El Gobierno presta 14.200 millones a la industria de defensa para el rearme: Navantia, Indra y Airbus, presentes en el 98% de los fondos

Una lluvia de millones como nunca antes había visto el sector en España. Eso es lo que está viviendo la industria armamentística este año en el que los acontecimientos se han acelerado, ...

Una lluvia de millones como nunca antes había visto el sector en España. Eso es lo que está viviendo la industria armamentística este año en el que los acontecimientos se han acelerado, con Donald Trump presionando para que sus socios de la OTAN disparen el gasto en defensa cuanto antes y un Vladímir Putin que sigue adelante con su invasión de Ucrania y amenaza el flanco este de la Unión Europea. Si bien España no ha cedido ante las presiones de Estados Unidos para elevar el gasto militar hasta el equivalente al 5% del Producto Interior Bruto, sí que ha aumentado sensiblemente esta partida con 10.471 millones extra solo este año, elevando el gasto en defensa hasta el 2% cuando había terminado el año 2024 en apenas un 1,4%.

En esa partida se incluyen 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) destinados a mejorar el equipamiento de los tres ejércitos que componen las Fuerzas Armadas, en ámbitos tan dispares como la ciberseguridad, sistemas de escucha, buques, blindados, vehículos de apoyo, adiestramiento, comunicaciones, software, artillería terrestre e incluso uno dedicado al FCAS, el futuro sistema aéreo de combate europeo que España lidera junto a Alemania y Francia. De momento, el Ejecutivo ha dado la orden a Defensa para que empiece a negociar un puñado de estos PEM con las empresas adjudicatarias, por lo que el Ministerio de Industria ya ha aprobado la prefinanciación para 30 de ellos, con un total de 14.223,85 millones de euros al 0% de interés repartidos durante varios ejercicios.

Este dinero no tiene por qué pasar por un Congreso de los Diputados en el que el PSOE es minoría y en el que varios de sus socios como Sumar (en el Gobierno) o ERC (como apoyo parlamentario) no están a favor del aumento del gasto militar. Tampoco han pasado por el parlamento otras partidas como los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), dotados con miles de millones para ayudar a industrias como la del automóvil.

La intención del Gobierno es que el dinero que destinará a los PEM llegue a toda la cadena de valor, pero lo cierto es que hay tres claros protagonistas: Indra, Airbus y Navantia, que están presentes en el 98% de estos préstamos, ya sea de forma directa, dentro de una UTE (Unión Temporal de Empresas) o porque controlan buena parte o la totalidad de las compañías adjudicatarias. Este último es el caso de Hisdesat, del que Indra posee un 7% mientras Hispasat ostenta un 43%. Pero, a su vez, a Hispasat la controla Indra —la compañía presidida por Ángel Escribano ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas el 28 de noviembre para aprobar la compra del 89,68% de Hispasat—. En concreto, Hisdesat ha sido la adjudicataria del PEM para el desarrollo de los nuevos satélites de observación de la tierra PAZ II que sustituirán al PAZ I, que dirá adiós entre 2030 y 2031.

Para los nuevos satélites, Industria prestará 1.011,85 millones a Hisdesat para un contrato del que aún no se sabe la cuantía aproximada, ya que Defensa aún no ha recibido la orden del Ejecutivo para comenzar las negociaciones con la empresa, algo que llegará en las próximas semanas. Hisdesat ha encargado a su vez la fabricación de los satélites a Airbus. Este gigante europeo ha sido agraciado con otros grandes contratos, como el PEM destinado a modernizar los sistemas de vuelo que usa el Ejército del Aire para adiestrar a sus pilotos, los cuales se entrenan actualmente con unidades F-5 modernizadas. Estas aeronaves estadounidenses serán sustituidas por 45 aviones turcos basados en la plataforma Hürjet desarrollada por Turkish Aerospace. Esta compañía los fabricará y luego Airbus hará una adaptación españolizada. El Gobierno ha dado permiso a Defensa para que negocie con Airbus este contrato que rondará los 3.120 millones y ha recibido una prefinanciación de Industria por valor de 1.040 millones.

El único PEM para el que Industria aún no ha aprobado la prefinanciación es el del programa Santiago Fase II. Este programa, que se denomina “Sustitución de sistemas anteriores en el espectro electromagnético” en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de 2025, es muy relevante para las Fuerzas Armadas, porque se trata de un programa relacionado con la ciberguerra, sistemas de escucha y espionaje. Se espera que el Consejo de Ministros apruebe su prefinanciación en las próximas semanas, explican fuentes conocedoras del asunto. Es un programa que viene de largo y muy sensible para la seguridad nacional. Según el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, este PEM se destinará a la modernización de antenas y captadores, además de la obtención de ocho plataformas terrestres 8x8 (es decir, de ocho ruedas con tracción en todas ellas) y cuatro sensores para vehículos no tripulados.

A la espera de saber más detalles de ese PEM y su adjudicación, solo hay dos programas en los que no participen de alguna forma Indra, Airbus o Navantia. Uno de ellos es el destinado a la fabricación del vehículo de exploración y reconocimiento, que ha caído en manos de la gallega Urovesa, para el que el Estado le prestará 132 millones. El segundo es el relacionado con la actualización de los Pizarro, un tipo de blindado basado en la plataforma Ascod de GDELS (la filial europea de vehículos terrestres de la estadounidense General Dynamics, dueña de la española Santa Bárbara) que pesa la mitad que el tanque alemán Leopard. Como es lógico, este PEM le cayó a GDELS con un contrato que rondará los 288,75 millones, aunque un pellizco del mismo irá a parar a Sapa, que hará las transmisiones, la cual se quedará con casi 27 millones.

Sin embargo, GDELS perdió en favor de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) —que, en caso de aprobarse su compra, también será de Indra— el PEM más jugoso, el destinado a sustituir la artillería móvil del Ejército de Tierra sobre cadenas y sobre ruedas. El Ejecutivo ha aprobado una prefinanciación para ambos contratos por valor de 3.002 millones de euros. El lanzapuentes, otro PEM al que aspiraba GDELS, también ha sido para Indra.

El gigante español en el mar, Navantia, se ha quedado por su parte con cinco PEM para los que se ha aprobado una prefinanciación conjunta de casi 2.300 millones. El mayor es el destinado a la modernización de las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán, que convivirán en las próximas décadas con las fragatas F-110, la primera de las cuales, la Bonifaz, Navantia ya botó al mar en septiembre en el puerto de Ferrol. Para la modernización de las F-100, el Ejecutivo ha aprobado un préstamo de 1.280 millones.

Otra compañía que ha logrado sacar tajada de estos PEM es Telefónica, que mediante una UTE con Indra, se ha quedado con el denominado “conectividad multidisciplinar″, que consiste en el “suministro con fabricación del material necesario para equipar los puestos de mando, para responder a la necesidad de los ejércitos de modernizar los sistemas desplegables de mando, control y comunicaciones, aumentando sus capacidades operativas, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones”, según la referencia del Consejo de Ministros del 28 de octubre. Este contrato tendrá un valor de aproximadamente 785 millones, con una prefinanciación de casi la mitad del valor del contrato.

El grupo Oesía también ha rascado un PEM en una UTE con Epicom —compañía de defensa especializada en criptografía que en su momento perteneció a Duro Felguera, pero que ahora se reparten Indra y Oesía, con un 30% cada una, y el Estado, que posee un 40%—. Dicho programa es el llamado “capacidad cripto y multipropósito”, con el que el Ejecutivo busca la adquisición de medios de cifrado de voz táctica y datos, que servirán para sustituir a los actuales que hayan quedado o quedarán obsoletos. El contrato tiene un valor de 158,6 millones.

Por su parte, Tess Defence, la UTE conformada por Indra, EM&E, Sapa y GDELS, en la que Indra ha tomado el control este año al formalizar la compra de más del 50%, se encargará de la fabricación del vehículo de apoyo sobre cadenas. El Estado actualmente está en conflicto con Tess por los continuos retrasos y contratiempos en el programa de los VCR 8x8 Dragón. De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le hizo llegar el mes pasado su “preocupación” a Indra, a la que le transmitió que “se reserva las acciones oportunas” por estos incumplimientos.