elevación de la carga fiscal. En todo caso habría que buscar otras medidas que, sin incrementar los precios, no provocaran la huida de los arrendadores.
El otro problema que hay que abordar es el rechazo actual de los hogares potencialmente vulnerables a la hora de elegir a los inquilinos de las viviendas ofertadas, por el temor a los impagos, lo que exigiría impulsar los acuerdos entre las dos partes y establecer los avales o seguros que garanticen la continuidad de las mensualidades requeridas a esos hogares. Es necesario que la escasa provisión de alquileres no se cebe en una mayor exclusión residencial que podría limitar el flujo inmigratorio y, entre otros efectos, complicar aún más la situación actual de escasez de mano de obra en el sector de la construcción. En definitiva, la crisis se comporta como una tormenta perfecta ante la cual hay que escoger que es lo que se debe salvar.