Hacienda plantea una deducción fiscal creciente a las empresas que contraten por encima del salario mínimo

El Ministerio de Hacienda ha planteado una deducción creciente en el impuesto de sociedades para las empresas que contraten trabajadores con sueldos por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) este año. Este incentivo podrá llegar a cubrir hasta el 100% del coste salarial vinculado al incremento del SMI, según la propuesta a la que ha tenido acceso este diario, y va dirigido a las actividades con elevado gasto en personal.

Podrán beneficiarse de la rebaja las empresas con plantillas inferiores a 100 trabajadores si contratan al menos un empleado a tiempo completo durante un año con un sueldo superior al SMI. Si las plantillas son mayores, superando los 100 trabajadores, las alzas salariales por encima del SMI tienen que afectar al menos al 1% de los trabajadores, con un mínimo de dos empleados.

Esta es la fórmula pactada para atraer a las patronales CEOE y Cepyme al acuerdo para subir el SMI. La intención del Ejecutivo, independientemente del nivel de respaldo que tenga la subida, es elevarlo un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas (37 euros más que el SMI actual).

El importe de la reducción fiscal dependerá de cuanto aumente la plantilla que se tenga en cuenta a efectos de la rebaja fiscal a lo largo de este año. Si el incremento del personal con sueldo superior al SMI es inferior al 5%, la deducción será el resultado de multiplicar por 0,25 el incremento bruto del SMI. Es decir, un 25% del coste que supone el alza salarial. El porcentaje de la rebaja impositiva subiría hasta el 50% si el aumento de las contrataciones por encima del salario mínimo se sitúa entre el 5% y el 10% de la plantilla, del 75% si se sitúa entre el 10% y el 15% y del 100% si supera ese último porcentaje.

En general, podrán beneficiarse de la deducción todas las sociedades con un peso importante de gasto en personal (aquellas más intensivas en mano de obra, donde es más probable que se concentren sueldos bajos) que incrementen su plantilla media de trabajadores con salario por encima del mínimo en 2026. El Gobierno, sin embargo, pone más condiciones concretas para que los empleadores puedan conseguir —y garantizarse— el incentivo.

En primer lugar, se fija una regla para identificar concretamente al colectivo beneficiado: los gastos de personal deben superar el 70% de los gastos operativos. En segundo lugar, los empleados que cobran por encima del SMI así como el incremento salarial deberán mantenerse al menos durante los dos años posteriores al ejercicio en el cual se ha aplicado la reducción fiscal. En otras palabras: la mejora no puede ser temporal. En cambio, no se fijan límites en términos sectoriales.

El incumplimiento de estos requisitos comportará una penalización que ya viene desglosada en la propuesta: las empresas deberán devolver las cantidades indebidamente reducidas y los correspondientes intereses de demora. La iniciativa también aclara que la base imponible del impuesto, una vez aplicada la reducción, nunca podrá ser negativa. Asimismo, detalla que para calcular la plantilla media total de la empresa se tendrá en cuenta la jornada real que cada empleado tiene contratada comparándola con una completa.

A la búsqueda de un pacto

La propuesta va a ser trasladada oficialmente a las patronales y a los sindicatos, después de que el pasado lunes el Ministerio de Trabajo ya adelantara que había pactado con Hacienda una fórmula para desgravar fiscalmente a las empresas que mejoraran las condiciones salariales de sus plantillas por encima del SMI. Entonces no se dieron a conocer los detalles de la iniciativa, que aspira a conseguir un acuerdo tripartito (Gobierno, patronales y sindicatos) en torno a la nueva subida del salario mínimo para este año. Mañana jueves las partes se reunirán para intentar llegar a un pacto.

Tras el encuentro del pasado lunes, ni la patronal ni los sindicatos recibieron de muy buena gana esta fórmula para mitigar el impacto de la nueva subida del salario mínimo en las empresas. La negociadora de CEOE, Rosa Santos, consideró “inasumibles” las condiciones de aumentar la plantilla que cobra salarios por encima del SMI y, además, comprometerse a no despedir en dos años. Mientras que los representantes sindicales de CC OO y UGT, apuntaron que la vía de las ventajas fiscales no entra dentro de su ideología, aunque indicaron que solo se abrirían a negociarla si servía para que la patronal se sumara al acuerdo.

La deducción fiscal tampoco era la primera opción de Trabajo para atraer a los empresarios a este acuerdo. En su lugar, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, intentó recuperar la indexación de los salarios a la evolución del SMI en las contrataciones públicas, lo que permitiría actualizar dichos contratos y que no recayera el aumento del coste laboral exclusivamente sobre las empresas. Esta es una demanda histórica de patronal y sindicatos desde que se puso en marcha la Ley de desindexación en 2015. Sin embargo, Hacienda se ha negado en rotundo a acceder a esta demanda, por el elevado coste que supondría para las arcas públicas de todas las administraciones (estatal, autonómicas y locales).