La ardua inclusión laboral de las personas con discapacidad

Su rendimiento es muchas veces igual o mayor que el de las personas sin discapacidad, y, sin embargo, la incorporación sociolaboral de quienes pertenecen a este colectivo aún se topa con numerosas barreras educativas, profesionales y culturales. El incremento del 8 % en la contratación de personas discapacitadas durante 2022, probablemente como consecuencia de la conversión de contratos temporales activos en fijos o fijos discontinuos, se ha equilibrado en 2023 con una contracción en el número de contratos, a consecuencia del descenso de los temporales. “Hay que tener en cuenta que los contratos temporales de corta duración servían de periodo de prueba y cauce posterior de la contratación indefinida”, afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Tras la reforma laboral, lo realmente importante, explica, “es analizar si el impacto que está teniendo está contribuyendo a generar modelos de contrato más estables y con mejores condiciones”. Las cifras invitan a un optimismo moderado, ya que, a pesar de que indican una tendencia favorable, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es todavía del 24 %, el doble de la tasa nacional de desempleo (del 12,15 % en el primer trimestre de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística).

Gran parte de este nuevo empleo se formaliza dentro del contexto de los Centros Especiales de Empleo (CEE), unas empresas reguladas cuyo personal está compuesto, como mínimo, por un 70 % de personas con discapacidad, y que trabajan por la inclusión laboral de las personas de este colectivo en las empresas ordinarias. En España hay, en total, unos 2.300 CEEs, que emplean a aproximadamente 100.000 personas, según datos de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee).

Desafíos para la inclusión laboral

No cabe duda de que, en los últimos años, se ha avanzado considerablemente en materia de sensibilización, y que cada vez son más las empresas que apuestan por el talento de las personas con discapacidad. Sin embargo, su tasa de actividad (y esa es la otra cara de la moneda) es aún exigua, del 34 %. Algo similar sucede en los CEEs: “Según el SEPE, tres de cada cuatro contratos para personas con discapacidad se firman a través de un CEE (…), pero solo un 17 % de las personas con discapacidad intelectual tiene empleo”, sostiene Luis Cruz, director general de Integra CEE.

Pero ¿cuáles son esos desafíos que obstaculizan la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Para Mesonero, es necesario abordar dos necesidades: la educativa y la cultural. “La primera porque, históricamente, las personas con discapacidad han sufrido un fracaso escolar a medida que avanzaban en sus estudios; eso porque el sistema educativo no está ni adaptado ni normalizado para acoger a alumnos con diferentes discapacidades”, si bien admite que esta realidad ha ido poco a poco corrigiéndose.

Por otro lado, los factores culturales siguen muy arraigados en el imaginario social. Aspectos entre los que se encuentran el desconocimiento, la indiferencia, los prejuicios, la sobre protección y la discriminación, según señalan desde la Fundación Adecco:

• Desconocimiento. La ausencia de información y experiencias con personas con discapacidad ocasionan inseguridad y actitudes discriminatorias inconscientes. La sensibilización, la formación y el diálogo son la mejor herramienta para combatirlo.
• Indiferencia. La actitud de pasividad con la que, en ocasiones, la sociedad se muestra hacia las personas con discapacidad, les convierte en invisibles; el entorno sigue mostrándose indiferente hacia sus retos, dificultades y necesidades.
• Prejuicios. La valoración y juicios anticipados basados en la tradición y los estereotipos provocan una estimación superficial de las personas que conduce a la discriminación y la exclusión.
• Sobreprotección. Este factor se produce, sobre todo, en el entorno familiar, pero también en el profesional. Tratar a las personas con discapacidad con condescendencia o excesiva protección dificulta su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.
• Discriminación. Derivada de todas las anteriores, se materializa en un trato diferente, perjudicial y/o vejatorio hacia las personas por razón de discapacidad.

Los Centros Especiales de Empleo

“Es cierto que hay muchos tipos y grados de discapacidad, pero eso no impide el objetivo de su integración”, explica José Manuel Mellado, CEO del CEE Talento y Experiencia. Estas entidades, divididas entre las de iniciativa social y las de iniciativa empresarial, son entornos laborales concebidos específicamente para fomentar y formar a las personas con discapacidad desde el empleo. Así, con su labor ofrecen a las empresas ordinarias la posibilidad de cumplir con un doble objetivo: lograr una solución social y competitiva a sus necesidades y cumplir con las obligaciones legales que la Ley General de la Discapacidad marca para las empresas mayores de 50 trabajadores (un 2 % de empleados con discapacidad).

Sin embargo, en esa misma labor social por la inclusión laboral de este colectivo se encuentra uno de sus mayores riesgos, y es que los CEEs “pasen de ser un mecanismo de protección necesario y transitorio, un trampolín hacia el empleo ordinario, a perpetuarse como opción finalista, de manera que las personas con discapacidad no se planteen nuevos horizontes profesionales”, argumenta Mesonero.

Estos centros se caracterizan también por un importante componente formativo y por unas unidades de apoyo enfocadas a facilitar esta inclusión laboral, “de manera que la discapacidad nunca sea una limitación”, recuerda Cruz. Se trata de departamentos formados “por técnicos especializados (psicólogos y trabajadores sociales) en acompañar a estas personas en su adaptación al puesto en el que mejor se puedan desenvolver y obtener las prestaciones adecuadas, además de ofrecer apoyo psicológico, de atención y familiar; talleres formativos; y ayuda en tareas administrativas”, describe Mellado.

La formación es, por otro lado, “una pieza fundamental para el desarrollo de los CEEs. En Integra, por ejemplo, nos centramos mucho en la capacitación específica del puesto de trabajo, pero también desarrollamos formación continua en habilidades interpersonales, nuevas tecnologías y prevención de riesgos laborales”, añade Cruz. Presentes en todo el territorio nacional, el 90 % de sus más de 4.500 trabajadores proceden de este colectivo.

Agentes sociales por la inserción laboral

Lograr una inclusión laboral plena exige un compromiso pleno de todos los agentes sociales involucrados, “especialmente en lo que respecta a las Administraciones públicas, las empresas, el tejido asociativo y la propia sociedad”, esgrime Mesonero. Las primeras, a través de planes educativos, políticas activas de empleo y la colaboración público-privada; las empresas, a través de sus estrategias de diversidad, equidad e inclusión; y la colaboración con las organizaciones del tercer sector (el asociativo), “que, como grandes conocedoras de las necesidades de las personas con discapacidad, han de realizar un acompañamiento personalizado e innovador”, añade el director general de la Fundación Adecco, desde donde también se realiza un acompañamiento personalizado a estas personas, maximizando sus fortalezas y ayudándoles a mejorar su empleabilidad.

La tecnología inclusiva, la inteligencia artificial y la formación son, para Mesonero, otras tres herramientas que juegan un papel central en su integración laboral. “Las dos primeras, bien articuladas, pueden convertirse en aceleradoras de empleo de personas con discapacidad, debido a su gran capacidad para sortear barreras históricas que tradicionalmente han encontrado a nivel físico, cognitivo y/o sensorial”, explica. Unos sistemas inteligentes que tampoco están exentos de riesgos: hay que garantizar que sean inclusivos, introduciendo ejemplos positivos de personas con discapacidad en los datos de entrenamiento o apostando por la accesibilidad universal.

Por otra parte, la Fundación Adecco acaba de lanzar la sexta edición de sus becas formativas, destinando 300.000 euros en ayudas para el estudio y becas de grado, máster y FP. Para solicitarlas, los jóvenes han de contar con un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %, haber nacido entre 1993 y 2007 y estar matriculados en el curso 2023-2024. Las ayudas serán de hasta 2.000 euros por solicitante.

FORMACIÓN EL PAÍS en Twitter y Facebook

Suscríbase a la newsletter de Formación de EL PAÍS