Repensando nuestro contrato social

De alguna manera, el debate sobre la reconfiguración de nuestro contrato social ha sufrido la irrupción de nuevas urgencias que llenan ahora el espacio público. De ocupar columnas de opinión, alentadas por lo que parecía una nueva orientación de la política económica de la Unión Europea y el impulso inicial de la presidencia norteamericana, el nuevo pacto social parece haber pasado a un segundo plano en el debate público en favor de las preocupaciones por el incremento de los precios de la en...

De alguna manera, el debate sobre la reconfiguración de nuestro contrato social ha sufrido la irrupción de nuevas urgencias que llenan ahora el espacio público. De ocupar columnas de opinión, alentadas por lo que parecía una nueva orientación de la política económica de la Unión Europea y el impulso inicial de la presidencia norteamericana, el nuevo pacto social parece haber pasado a un segundo plano en el debate público en favor de las preocupaciones por el incremento de los precios de la energía, la desaceleración económica en medio de la recuperación, y la amenaza creciente de un cambio climático descontrolado. Sin embargo, nunca ha sido tan relevante ni urgente articular el impulso político para este rediseño.

No faltan muestras para entender la necesidad de este empeño: la reforma de las pensiones está abriendo la brecha generacional en un momento en el que los mileniales, esa generación que ha vivido toda su vida adulta entre dos crisis económicas, toman conciencia de su situación y exigen un reconocimiento de sus necesidades inmediatas. El debate sobre la financiación autonómica advierte sobre la dificultad de alcanzar un acuerdo mientras las comunidades juegan a defender su posición particular, donde no faltan astracanadas ni declaraciones altisonantes. Los territorios despoblados se constituyen en sujetos políticos defendiendo que ellos “también cuentan” y marcando una posición que puede convertirse en una vía parlamentaria, siguiendo el ejemplo de Teruel Existe. Se extienden las resistencias a aspectos clave relacionados con la transición energética, como es el despliegue de las energías renovables en el territorio. En definitiva, los vínculos políticos y sociales que estructuran una sociedad y una economía sanas parecen estar quebrándose ante nosotros.

Son muchos los autores que han reclamado una reconstrucción de estos vínculos, a sabiendas de que, sin ellos, la tendencia a la desintegración social es un riesgo notable. Así, el economista Paul Collier nos habla de la necesidad de rediseñar el capitalismo teniendo en cuenta los vínculos comunitarios, tesis en la que abunda en El Futuro del Capitalismo (Debate, 2020) y en La codicia está muerta (Penguin, 2020), de la misma manera que Raghuram G. Rajan, antiguo economista jefe del FMI, apuesta por la reconstrucción del papel que han jugado las comunidades para lograr economías prósperas e inclusivas, como hace en El tercer pilar (HarperCollins, 2020). Argumentos estos muy cercanos a los planteados por Martin Sandbu en Economía de la pertenencia (Princeton University Press, 2019). En definitiva, vivimos una reaparición de las comunidades, de los vínculos sociales, en nuestra concepción de la economía y la política económica: sin esos vínculos, codificados en un contrato social de nuevo cuño, lo que nos espera es una. Lo relevante de esta confluencia de posiciones es que no se origina en los tradicionales pensadores del comunitarismo, sino en analistas que han sido y son firmes defensores de los mercados y la apertura económica, pero que, al mismo tiempo, admiten que recuperar el papel de la comunidad nos lleva a replantearnos la función y la naturaleza de las empresas, de las finanzas y también de la política económica y social.

Estas ideas aterrizan en España de la mano de dos extraordinarios economistas, Antón Costas y Xosé Carlos Arias que, en su última obra conjunta Laberintos de la prosperidad (Galaxia Gutemberg, 2021), analizan y describen, con precisión analítica, el cómo, el porqué y el para qué de este nuevo contrato social. Un contrato social que pasa por reafirmar la cohesión social desde la predistribución, a través de la reforma en las relaciones capital-trabajo en el seno de las empresas, la reformulación de las políticas económicas y la atención a la doble transición ecológica y digital, que puede dejar un reguero de perdedores a su paso.

En definitiva, la irrupción —o mejor dicho, la reaparición— de la comunidad como un concepto económico relevante debe hacernos repensar cómo nos enfrentamos a los retos de la recuperación económica. Queda, por supuesto mucho trabajo por hacer, empezando por convertir estos principios en políticas efectivas, pero todo indica que la etapa en la que la economía se encerraba en sus modelos, sin tener en cuenta su impacto en la comunidad humana que somos, parece haber llegado a su fin.

José Moisés Martín es economista y consultor.