Caseros que huyen del alquiler: venden o cierran sus viviendas por miedo a impagos

“Si alguien me pregunta, como saben que he sido afectada, siempre aconsejo que vendan la casa o que la quemen, cualquier cosa antes de alquilarla”, sentencia Lorena López, de 45 años. Es una de los miles de propietarios que han sido víctimas de inquilinos que dejan de pagar la renta, lo que popularmente se conoce como inquiocupación —que nada tiene que ver con la ocupación, es decir, con los delitos de usurpación y allanamiento—, aunque el término no existe legalmente. Los propietarios que, como López, han tenido una mala experiencia no quieren oír ni hablar del alquiler. Una vez recuperan sus casas, tras procesos judiciales largos y costosos, las ponen en venta o las cierran a cal y canto. Los menos se pasan al alquiler turístico.

En 2024 se ha producido un descenso de cuatro puntos porcentuales en el número de propietarios dispuestos a alquilar su segunda residencia: del 36% de 2023 al 32% de este año. “El 25% de quienes no ponen su segunda vivienda en alquiler tienen temor a que los inquilinos la estropeen, cuando en 2023 eran el 18%; el 17% tienen miedo a impagos de la renta, cuando el año pasado sumaban el 13%”, se desprende de un estudio elaborado por Fotocasa.

Hay más motivos por los que los dueños retiran sus casas del circuito del alquiler: porque no encuentran el alquiler suficientemente rentable debido a la presión fiscal o porque el mantenimiento y la gestión pueden suponer un coste y un esfuerzo que prefieren evitar, indican en Fotocasa.

La limitación de precios, de momento solo vigente en 140 municipios de Cataluña, también parece tener su incidencia: “Un 11,2% de propietarios no vuelve a poner la vivienda en alquiler en Cataluña, ya que decide que la va a usar él o un familiar. Un 2,4% opta por venderla”, según Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

El caso es que se recorta el número de propietarios dispuestos a alquilar, “una tendencia perjudicial para el mercado, ya que se reduce la oferta de vivienda en alquiler disponible”, exponen desde el portal inmobiliario. Y si la oferta mengua, el precio sube. “Los cambios legislativos y la escasez de vivienda han provocado que en los últimos cinco años hayan desaparecido del mercado alrededor de 220.000 inmuebles”, recoge el Observatorio.

Lorena López, que actualmente vive en un piso de alquiler en Madrid, compró en 2008 un unifamiliar en el pueblo de Pioz, en la provincia de Guadalajara, con el que por aquel entonces era su pareja. Tras la separación, ella se adjudicó la casa y decidió ponerla en alquiler. “Llevaba varios alquileres con personas diferentes y nunca había tenido problemas hasta que llegaron estas personas, que estuvieron un año sin pagarme”. Tardó nueve meses en desahuciarlos gracias a un proceso penal (suplantaron su identidad y tenían antecedentes). El 6 de agosto, López recuperó su casa y acto seguido la vendió por debajo del precio de compra. “Voy a tener minusvalía patrimonial; la diferencia entre el precio al que compré y la cantidad por la que vendí es de unos 60.000 o 70.000 euros”.

Ni una cuota de 350 euros pagaron los inquilinos de Pilar Martínez, de 60 años, que vive en el Puerto de Santa María (Cádiz). Ha tardado dos años en recuperar las llaves de su segunda vivienda en Torrevieja (Alicante), que heredó de un familiar, tras pagar abogado y procurador (calcula el coste en 2.500 euros). Habla de angustia, impotencia y noches sin dormir. Los inquilinos dejaron a deber 30.000 euros. Ha cerrado su casa y ha puesto una alarma. “Mientras no exista seguridad jurídica, no voy a alquilar. Voy dos veces al año a dar una vuelta; puede que al final acabe vendiendo”, dice Martínez.

Los afectados, que dicen no querer criminalizar a las personas en situación de vulnerabilidad, denuncian que entre los inquilinos que dejan de pagar la renta y no abandonan las casas se cuelan caraduras. “Esto perjudica a la persona honrada que paga su alquiler”, cree Martínez.

El sevillano Daniel Castelo también ha penado por una inquiocupación, motivo por el que vendió su casa el pasado mes de junio. No se planteó alquilar de nuevo. “Mi miedo es que me volviera a pasar lo mismo, no lo soportaría psicológica ni económicamente”, cuenta Castelo, que tiene tres hijos y que, tras cuatro años, ha podido rescatar su casa de Las Rozas (Madrid). Compró el inmueble en 2006, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Poco después tuvo que volver a su Écija natal con una hipoteca a la que no podía hacer frente. “No he sacado nada de beneficio y me puedo dar con un canto en los dientes.”

En Torremolinos (Málaga) estaba la vivienda de Óscar, que no quiere facilitar su apellido porque dice tener miedo. Su inquilino solo pagó el primer mes. “Fue declarado no vulnerable, estuvo 18 meses viviendo gratis, agotó todos los trámites posibles para retrasar el desahucio al máximo y vendió las llaves a otra familia que estuvo un mes viviendo gratis”. Hace un año vendió el piso a una cadena hotelera de la zona y se ofrece como alquiler vacacional. “Mejor malvender a un gran tenedor que volver hacer pasar a mi familia por esa pesadilla”, zanja.

Cambio normativo

No existe una estadística oficial sobre estos casos, a diferencia de lo que ocurre con la ocupación ilegal —la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez aseguraba esta semana que el riesgo de ocupación de una vivienda en España es del 0,06%—. Aunque se sabe que los desahucios por impago del alquiler crecieron un 12% en los primeros tres meses de 2024, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Plataforma de Afectados por la Ocupación habla de unas 80.000 víctimas. “Estos propietarios no son grandes tenedores. El 95% son pequeños propietarios que poseen una o dos viviendas arrendadas”, advierte Ricardo Bravo, portavoz de esta plataforma, que cuenta con unos 6.000 casos abiertos en estos momentos. “El 84,6% de los afectados terminan por vender su casa porque durante los procesos judiciales, que pueden durar cuatro o cinco años, se adquiere una gran deuda (abogados, hipotecas...) y necesitan liquidez inmediata”, explica Bravo.

La plataforma pide al Gobierno un cambio del Real Decreto-ley 11/2020 aprobado durante la covid, puesto que ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. “Solicitamos una modificación legal que permita amparar a las familias vulnerables, pero que también considere la situación del propietario afectado. Somos víctimas y se nos invisibiliza”, relata Bravo. “Hay que ayudar a las familias vulnerables, pero tienen que ser las Administraciones las que se encarguen y litiguen”, remata.

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