Los inspectores de Hacienda, en “alerta máxima” ante el avance de la negociación del cupo catalán
El cuerpo de élite de la Agencia Tributaria vuelve a convertir su congreso anual en un alegato contra la financiación singular de Cataluña
El malestar es palpable desde hace meses, pero va creciendo a medida que pasan las semanas. Los inspectores de Hacienda del Estado se han declarado en “alerta máxima” ante los avances de la negociación para sacar adelante un modelo de financiación singular para Cataluña. Lo han hecho este jueves durante su XXXV Congreso, celebrado en Salamanca, en el que más de 650 miembros del cuerpo de élite de la Agencia Tributaria han convertido el debate sobre el llamado cupo catalán en el eje central de las intervenciones y debates. El tono de preocupación y advertencia se ha impuesto en un encuentro que nace con vocación técnica, pero que ha acabado adquiriendo un claro trasfondo político.
Los inspectores temen que las conversaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, aún abiertas, desemboquen en una cesión de competencias fiscales que, en su opinión, pondría en riesgo la igualdad entre los territorios y la propia integridad del sistema tributario español.
La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, abrió el congreso con un mensaje inequívoco: “Vivimos tiempos más que complejos y nos mantenemos en alerta máxima”. Son palabras que resumen la inquietud de un auditorio que lleva meses manifestando su preocupación ante la posibilidad de que la Generalitat gane poder en la gestión de los impuestos recaudados en Cataluña, incluida la gestión del IRPF, una de las piezas más sensibles del sistema tributario de España.
La eventual cesión de esas competencias, todavía en fase de negociación, sería, a juicio de la asociación de inspectores, el germen de una “Agencia Tributaria paralela e independiente”, semejante a la existente en el País Vasco y Navarra, donde el régimen foral permite una gestión propia de los tributos y un cupo anual al Estado.
El contexto de fondo explica buena parte de la tensión. El Gobierno de coalición, encabezado por el Ministerio de Hacienda, mantiene desde hace meses un intercambio de documentos con la Generalitat de Salvador Illa para explorar un modelo singular de financiación que reconozca “las especificidades” de Cataluña, pero que, según recuerdan fuentes de Hacienda, aún no está ni definido ni acordado.
Hacienda, de hecho, intenta compatibilizar esas conversaciones bilaterales con un compromiso multilateral: su intención es presentar una reforma completa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de aplicación general. El objetivo declarado, aunque difícil de consensuar con las comunidades gobernadas por el PP, es renovar por completo un sistema de financiación autonómica que lleva anticuado desde el año 2014. La cuestión no es menor, dado que del modelo de financiación dependen los recursos económicos con los que cuentan los gobiernos territoriales para poder sufragar los servicios públicos en los que tienen competencia, como la sanidad, la educación, la dependencia o parte de las políticas de vivienda.
El debate ha ganado intensidad desde que el Parlament catalán convalidó en verano un decreto-ley para adaptar la estructura jurídica de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a las “nuevas funciones” derivadas del futuro sistema singular, una maniobra que puso en pie de guerra a los inspectores de Hacienda. Según las previsiones del Govern, Cataluña debe pasar de gestionar una recaudación actual de 5.000 millones de euros anuales (en impuestos cedidos y propios) a 30.000 a través del IRPF, un volumen inasumible en las condiciones actuales.
El paso dado en el Parlament, adoptado sin un respaldo legislativo explícito que justifique su urgencia, según los inspectores, provocó la reacción inmediata de la asociación, que denunció una estructura tributaria paralela sin amparo legal y advirtió de los riesgos para los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad interterritorial.
Los inspectores alegan razones prácticas y constitucionales en su argumentario. En primer lugar, advierten de que un sistema que permita a una comunidad autónoma recaudar y gestionar directamente el IRPF debilitaría los mecanismos de control y de lucha contra el fraude, al multiplicar las ventanillas y los criterios de supervisión. En segundo lugar, temen que el precedente catalán reabra la puerta a reivindicaciones similares en otras regiones y desdibuje la solidaridad interterritorial que sustenta el actual modelo.
El acuerdo entre el PSOE y ERC, pactado en verano de 2024 a cambio de la investidura de Illa como president, establecía que Cataluña tendría una relación bilateral con el Estado en materia fiscal: recaudaría y gestionaría los impuestos de titularidad estatal y, en la práctica, saldría del régimen común a cambio de una especie de concierto que se articularía mediante dos vías: una cuota de solidaridad para las autonomías peor financiadas y un cupo por los servicios prestados por el Estado en Cataluña, similar al vasco. Según el acuerdo, el traspaso comenzaría con el IRPF a partir del año 2026.