Economía de guerra en las comunidades de vecinos: menos horas de calefacción y cuotas más caras
La escalada en el precio de los combustibles obliga a los propietarios de edificios con caldera centralizada a bajar la temperatura y a aprobar derramas
Las comunidades de propietarios están sufriendo intensamente por el alza desbocada del precio de los combustibles que usan para sus calefacciones centralizadas y por la escalada brutal del coste de la luz en sus zonas comunes. La crisis económica provocada por la guerra de Rusia en Ucrania ha dado una nueva estocada —antes fue la pandemia— a las comunidades de vecinos, aunque el coste del gas natural y ...
Las comunidades de propietarios están sufriendo intensamente por el alza desbocada del precio de los combustibles que usan para sus calefacciones centralizadas y por la escalada brutal del coste de la luz en sus zonas comunes. La crisis económica provocada por la guerra de Rusia en Ucrania ha dado una nueva estocada —antes fue la pandemia— a las comunidades de vecinos, aunque el coste del gas natural y la electricidad comenzó a encarecerse meses atrás.
Cada vez son más las fincas con calderas centralizadas (colocadas también en edificios de reciente construcción por su mayor eficiencia energética) que se han quedado con la caja completamente vacía tras hacer frente a los recibos extraordinarios por el consumo de calefacción. “Las cuotas son absolutamente insuficientes para cubrir el gasto real, pues las previsiones se realizaron para un escenario diferente”, señala Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca. Y remata: “Si la comunidad mantuviera un remanente suficientemente amplio, podría demorar el ajuste de las cuotas, pero será inevitable”. No quedará otra que subir cuotas, emitir derramas o recurrir a los fondos de reserva.
Pablo Ruiz, de Acerta Gestión y vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, explica que hay comunidades “que se han comido la tesorería”, y cuenta el caso de una finca en Madrid que tenía en la caja 80.000 euros para rehabilitar la fachada y se lo ha gastado en pagar la calefacción. Miguel Ruiz Lizondo, administrador de fincas de Zaragoza y presidente del Colegio de Aragón, afirma que “todas las comunidades que no tenían una economía saneada han tenido que aprobar derramas extraordinarias, en algunos casos bastante elevadas y siempre en función de los saldos que tenían en las cuentas, si bien en otras muchas el tema se ha salvado reduciendo drásticamente el horario de la calefacción y bajando la temperatura de las calderas”.
Todos los administradores de fincas consultados dan por seguro un importante incremento de la morosidad en los próximos meses, aún difícil de cuantificar. “Es una situación económica límite”, sentencia Salvador Díaz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
La economía de guerra ha llegado a las comunidades de propietarios. Algunas han apagado la calefacción este 31 de marzo, cuando lo habitual es hacerlo en la segunda semana de mayo. En otras, el conserje tiene la orden de encenderla solo media jornada (normalmente por la tarde). En definitiva, están tratando de “estirar el combustible recortando horas de calefacción y bajando la temperatura de la caldera”, comenta Hernández. Aunque las medidas no están gustando a todos por igual. Esta “reducción considerable del horario de calefacción ha supuesto tensiones vecinales en algunas comunidades”, dice Nerea García, administradora de fincas colegiada de Madrid, que gestiona 60 edificios.
El primero que ha puesto contra las cuerdas a los vecinos es el gas natural. Es la gran piedra en el zapato de las comunidades. Lorenzo Viñas, gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, pone un ejemplo muy clarificador: cargar una caldera de 15.000 litros suponía en enero de 2021 una factura de 12.684 euros. En enero de 2022, antes incluso de la guerra en Ucrania, ya era de 43.113 euros.
En algunas fincas las facturas de gas natural se han multiplicado por tres. “A propietarios que el año previo pagaban 120 euros al mes de gas natural, ahora les ha subido a 360 euros”, expone Pablo Ruiz. Este administrador cuenta que hay comercializadoras que este invierno han roto los contratos de gas que tenían suscritos con algunas comunidades, y además se queja de que estas tengan que contratar en el mercado libre como si fueran una gran empresa y no puedan acogerse a una tarifa regulada. En otras comunidades de propietarios las subidas no han sido tan intensas: en una de las que administra Nerea García, de 18 viviendas, el alza del coste del gas natural entre marzo de 2021 y marzo de 2022 ha sido del 40%.
Algunos gestores vieron llegar la gran ola. “Durante el mes de octubre, algunos administradores de fincas, viendo que los precios podrían subir más, decidieron cerrar precios fijos para un año (desde mediados de diciembre de 2021 a noviembre de 2022) a 0,0595 euros/Kwh, lo cual fue un gran acierto, ya que el precio de gas para calefacción se está pagando a 0,090 euros/Kwh”, dice Viñas.
La segunda tortura para las fincas con calefacción centralizada es el gasóleo. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca vuelve con un ejemplo: la carga de una caldera de 15.000 litros se pagó a 9.300 euros el 17 de marzo de 2021. El 18 de marzo de 2022 costó 19.000 euros. “En enero de 2021, el precio por litro de gasoil para calefacción fue de 0,50 euros y en marzo 2022 ha sido de 1,154 euros por litro”, añade.
Pero no todo es gas natural o gasóleo. Hay edificios con calderas de biomasa. Aunque no es tan sangrante, el coste también se ha disparado debido a que para la producción de pellet se necesita electricidad y los fabricantes han estado produciendo a costes altísimos. “El pellet ha subido en torno a un 30% o un 40% desde septiembre hasta hoy y esto es lo que la gran mayoría de fabricantes están repercutiendo en las comunidades”, dice Juan Cabello, director general de Calordom, una de las principales empresas del sector, que dice no estar subiendo precios gracias a su importante capacidad de almacenaje. “Muchos fabricantes están paralizando producción hasta sanear cuentas”, afirma Cabello. Y añade: “El pellet va a subir en torno a un 100% la temporada que viene, el invierno que viene”. El hueso de aceituna se encarecerá entre un 20% y un 30%, calcula.
Ahogados por la luz
La electricidad es otra soga en el cuello de los propietarios que tienen ascensor, jardines o simplemente iluminación de escalera. “El brutal incremento de la luz a lo largo del pasado año ha supuesto aproximadamente un 60% más en algunas comunidades”, sostiene Ruiz Lizondo. Lorenzo Viñas cuenta otro caso: en un edificio de 26 viviendas con ascensor, el incremento del precio de la electricidad ha sido del 120% en los últimos 15 meses. Ahora bien, de momento, la electricidad no ha generado derramas.
La situación ha suscitado tanta preocupación que algunas fincas se han apresurado a tomar medidas. “Están solicitando comparativas a empresas de ahorro energético para que estudien los precios”, dice Nerea García. Mónica Narro, miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, gestiona 40 edificios. “Estamos actualizando las luces a led en todas las zonas comunes y planteando la reducción y unificación de contadores. También se está estudiando la instalación de placas solares y la reducción de horas de servicios (consejería, limpieza, socorrista)”.
A pesar de todo, ninguna se plantea por ahora cerrar zonas comunes. “No abrir piscinas cuando más de una familia se va a quedar sin vacaciones si esto sigue así sería muy duro, e inhabilitar los ascensores si hay personas con movilidad reducida es de todo punto inaceptable”, expone el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa de los hogares, mucho más económica. “Solicitamos una tarifa como la de los hogares y que se apliquen las mismas ventajas fiscales, evitando la discriminación que supone esta diferente forma de confeccionar la tarifa”, argumenta Salvador Díez, su presidente.