Los sindicatos de funcionarios elevan su presión al Gobierno y amagan con una huelga a fin de año si no hay pacto salarial

Suenan tambores de huelga en el sector público. Las federaciones de función pública de UGT, CC OO y el sindicato de funcionarios CSIF van a pasar a la acción ante lo que consideran un bloqueo por parte del Gobierno en la negociación colectiva de los empleados públicos, que impide un acuerdo de subida salarial para más de tres millones de trabajadores. Así lo han avanzado este lunes en un comunicado conjunto en el que anuncian el inicio de movilizaciones “sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga”.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán este martes el calendario de movilizaciones que comenzarán a finales de mes por toda España y se extenderán hasta final de año. Si para entonces el Ejecutivo no ha desbloqueado la negociación, que sirva para vislumbrar un próximo pacto salarial, estas tres centrales, que representan a la inmensa mayoría de los empleados públicos del país, barajan convocar una huelga general en las administraciones y empresas públicas.

Así, con estas protestas, que tendrán carácter creciente, los máximos dirigentes sindicales del sector público pretenden denunciar el bloqueo de las negociaciones por parte del Ministerio de Función Pública, que dirige Oscar López, que según los representantes de los trabajadores impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras reivindicaciones pendientes.

El último Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI cubrió los años 2022, 2023 y 2024 y supuso un incremento de los salarios de más de tres millones de trabajadores de un 9,5% acumulado en estos tres ejercicios, en plena escalada de los precios por la invasión rusa de Ucrania. Aquel acuerdo solo lo firmaron CC OO y UGT, ya que CSIF lo consideró insuficiente, sobre todo, en materia de recuperación del poder adquisitivo perdido desde los recortes de la anterior crisis financiera, que esta central cifra en alrededor de un 20%. No obstante, en mayo pasado CSIF propuso a CC OO y UGT aunar fuerzas para exigir un nuevo acuerdo salarial que descongele las nóminas de los empleados públicos en 2025 y permita recuperar poder de compra.

Tras el término de el último acuerdo vigente, el 31 de diciembre de 2024, los representantes sindicales se han reunido varias veces en distintas instancias con los responsables del Ministerio de Función Pública pero la respuesta final siempre es la misma: no hay Presupuestos Generales del Estado, así que no hay subida salarial para los funcionarios. Así lo han denunciado fuentes sindicales en reiteradas ocasiones y lo ha sugerido el propio ministro del ramo, así como otras fuentes ministeriales consultadas que se han limitado a indicar que “la subida salarial para los empleados públicos se encuentra en el marco de la negociación presupuestaria”.

De momento, los empleados públicos no han recibido este año ninguna subida salarial, salvo el pago de atrasos por valor del 0,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, correspondiente al anterior acuerdo salarial que ya no está vigente y que se abonó en las nóminas de agosto pasado.

Sin embargo, aquí acaban los incrementos de sueldos para este año y lo que denuncian los sindicatos es el total bloque de las negociaciones para abordar cualquier incremento para este año, a pesar de que ya está avanzado octubre y el IPC se situó en el 2,9% interanual el pasado septiembre, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Por el contrario, los salarios pactados en convenio en el sector privado sí registran un avance promedio del 3,5% en lo que va de año, según se quejan los representantes de los trabajadores del sector público.

Otros asuntos pendientes

Pero, cualquier aumento debe pasar por la Mesa General de las Administraciones Públicas y no está ni siquiera prevista su convocatoria por parte del ministerio. El aumento de los sueldos no es la única cuestión pendiente para estas negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública. Desde el CSIF hacen han hecho hincapié en asuntos como la recuperación del 100% de las pagas extra, allí donde aún se mantienen los recortes de 2010; o la equiparación salarial de los mismos cuerpos y escalas entre las distintas administraciones y territorios. Mientras que en CC OO y UGT inciden en que aún están pendientes de cumplimiento cuestiones como la regulación de la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al sistema español de cualificaciones profesionales, las 35 horas en el ámbito de la Administración General del Estado o la situación del Servicio Exterior.

En paralelo, el ministerio de López tiene abierta en canal una negociación con los empleados públicos, no solo a través de sus representantes sindicales, del modelo de acceso al empleo público que no está exento de polémica, al haber propuesto desde el Gobierno una reforma en profundidad que implicaría la creación de una escuela para la formación obligatoria, durante dos años, de todo aspirante a un empleo público.

Este departamento está también diseñando el establecimiento de estrictos planes de recursos humanos y un cambio en la estructura de las plantillas para aumentar su movilidad y favorecer, entre otras cosas, la estabilidad en el empleo, ya que la elevada temporalidad, que roza el 30%, es el principal problema del colectivo. De hecho, el abuso de los contratos temporales ha llegado en numerosas ocasiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha supuesto la apertura de un expediente de infracción a España, por parte de la Comisión Europea, por no contar con medidas suficientes para atajar el encadenamiento de contratos eventuales.