2024: el año de la verdad para las ‘telecos’ españolas

El curso 2024 no será un año más para el sector de las telecos españolas. Los cambios que se avecinan son de calado. En juego está el statu quo de un sector clave para la economía. El primer frente abierto está en Telefónica. El 19 de abril de 2024 se cumplirá el primer centenario de la operadora. Cien años en los que la compañía ha emprendido varios viajes de ida y vuelta en el carácter público-privado de su propiedad. Nació en 1924 como filial de la norteamericana ITT; en 1945 fue nacionalizada, para ser completamente privatizada cinco décadas después; y en 2024, ...

El curso 2024 no será un año más para el sector de las telecos españolas. Los cambios que se avecinan son de calado. En juego está el statu quo de un sector clave para la economía. El primer frente abierto está en Telefónica. El 19 de abril de 2024 se cumplirá el primer centenario de la operadora. Cien años en los que la compañía ha emprendido varios viajes de ida y vuelta en el carácter público-privado de su propiedad. Nació en 1924 como filial de la norteamericana ITT; en 1945 fue nacionalizada, para ser completamente privatizada cinco décadas después; y en 2024, el Estado volverá a convertirse en el primer accionista de la operadora cuando se complete la compra del 10% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La azarosa historia de la primera compañía de telecomunicaciones española va a tener este año un nuevo hito, y no solo por su centenario cumpleaños. El Gobierno ha decidido intervenir en una multinacional a la que considera estratégica por su papel en la ciberseguridad y la defensa. Telefónica es uno de los principales contratistas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y de otros organismos que velan por la seguridad del Estado. Pero además, el Ejecutivo quiere contribuir a su “estabilidad accionarial” con la entrada en su capital. Un eufemismo que encierra el temor a que la irrupción de Saudi Telecom Company (STC) trastoque el equilibrio de poder entre los principales accionistas de la operadora (BBVA, CaixaBank y el fondo BlackRock). La compañía de telecomunicaciones propiedad del fondo soberano saudí anunció en septiembre pasado la compra del 4,9% del capital con opción a otro 5% a través de instrumentos financieros convertibles. El movimiento provocó entonces un terremoto financiero y político. Pilló por sorpresa tanto al consejo de administración de Telefónica como al Gobierno, que aún debe dar luz verde para que los saudíes completen la toma del 9,9%.

El Gobierno y STC deben ahora mover sus piezas cuidadosamente como en un tablero de ajedrez, porque en la partida aún no hay nada decidido. La SEPI ya ha avisado de que se tomará su tiempo para adquirir el 10% para no disparar el coste de la operación. Los analistas estiman que ese periodo se prolongará hasta seis meses, y que una presencia pública tan fuerte en el accionariado puede ahuyentar a los fondos de inversión que necesita la operadora para revitalizar la cotización de sus acciones (un 70% inferior a la de hace una década). Por el otro lado, los saudíes tampoco tienen plazo ni prisa por completar su toma del 9,9%. Cuando ambas operaciones estén culminadas, llegará la hora de la verdad y la de despejar incógnitas, porque ambos inversores podrán sentarse en el consejo de administración de la operadora. El Gobierno intentará resucitar el núcleo duro español, junto con BBVA y La Caixa. Y STC deberá elegir sus socios, entre los que puede estar el fondo BlackRock. Queda por dilucidar cuál es el papel a jugar por el actual equipo gestor, con su presidente, José María Álvarez-Pallete, a la cabeza.

Pendientes de Bruselas

Pero los cambios no solo afectarán a la primera compañía de telecomunicaciones, sino también a la que se convertirá en su sucesora en el pódium por número de clientes (aunque con menores ingresos) cuando Orange y MásMóvil completen su fusión. La operación está solo pendiente de que la Comisión Europea se pronuncie antes del 15 de febrero (aunque puede aplazar esa fecha si lo estima oportuno). En un último intento por ganarse el favor de las autoridades comunitarias, que han puesto muchos peros a la operación, ambas compañías han firmado un acuerdo con Digi por el que se comprometen a cederle sus redes de telefonía móvil mediante un contrato de alquiler mayorista a precio ventajoso, y a venderle por 120 millones de euros 60 megahercios de espectro radioeléctrico en distintas bandas de frecuencias de telefonía móvil. Un pacto arriesgado porque supone reforzar al operador que más crece actualmente en el mercado español tanto en ingresos como en abonados gracias a sus bajas tarifas. Solo en 2023, consiguió arrebatar a sus rivales —entre ellos a MásMóvil y Orange— 766.000 abonados por el procedimiento de la portabilidad, que permite cambiarse de compañía conservando el número. La compañía rumana nació en 2008 como un negocio de nicho para llamadas de inmigrantes. Su marketing se reducía al boca a boca y su red comercial eran locutorios y tiendas de todo a cien. Quince años después, Digi es la quinta compañía en España, con casi seis millones de líneas. Su secreto: planes de tarifas simples y baratas y personal propio de atención al cliente, tanto de call center como de instalación. Si Bruselas da luz verde a la fusión, la compañía que salga de la operación va a tener muy difícil hacer frente al vendaval rumano.

Tras la fusión, un nuevo equipo directivo mixto, encabezado por el actual consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, será el encargado de pilotar una etapa transitoria aún no bien definida, cuyo objetivo de sacar a Bolsa la sociedad fusionada es complicado, dada la mala evolución en el parqué de las telecos en los últimos años. Además del comercial, el otro gran handicap de la fusión es el financiero: la nueva sociedad deberá lidiar con una deuda de 12.000 millones de euros, fruto del elevado pasivo heredado de MásMóvil y de los multimillonarios dividendos que se repartirán los fondos de capital riesgo propietarios (KKR, Cinven y Providence) por el traspaso a Orange.

Y si el mercado de por sí ya es competitivo, más lo va a ser cuando Zegona se haga cargo de Vodafone. La filial española del gigante británico fue adquirida por el fondo por 5.000 millones de euros pero, como en el caso de la fusión de MásMóvil y Orange, sin apenas desembolso en efectivo, es decir, a través de un apalancamiento. Para repagar esa deuda, el fondo británico necesita detener la deriva comercial que arrastra Vodafone en la última década. Y han elegido a José Miguel García, el artífice del reflotamiento y posterior venta de Jazztel, para que se lance de cabeza al mercado low cost. La otra arma que baraja Zegona para hacer rentable su compra en el menor tiempo posible es un importante recorte de gastos, entre ellos, y en primer lugar, los de personal. Y es que en 2024 volveremos a asistir a nuevos y dolorosos ajustes de plantilla en el sector, que ha perdido más de 30.000 puestos de trabajo desde 2011. Ya ha abierto la veda Telefónica, con la salida por ERE de 3.421 trabajadores. Fuentes sindicales barajan un ajuste de hasta 2.000 trabajadores en el caso de Vodafone, y la nueva MásMóvil y Orange, aunque lo niegue oficialmente, también tendrá mucha duplicidad de puestos de trabajo.

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