Agricultores y colapso burocrático
El medio rural no es donde se concentra el mal uso de los fondos públicos y no debe de ser ningún chivo expiatorio
Las marchas de los tractores se han extendido por los países de la UE. Los agricultores y las grandes organizaciones agrarias españolas también han salido a la calle para protestar. Demandan precios justos para sus productos, mayor control de las importaciones de fuera de la UE y una menor carga burocrática.
Estas reivindicaciones pueden ser evaluadas teniendo en cuenta ...
Las marchas de los tractores se han extendido por los países de la UE. Los agricultores y las grandes organizaciones agrarias españolas también han salido a la calle para protestar. Demandan precios justos para sus productos, mayor control de las importaciones de fuera de la UE y una menor carga burocrática.
Estas reivindicaciones pueden ser evaluadas teniendo en cuenta la política agrícola común (PAC) y la política comercial que dicta la UE. La PAC tiene como objetivos asegurar una oferta de alimentos estable, mantener los ingresos de los agricultores y proteger el medioambiente, conservando un medio rural dinámico. Sin embargo, surge la duda de si estos objetivos son compatibles. Para alcanzarlos hay en marcha 28 planes estratégicos con el fin de financiar la transición hacia un modelo de agricultura sostenible. Sobre la mesa están unos 300.000 millones de euros en financiación pública, de los cuales España cuenta con casi un 12%. ¿Por qué la percepción del campo es que estos recursos o son insuficientes o no se están distribuyendo o gestionando de forma eficiente? Veamos cada una de las demandas.
La primera es la que pide precios justos. Mientras que entre los objetivos específicos de la PAC está mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, estos piden menos regulaciones y precios más altos. No obstante, una de las características de los mercados de productos agrícolas es que operan en lo que los economistas llamamos competencia perfecta. En el mercado interactúan muchos productores y consumidores sin tener poder sobre el precio, que depende de la oferta y la demanda global. Para elevar el precio pueden establecerse niveles mínimos en origen que sean justos, como pretende la ley de la cadena alimentaria de 2021. Pero dicha ley no está desarrollada suficientemente y la diferencia entre precios en origen y destino ha aumentado desde su implantación. Otra vía para elevar los precios sería a través de la política comercial comunitaria, con un endurecimiento de medidas proteccionistas, como los aranceles, impuestos que pagan los importadores. Pero esto va en contra de lo estipulado en los acuerdos de libre comercio más recientes que han eliminado los aranceles de los productos agrícolas.
De ahí que la segunda demanda sea un mayor control de las importaciones. Los agricultores apuntan que los precios de los productos importados son más bajos porque terceros países tienen regulaciones medioambientales y laborales menos exigentes. Aunque hay controles de importación para que los productos importados cumplan con las normas de seguridad alimentaria de la UE, estos no se extienden a otros ámbitos como el laboral y medioambiental y aún falta tiempo para que se aplique la ley de diligencia debida.
La tercera petición exige reducir la carga burocrática. Los agricultores tienen que cumplir condiciones específicas para acceder a los subsidios que ofrece la UE y las administraciones de los países miembros. Entre ellas están dedicar un porcentaje sin cultivar para que la naturaleza pueda recuperarse, restringir el uso de fitosanitarios y herbicidas, y acatar la legislación referente a condiciones de trabajo. El maremágnum de tipos de ayudas, condiciones a cumplir y obligaciones de datos a recopilar y presentar es desmesurado. Algo estamos haciendo mal. Las regulaciones y ayudas deberían servir para mejorar las condiciones de los agricultores y del medio rural, no para poner cada vez más requisitos en el proceso de conseguir que se reconozca el derecho a recibirlas. Claramente, es necesario que exista un control, pero sin ser excesivo, recurrente y redundante. Una racionalización de la burocracia es imprescindible para ayudar al campo. Por desgracia, en España arrastramos un exceso regulatorio como consecuencia de los escándalos de corrupción que salieron a la luz con la crisis económica.
El sector agrario y el medio rural no es donde se concentra el mal uso de los fondos públicos y por tanto no deben ser el chivo expiatorio de las malas prácticas de otros sectores. Este último punto se puede y se debe mejorar.
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