Vivienda volverá a reunir a las comunidades para buscar un consenso sobre el plan estatal

Dos partidas de cartas se juegan al mismo tiempo dentro y fuera de las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Este organismo y los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas han sumado una nueva reunión este jueves, en el marco de la Conferencia Sectorial de la Vivienda y Agenda Urbana, en la que antes y después los representantes de los territorios gobernados por el Partido Popular (11 de las 17 comunidades) han mostrado su malestar con el contenido de este programa, y han acusado al Ministerio de imponer sus criterios y de falta de rigor. Sin embargo, fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que en sus intervenciones a puerta cerrada las posturas no están ni mucho menos alejadas. De hecho, todas las partes se han comprometido a volver a reunirse la próxima semana para seguir realizando alegaciones que puedan incluirse en el corpus de un plan que contempla una dotación récord de 7.000 millones para tratar de afrontar el problema de acceso a la vivienda que asola actualmente a España.

Pese a que no se trataba de una reunión definitiva en la que los consejeros de vivienda territoriales debían posicionarse en cuanto a su adhesión al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Gobierno ha vuelto a tender la mano a que aquellas comunidades recelosas puedan plantear alegaciones antes de que expire el plazo definitivo el próximo 7 de octubre. Por ello, el Ejecutivo se ha comprometido a celebrar en breve “una nueva reunión de la comisión multilateral para buscar el consenso”.

El ministerio que encabeza Isabel Rodríguez defiende su voluntad conciliadora para con las comunidades autónomas. Sin embargo, fuentes internas señalan que pese a que no se requiere de todas ellas la adhesión al plan en forma de firma de ningún documento, sí establecen la obligatoriedad de que estas manifiesten su compromiso con las líneas maestras del programa. Se trata de tres parámetros claros: cofinanciar, como mínimo, el 40% de las ayudas percibidas ―un porcentaje que podría aumentarse si así lo quisieran los territorios―; protección a perpetuidad de la obra construida ―que no se pueda especular con ellas en ningún momento, esto es, impedir lo que se conoce como descalificación y su venta en el mercado libre―, y la obligatoriedad de entregar todos los datos referentes a la vivienda en tiempo real (número de alquileres registrados, estado de las obras, volumen de demandantes de vivienda y otra información estadística de la que podrían disponer las comunidades).

Pese al rechazo explícito que han manifestado las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en el ministerio se muestran confiados y ven una suerte de “teatro” en las palabras del consejero de Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha hablado en representación de todos estos territorios. “Denunciamos las formas y el fondo, y exigimos que se tome con respeto a las comunidades. No sabemos cuál es la intención de la ministra, desde luego, no es trabajar con rigor y seriedad las propuestas del plan”, ha dicho antes del inicio de la conferencia sectorial. Fuentes del departamento de Rodríguez recuerdan que algunos de estos territorios han colaborado en las distintas reuniones bilaterales que se han ido produciendo en los últimos meses.

Pero en público, las espadas siguen en alto. “Pido a los consejeros del PP que piensen en los ciudadanos de sus comunidades, y no en lo que les señala la dirección nacional de su partido y el señor Feijóo”, ha dicho la ministra Rodríguez, también antes de entrar en la reunión de este jueves.

Algunas de las principales novedades que incorpora el nuevo plan estatal tienen que ver con un nuevo reparto de fondos en las líneas maestras del programa. Vivienda quiere que el 40% del total vaya destinado a ayudas a la construcción de vivienda pública, protegida y movilización de suelos privados. En estas partidas incluyen ayudas para la adquisición de casas que incrementen el parque público de vivienda asequible y para la movilización de vivienda vacía. Un 30% de los fondos se destinan a ayudas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad a la vivienda, para la rehabilitación en zonas de protección patrimonial y para la renovación de casas vacías que luego se dediquen a alquiler asequible. El 30% restante se reparte entre ayudas para los jóvenes, para el fomento de la construcción industrializada y para programas destinados a la regeneración urbana y rural, según explican desde el Ministerio.

“Nada nuevo”

Para avalar no solo la importancia de adherirse al plan por el incremento que supondría en sus cuentas, sino para desvirtuar la acusación de que la aportación exigida de cofinanciación es excesiva, el Ministerio ha elaborado un documento en el que evidencia que las dotaciones presupuestarias para las distintas comunidades es poco representativo dentro de su presupuesto general. La responsable del departamento andaluz de vivienda, Rocío Díaz, ha acusado al Ejecutivo estatal de acudir a esta sectorial “sin debate previo con las comunidades autónomas”, pese a que son las competentes en materia de vivienda. El consejero madrileño de presidencia, Miguel Ángel García, por su parte, ha manifestado que Madrid ha acudido a la sectorial a decir un “no rotundo” al plan de Vivienda, que a su juicio “incide en los mismos errores” que la ley estatal, cuya derogación han pedido en reiteradas ocasiones. “Este plan no aporta nada nuevo y nada bueno a las comunidades autónomas”, ha opinado.

Pese a las duras palabras, en el Ministerio prefieren poner el acento sobre la voluntad de todas las partes por reunirse de nuevo la próxima semana. El día ha quedado pendiente de determinar, a falta de ajustar las agendas de todos los asistentes. En este caso, eso sí, el encuentro previsiblemente no estará presidido por la ministra Rodríguez, sino por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.