Electrificación, descarbonización y competitividad de la industria

El presente y futuro de la industria pasa por la energía. La energía constituye un insumo esencial en cualquier proceso productivo y, de manera muy particular, en los sectores electrointensivos, donde puede representar más del 50% de los costes de producción. Además, una transformación energética bien diseñada puede abrir oportunidades únicas: descarbonizar, mejorar la competitividad y generar nuevas actividades industriales que fortalezcan el tejido empresarial y el empleo...

El presente y futuro de la industria pasa por la energía. La energía constituye un insumo esencial en cualquier proceso productivo y, de manera muy particular, en los sectores electrointensivos, donde puede representar más del 50% de los costes de producción. Además, una transformación energética bien diseñada puede abrir oportunidades únicas: descarbonizar, mejorar la competitividad y generar nuevas actividades industriales que fortalezcan el tejido empresarial y el empleo.

Los sectores electrointensivos —metalúrgico, químico, siderúrgico, y gases industriales— son una pieza fundamental para la economía: aportan en torno a la mitad del valor añadido bruto y del empleo de la industria manufacturera en España. El coste de la electricidad al que se enfrentan incide directamente en su competitividad, en la de los sectores a los que suministran aguas abajo, afecta al empleo, a la balanza comercial, y a la inflación a través de su efecto sobre los precios finales.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, en 2025 el precio final de la electricidad para la industria electrointensiva se sitúa en 60 euros el MWh, 2,6 veces mayor que en Francia y 1,4 veces mayor que en Alemania. En Francia, ello es posible porque el 62% de la electricidad de la gran industria se adquiere a través de la tarifa ARENH sobre la producción nuclear, que fija su precio en 42 euros el MWh. Además, en Francia y Alemania los consumidores electrointensivos cuentan con exenciones (los costes de los servicios de ajuste del sistema eléctrico) y compensaciones adicionales por el CO₂ indirecto.

La solución no consiste sólo en añadir más exenciones o compensaciones, que finalmente deben sufragar los consumidores o contribuyentes a través de la tarifa eléctrica o los impuestos. El verdadero desafío es identificar el coste real del suministro eléctrico y diseñar un mercado que lo refleje de forma adecuada, de modo que todos los consumidores, incluyendo a los electrointensivos, paguen por la electricidad lo que cuesta, ni más ni menos. El problema es que, con la excepción de algunas retribuciones específicas, toda la producción eléctrica se remunera —o tiene como subyacente— el precio fijado en mercados eléctricos de corto plazo que refleja, únicamente —y en ausencia de poder de mercado—, el coste de producción de la última central necesaria, un valor que es ajeno al coste medio del resto de centrales.

La crisis energética lo puso de manifiesto de manera palmaria: con el precio spot del gas disparado, los ciclos combinados elevaron sus ofertas y arrastraron al alza la retribución de todas las centrales, incluidas las que no consumen gas o lo hacen a través de contratos de largo plazo a precios precrisis. Por ello, como señaló Ursula von der Leyen en 2022, las empresas eléctricas obtuvieron beneficios con los que nunca hubieran soñado. Quienes sufragaron estos beneficios caídos del cielo fueron los consumidores eléctricos, golpeando con fuerza a la industria electrointensiva, cuyo coste energético aumentó un 150% entre 2019 y 2022.

El fenómeno contrario también es posible y ya se observa: en las horas en que las renovables fijan el precio, éste puede resultar tan bajo que no cubra sus costes de inversión, poniendo en riesgo nuevas inversiones y frenando la transición energética. Lo que pudiera parecer un beneficio a corto plazo para la industria puede convertirse en un freno a largo plazo.

La solución a ambos problemas requiere mercados capaces de reflejar el coste medio del suministro eléctrico. Para ello, es imprescindible que la iniciativa pública adopte un papel más activo, organizando subastas de contratos a largo plazo para renovables y almacenamiento, una potestad que no se ejerce desde 2021. Una parte de esos contratos podría asignarse a la industria electrointensiva, lo que permitiría reducir su factura eléctrica y, al mismo tiempo, generar beneficios sistémicos para el conjunto de la economía.

Además, es importante subrayar el valor de los servicios que la industria aporta a través de la gestión de la demanda —llevando consumo a las horas de menor coste y menor huella de carbono— y mediante la respuesta activa de la demanda, por la que es retribuida. No obstante, sería recomendable recuperar los mecanismos automáticos de deslastre de demanda por baja frecuencia, para que la contribución de la industria a la estabilidad del sistema en situaciones de emergencia pueda ser inmediata.

Los precios de la electricidad en España a medio plazo son altamente inciertos. Los futuros de electricidad se sitúan en torno a 60 euros el MWh hasta 2030, pero la incertidumbre es total tanto por factores de oferta (despliegue de renovables, almacenamiento energético, impacto de las interconexiones, cierre de nucleares…) como de demanda (electrificación de la economía, desarrollo del hidrógeno renovable, de centros de datos…). Pero, para que la industria electrointensiva mantenga su competitividad, hay que garantizar precios de la energía estables y competitivos.

La misma receta puede aplicarse a industrias que aún dependen de fuentes energéticas distintas de la electricidad, incentivándolas a invertir en la electrificación como vía para avanzar en la descarbonización y ganar competitividad. En 2023, sólo el 32% del consumo energético industrial correspondió a electricidad; el 42% fue gas y el 11% productos petrolíferos. Ello pone de manifiesto el amplio margen aún disponible para avanzar en la electrificación, la descarbonización y la transformación del sector.

Sin embargo, para que se materialicen las inversiones necesarias, tanto la industria como el sector financiero requieren mayor certidumbre sobre los precios futuros de la electricidad. Un diseño adecuado de las ayudas públicas, que amortigüe las variaciones en el diferencial de costes frente a las alternativas contaminantes, puede contribuir a reducir el riesgo y, en consecuencia, abaratar el coste de la descarbonización.

La industria también puede encontrar una oportunidad estratégica en la transición energética. La necesidad de descarbonizar la economía y electrificar la demanda está impulsando la creación de nuevos sectores industriales y reforzando las cadenas de valor, con beneficios sobre el empleo, la autonomía estratégica y la balanza comercial, abriendo un espacio para que España se sitúe en una posición competitiva en el ámbito internacional.

Pero para que esta oportunidad de crecimiento industrial se materialice, será necesario invertir en innovación a través de una política industrial que conecte los objetivos climáticos con el desarrollo tecnológico; hay también que reforzar la formación profesional y universitaria adaptándola a las nuevas competencias que exige la transición; aprovechar de forma estratégica los fondos europeos; y seguir defendiendo que las reglas del mercado eléctrico europeo evolucionen hacia un modelo que no penalice la competitividad y que facilite la descarbonización. Sólo si estos retos se afrontan con decisión, podrá la transición energética convertirse en una verdadera palanca de crecimiento económico e industrial para España.