El PP anuncia que votará en contra del decreto que incluye la revalorización de las pensiones
Junts no aclara su posición, pero ha registrado un propuesta propia y critica al Gobierno por mezclar el incremento de las prestaciones con otras medidas
La aprobación del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones en 2026 pende de un hilo a tenor de las posiciones manifestadas ya por la mayoría de grupos en el Congreso. Por un lado, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, acaba de anunciar que el Partido Popular votará en contra de la norma, que se debate este martes en pleno en la Cámara baja. Así, el partido de Alberto Núñez Feijóo cumple su palabra, pues ya anunció hace semanas que rechazaría el incremento si el Ejecutivo lo mezclaba con otras iniciativas en un mismo paquete, como finalmente ha sucedido.
Dada la negativa manifiesta de los populares, la convalidación del aumento de las pensiones queda completamente en manos de la mayoría de investidura, de nuevo con Junts como el partido clave. El grupo catalán no aclara el sentido de su voto ante la sesión de este martes, pero ha registrado una iniciativa propia al margen del decreto ómnibus del Gobierno y critica al Ejecutivo, como el PP, por llevar la subida de las pensiones integrada en un paquete con otras medidas. La formación de Carles Puigdemont rechaza sobre todo el apartado de vivienda, pues no comulga con la moratoria antidesahucios pactada por La Moncloa con EH Bildu.
Con esas piezas sobre la mesa, el puzle de este martes en el Congreso presenta un escenario parecido al del año pasado, cuando la convalidación de la subida de pensiones decayó inicialmente. También decayeron el resto de medidas del llamado “escudo social”, que el Ejecutivo volvió a aprobar a finales de diciembre y que vuelven a estar en riesgo. Es decir, según explica el Grupo Parlamentario Socialista, no solo decaería el incremento de las pensiones: también dejarían de aplicarse la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables, las ayudas para los afectados por la dana o la moratoria de desahucios de personas sin alternativa habitacional.
“Tenemos muy claro el Pacto de Toledo y de las pensiones, que lleva la firma del Partido Popular”, se ha defendido Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en la Cadena Cope. “Si quiere la revalorización de las pensiones, que mañana firme un decreto limpio solo con la revalorización de las pensiones; si pretende otras cuestiones, que no cuente con el Partido Popular”, había apuntado ya a primera hora el líder del PP, allanando el camino a la negativa. “El Gobierno está utilizando a los pensionistas cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento”, ha sentenciado el jefe de la oposición.
Cuatro horas después de deslizar Feijóo su voto en contra, el PP lo ha confirmado en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección. “Nuestro voto, evidentemente, será un no”, ha expresado el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. “No estamos de acuerdo. Cada vez que ha traído un decreto en estas condiciones, sabe cuál es nuestra posición, y si quiere que a los pensionistas se le suba la pensión, se le actualice conforme al IPC, permita que esto se tramite y el problema estará solucionado”, ha continuado el diputado popular apuntando a la iniciativa legislativa presentada por su partido el pasado 14 de noviembre, “que automatiza la revalorización de las pensiones”.
Por su parte, Junts no aclara qué votará este martes, pero ha registrado una iniciativa propia que anticipa un posible voto en contra al decreto del Gobierno. El grupo catalán ha criticado, como el PP, que el Ejecutivo mezcle la subida de las pensiones con otras políticas. “El PSOE pone en riesgo la mayoría a favor del incremento de las pensiones por querer forzar la aprobación de medidas que impiden recuperar pisos ocupados y que permiten los impagos”, indica Junts en una nota de prensa distribuida este lunes, titulada Sin chantajes, las pensiones primero.
El grupo parlamentario catalán ha registrado este lunes una proposición de ley propia. “La iniciativa establece una revalorización general del 2,7% de las pensiones [el mismo incremento que plantea el Gobierno], de acuerdo con el IPC, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, y garantiza la actualización de todas las pensiones contributivas y no contributivas, así como de las principales prestaciones sociales”, sostiene Junts.
El grupo de Carles Puigdemont crítica “la práctica habitual del PSOE de condicionar la subida de las pensiones a otras medidas ajenas, como la prórroga —por sexto año consecutivo— de las limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres”. “El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable”, ha indicado la portavoz del grupo parlamentario, Míriam Nogueras.
Ese paquete del que habla Nogueras es lo que el Gobierno cataloga como “escudo social”. Es una serie de medidas entre las que, más allá de la subida de las pensiones, se incluyen la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), la prórroga del bono social eléctrico o la extensión de las ayudas para los afectados por la dana, entre otras políticas. Todo ello decaería este miércoles si el Gobierno no convalida el decreto este martes.
El Grupo Parlamentario Socialista indica que a estas alturas el decreto no se puede trocear y que la presentación de una nueva iniciativa, que no mezclase todas estas medidas, depende del Gobierno. La Moncloa no precisa qué harán llegados a ese escenario, en el que la convalidación fracase. A la pregunta directa sobre la posible presentación de cada medida por separado, el Ejecutivo no especifica qué hará. ”No se trata de ningún chantaje, es un real decreto de diferentes medidas que abarcan los social, las pensiones, a personas que sean desahuciadas con complementos y en unas circunstancias específicas", ha defendido la portavoz socialista, Montse Mínguez, en rueda de prensa, donde ha apuntado a que las negociaciones se mantendrán hasta “el último momento”.
Subida del 2,7%
En enero de 2025, Feijóo ya ordenó tumbar el decreto ómnibus que contenía la revalorización de las pensiones del año pasado por el mismo motivo: el Gobierno había incluido otras medidas como la cesión de un palacete de París al PNV. Tras el enorme vendaval político que provocó a los populares ese voto en contra, el líder PP se vio obligado a rectificar y de aprobar el segundo decreto que presentó el Gobierno, de características parecidas. Ahora, con aquella experiencia en la memoria y en plena campaña electoral en Aragón, los populares toman el mismo camino.
El incremento general aprobado para 2026 es del 2,7%. Esa subida responde al promedio de los datos interanuales del Índice de Precios de Consumo de los 12 meses previos al último mes del año. Es decir, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. Esta fórmula quedó consolidada en una ley que el Gobierno aprobó en 2021 y que se aplica desde 2022, ideada para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Las subidas aprobadas para las prestaciones de los más vulnerables son mayores: las mínimas con cargas familiares se incrementaban un 11,4%, al igual que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las pensiones mínimas sin cargas familiares, un 7%.
Estos incrementos ya se han reflejado en las nóminas de enero que han cobrado los pensionistas. Sin embargo, las cuantías volverán al nivel de 2025 si el Gobierno no consigue ni convalidar el alza ni aprobar otro decreto para cuando llegue el próximo pago. Este periódico ha pedido una reacción al Ministerio de Seguridad Social, el que ostenta la competencia en pensiones, pero de momento prefiere no pronunciarse.
El Gobierno aprobó la subida de las pensiones de 2026 en el último Consejo de Ministros de 2025 como un real decreto ley, que exige convalidación del Parlamento antes de un mes para no decaer. Este martes se vota esa convalidación, que no respaldará el PP y que pone en cuestión Junts. Los populares sí votaron a favor recientemente de otra medida que el Gobierno llevó al Parlamento, la subida de sueldo de los funcionarios. En esa ocasión, el Ejecutivo no mezcló el decreto con otras políticas.