Garamendi aboga por formar a los menores inmigrantes “para que sean los próximos ingenieros”
Acusa a la ministra Yolanda Díaz de recurrir a reglamentos predemocráticos para aprobar lo que no puede en el Parlamento
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha hecho este lunes varios llamamientos a la llegada de trabajadores inmigrantes como necesaria fuerza laboral. “Somos un país de acogida y necesitamos gente de fuera para trabajar”, ha dicho en una entrevista en Antena 3 donde también ha abogado por formar a los menores inmigrantes “para que sean los próximos ingenieros”.
“Los empresarios lanzamos el grito constante de que nos falta gente”, ha dicho, y ha insistido en que desde las patronales están dispuestos también a formar a los trabajadores extranjeros en origen. Si bien, en ese punto, ha sido cuestionado por la desatención que sufren en este sentido, por ejemplo, los menores inmigrantes que llegan a España. Y ha sido cuando se ha mostrado partidario de abordar su formación. “Hay que integrar a la gente”, ha insistido el líder patronal.
Hecho este llamamiento, Garamendi ha repasado la actualidad económica y política, criticando todos los intentos de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de sacar adelante medidas a través de reglamentos que no necesitan pasar por Parlamento. El rechazo de la ley de reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados, algo por lo que CEOE peleó con denuedo a través de sus contactos, sobre todo con Junts, cuyos votos fueron decisivos para tumbar esta norma antes incluso de iniciar su debate parlamentario, ha iniciado una guerra abierta entre el líder empresarial y la número tres del Gobierno.
En este punto, Garamendi ha defendido el derecho de los empresarios a hablar con los partidos políticos para defender “no nuestros intereses, sino lo que es bueno para España”, ha dicho. Y ha criticado duramente a Díaz por estar intentando sacar adelante, a través de reglamentos aprobados por decreto, medidas que no puede aprobar en el Parlamento por falta de apoyo político como la reforma del control horario en las empresas o la reforma del decreto que fija el salario mínimo.
“Cuando le sale mal en el Parlamento, utiliza reglamentos de antes de la democracia [para aprobar medidas laborales], no sé si como venganza o qué”, se ha preguntado Garamendi. Acto seguido, también ha reprochado a Díaz que, “cuando no le gusta algo, va a descalificar personalmente”. “A mí me ha llamado machista cuatro o cinco veces (...); en lo personal también usa formas de antes de la caída del muro”, ha indicado.
Dicho esto, ha arremetido con que no haya habido Presupuestos Generales del Estado en lo que va de legislatura: “Si un directivo en una empresa no presenta los presupuestos, se va a la calle”, ha asegurado. A este respecto, ha dicho “no tener ni idea” sobre si habrá un adelanto electoral en primavera, pero sí ha pedido que los votantes “vuelvan a espacios de moderación y de grandes acuerdos de Estado”. Y ha reclamado la necesidad de que haya “centroderecha y centroizquierda” porque, de lo contrario, “al final los que gobiernan son los extremos” de uno u otro lado.
En el terreno estrictamente económico, Garamendi ha admitido que las cifras macro “van bien”, pero no así la microeconomía. Y se ha mostrado partidario de subir los salarios, por encima de la inflación, como acordaron los empresarios en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2023-2025 (AENC)—que termina el próximo diciembre y aún no se ha empezado a negociar el siguiente con los sindicatos—. No obstante, ha insistido en una vieja reivindicación patronal que consiste en que las nóminas de los trabajadores incorporen la cuantía monetaria que supone, además de las retenciones del IRPF, las cotizaciones sociales. “Cuando al trabajador le llega su nómina, hay un montón de dinero que se lo ha quedado ya la Seguridad Social, pero que es suyo y eso tienen que saberlo”, ha informado.
Finalmente, ha situado el absentismo laboral en el centro de las próximas negociaciones con el Gobierno y los empresarios. En su opinión, es necesario abordar los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores, “que cuestan 32.000 millones de euros anuales a las arcas públicas y 16.000 millones a las empresas”, ha cifrado. “Hay que ver cómo la gente se puede recuperar antes”. Pero también ha denunciado que “hay absentistas profesionales”, aunque ha reconocido que su volumen no está cuantificado. “No sé cuánto, pero tiene incidencia”, ha concluido el líder patronal.