El ‘lobby’ del alquiler pide multiplicar por seis el gasto público en vivienda para igualar la media europea

España está a la cola de los países europeos en gasto público en vivienda. Esa es una realidad conocida entre los poderes públicos y el sector inmobiliario, pero que el lobby del alquiler residencial propone que se reconduzca a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno presentó el pas...

España está a la cola de los países europeos en gasto público en vivienda. Esa es una realidad conocida entre los poderes públicos y el sector inmobiliario, pero que el lobby del alquiler residencial propone que se reconduzca a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno presentó el pasado mes. Concretamente, la cifra debería multiplicarse por prácticamente seis veces hasta llegar a los 8.000 millones de euros al año para llegar a la media europea, o lo que es lo mismo 40.000 millones en cinco años frente a los 7.000 millones que propone el plan del Ejecutivo.

Este lobby se denomina Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y está presidido por Helena Beunza, quien fuera secretaria general de Vivienda en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La agrupación fue impulsada por empresas vinculadas al fondo Blackstone y actualmente representan a unas 100.000 casas de 6.000 asociados, desde particulares hasta algunas de las principales compañías del sector como Testa (de Blackstone), Macc (Cerberus), las promotoras Aedas, Neinor, Tectum y Avintia Inmobiliaria, o el fondo alemán Patrizia. También colaboran otras firmas como Idealista, Deloitte, Savills o Servihabitat.

El plan estatal 2026-2030 fue presentado el pasado 16 de septiembre por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. En esta iniciativa, el ministerio persigue cinco grandes objetivos: incrementar el parque de vivienda protegida (VPO) de forma permanente; rehabilitar los edificios de VPO existentes; reducir la edad de emancipación de los jóvenes; disminuir el esfuerzo financiero de las familias en el pago de la vivienda (que no sea superior al 30% de los ingresos), y revertir las zonas tensionadas mediante políticas de contención de precios.

El departamento de Rodríguez abrió a audiencia pública este proyecto de real decreto con el objetivo de recibir aportaciones del sector. Asval, en un documento al que ha tenido acceso este diario, presentó sus alegaciones como “representante del sector del alquiler residencial en España”. El texto defiende el acceso a la vivienda asequible como objetivo prioritario y señala un diagnóstico compartido con el plan estatal en cuanto a que España afronta un déficit estructural de este tipo de casas por debajo de precio de mercado de unas 700.000 unidades, según lo cifrado por el Banco de España en mayo.

Pero la primera alegación que hace Asval es muy relevante por lo que considera una falta de dotación presupuestaria. Los 7.000 millones de dinero público para cinco años son “claramente insuficientes para afrontar el déficit estructural de vivienda”, se afirma en el documento. En términos anuales, el presupuesto no alcanza los 1.500 millones, “frente a los 8.000 millones anuales que serían necesarios para converger con la media europea de inversión en vivienda”.

El gasto público en políticas de vivienda en España es del 0,19% del PIB en 2023, según las últimas cifras recogidas por Eurostat, lo que supone quedarse a casi medio punto de distancia de la media europea, que ronda el 0,7%. Ese diferencial son los 8.000 millones que reclama Asval. Excepto Italia, que desembolsa un 3,9% del PIB en estas partidas, el resto de países se quedan entre el 0,5% y el 0,1% del PIB, de acuerdo con las estadísticas comunitarias.

“Para cerrar esa brecha, el esfuerzo financiero debe ser estructural, sostenido y a la altura del reto, con programas plurianuales y no dependientes de fondos europeos extraordinarios”, se reclama desde el lobby de grandes propietarios. Las competencias de vivienda en España recaen sobre las comunidades autónomas, pero el Gobierno de Sánchez busca crear un gran parque público de vivienda protegida (y también asequible o a precios por debajo de mercado) que sea permanente. Entre algunas de las medidas propuestas está el traspaso de 40.000 pisos de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) a la nueva entidad estatal de vivienda que tiene como germen a la empresa pública Sepes.

Desde el Ministerio de Vivienda se explica que actualmente se están estudiando todas las aportaciones, como las de Asval. Y se recuerda que este plan estatal ya supone “un incremento de inversión sin precedentes”, al pasar de partidas de 1.700 millones a 7.000 millones en cinco años. Además, apuntan que la Administración central aporta un 60% de ese presupuesto, pero que el plan puede contar con más recursos si las comunidades autónomas destinan más del 40% previsto inicialmente.

Para Asval, otro de los problemas del plan estatal es la falta de participación del sector empresarial en el plan para ampliar el parque de vivienda asequible, ya que resulta “imprescindible reconocer el papel decisivo que desempeña el sector privado”. Para esta asociación de propietarios, la evidencia demuestra que allí donde se cuenta con la colaboración de las compañías los resultados se multiplican: “Se movilizan más recursos, se incrementa la escala de los programas y se refuerza la profesionalización de la gestión”, se recoge entre sus alegaciones. La organización destaca, en ese sentido, el borrador del informe del Parlamento Europeo (que tiene como ponente al eurodiputado del PPE Borja Giménez Larraz) en el que plantea de forma explícita que la movilización de la inversión privada “es un componente imprescindible para escalar la producción de vivienda asequible”.

La vivienda es, de hecho, un sector intensivo en capital. Para cualquier familia es habitualmente su mayor gasto vital (financiado por hipotecas), y para la construcción de los edificios se requiere tanto de una relevante inversión en suelo como de capital privado y de lo que se conoce como crédito promotor (financiación bancaria para abordar las obras). “Lejos de ser un obstáculo, el sector privado debe ser considerado un aliado estratégico junto a las Administraciones y el tercer sector”, se afirma en una de las aportaciones de Asval.

Otro de los puntos en el que esta asociación pone interés es en el alquiler asequible garantizado, una figura ya reconocida en la Ley de Vivienda, pero que bajo su punto de vista está infrautilizada. Este instrumento permite que propietarios privados, de manera voluntaria, destinen sus activos con el apoyo de incentivos fiscales o financieros. “Solo así podrá abrirse en España un verdadero tercer espacio residencial, situado entre el parque protegido tradicional y el mercado libre”, se apunta en la asociación presidida por Beunza.