El Gobierno eleva al 11% la oferta de subida salarial para los funcionarios hasta 2028

El Ministerio de Función Pública ha elevado este jueves un punto su oferta de subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos hasta sumar un 11% repartido entre 2025 y 2028, ambos años inclusive, según han informado los negociadores sindicales. No obstante, y pese a esta mejora —que eleva en 2.000 millones de euros la primera propuesta hecha este miércoles—, el Gobierno ha insistido en que la subida no podrá superar el 4% acumulado en los dos primeros años, algo que hizo que los sindicatos CC OO, UGT y CSIF rechazaran ayer la propuesta inicial. Esto, en principio, ha generado distintas reacciones sindicales que, de momento, han impedido el acuerdo.

Es más, la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, ha transmitido a los negociadores sindicales “que no hay plan B” y esta es la última propuesta del Ejecutivo, por lo que ha emplazado a los negociadores sindicales a hablar con sus organizaciones para que decidan si dan un sí o un no a la oferta del Gobierno. El ministerio ha convocado nuevamente a los sindicatos el próximo lunes para que den su respuesta definitiva.

Según las declaraciones manifestadas por los responsables de los sindicatos, el mayor rechazo a esta nueva propuesta viene del CSIF. En la central de funcionarios aseguran que valoran el punto adicional en la subida pero siguen considerando la oferta “insuficiente” porque aseguran que “condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010″, una pérdida que esta central cifra en alrededor de un 20% desde esa fecha. Es más, aunque dicen que “todavía hay flexibilidad para negociar” y que lo harán “hasta el último minuto”, también advierten de que si, como todo apunta, la oferta mantiene el límite de subida en el 4% para 2025 y 2026, este sindicato “tendrá que volver a las calles” a proseguir con las movilizaciones.

Sin embargo, desde UGT, la secretaria general de Servicios Públicos, Isabel Araque, se ha mostrado más conciliadora y ha precisado que si se mantiene el límite del 4% acumulado en los dos primeros años (2025 y 2026) pero se aplica un 5% fijo (sin que esté sujeto a ninguna variable) en enero de 2027, “nos valdría la oferta, porque significaría que en apenas 13 meses los empleados públicos tendrían una subida salarial del 9%. El órgano de dirección de esta federación se va a reunir este mismo jueves para ”hacer números" y tomar una decisión.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, también ha dejado la puerta abierta a un acuerdo, al entender que la oferta inicial se había mejorado en 2.000 millones de euros y, sobre todo, que el pacto final no solo incluye la subida salarial, sino una serie de mejoras en materia de empleo y derechos de los empleados públicos. Aún así, como parte negativa de la reunión de este jueves, Palazzo, ha señalado que el Gobierno no haya tenido margen para subir los sueldos más del 4% acumulado en 2025 y 2026. Y ha anunciado que con todos estos condicionantes el consejo federal del Área Pública se reunirá este viernes, e igualmente abordarán la oferta las federaciones de sanidad y educación para tomar una decisión sobre si respaldan este acuerdo.

Desde CC OO, también han reclamado en un comunicado que “para poder llegar a un acuerdo, además, es imprescindible que el Gobierno se comprometa al cumplimiento de los capítulos pendientes de ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024)”. Y, en concreto se han referido al desbloqueo y recuperación de la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio, entre otros asuntos.

Las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo plurianual y de empleo arrancaron a principios de este mes de noviembre, después de que los máximos responsables de la función pública de CC OO y UGT y de la central sindical de funcionarios CSIF amenazaran al ministro del ramo, Oscar López, con movilizaciones y una huelga en el sector en diciembre si no se sentaba a negociar de inmediato la subida salarial para los empleados públicos.

Tras marcar objetivos generales y de calendario en un primer encuentro, la segunda reunión abordó las materias relacionadas con el empleo público. En concreto, el Gobierno planteó, tal y como han vuelto a recordar hoy los responsables sindicales, la desaparición progresiva de la denominada tasa de reposición, que limita las ofertas de empleo a las vacantes que dejan las jubilaciones.

Sin embargo, en estos encuentros ha dejado otras cuestiones fuera, que según CSIF contribuyen a que este sindicato rechace la oferta del Gobierno. Entre ellos, la central critica que Función Pública no se haya pronunciado sobre su propuesta para que se dote de fondos adicionales la corrección de la la desigualdad económica de los empleados públicos que prestan las mismas funciones en administraciones distintas. Igualmente, Función Pública tampoco ha valorado todavía la propuesta de CSIF sobre la recuperación de las pagas extras íntegras y que la subida al personal laboral del Exterior se vincule al IPC del país en el que desarrollen su labor profesional (sin que en ningún caso, ello suponga una subida inferior a la acordada en España).