Sumar y PP votarán juntos para impedir el veto de Hacienda a la proposición para que el SMI no tribute en el IRPF
La formación de Yolanda Díaz está dispuesta a aliarse con el PP, que también presentó una propuesta en el mismo sentido, para neutralizar el veto del PSOE
Hacienda sigue enrocada en su decisión de no adaptar el IRPF a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), en contra de la postura del socio minoritario del Gobierno. El departamento liderado por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, lo ha dejado claro este miércoles: usará su derecho a veto para tumbar la iniciativa de Sumar que propone adaptar el impuesto para que estas rentas continúen exentas. Sin embargo, si se produjera una alianza sobre este asunto entre la formación de Yolanda Díaz y el PP, que parece cada vez más posible, la Mesa del Congreso podría dejar en papel mojado la negativa de Hacienda. De hecho, los populares también tienen registrada su propia proposición de ley con el mismo objetivo, al igual que Podemos —propuestas que Hacienda vetará también—.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado este miércoles que el departamento de Montero vetará estas tres iniciativas. Será la primera vez que La Moncloa lo haga con sus socios de coalición. “Las negociaciones no han dado sus frutos”, ha señalado el ala socialista del Gobierno. Por su parte, fuentes de Sumar han asegurado que intentarán levantar el veto a su proposición en la Mesa de la Cámara baja, aunque sea uniendo sus votos a los del PP, pero no está claro que la formación de Díaz apoye las propuestas que han presentado el PP y Podemos sobre el mismo asunto.
El periodo de un mes del que dispone Hacienda para vetar o no la tramitación parlamentaria de estas iniciativas termina el próximo viernes, 28 de marzo, aunque fuentes de la Mesa no precisan si el asunto se debatirá en la reunión ordinaria del próximo martes o en una extraordinaria. Montero y Díaz mantienen sus posiciones enfrentadas y, aunque la líder de Sumar ha manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo, desde el entorno de Montero aseguran que Sumar no está negociando y no ha pedido reuniones formales para debatir el asunto.
El encontronazo entre los socios de coalición se produjo a raíz de la nueva subida del SMI, del 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, por un total de 16.576 euros al año (700 euros más). Este aumento, aprobado a mediados de febrero por el Consejo de Ministros, obliga a parte de los perceptores del sueldo mínimo a empezar a pagar por el IRPF por primera vez. Eso por el funcionamiento del tributo: las rentas más bajas están exentas de retenciones y, hasta ahora, Hacienda había acompasado el impuesto a las subidas del salario mínimo, para que los incrementos no conllevaran la obligación de tributar.
Frente a esta disputa, el PP y Sumar dejaron clara su coincidencia la semana pasada con la aprobación en el Congreso de una moción para instar al Gobierno a dejar exento de IRPF el salario mínimo interprofesional. Hacienda esgrime, por su parte, que el SMI ha subido un 61% desde 2018 y que ha ido acompañado de varias rebajas fiscales, por lo que no se trata de una renta de subsistencia y ya no tiene sentido que siga exento de tributar. Además, alega que quienes cobren el SMI ganarán más aunque se les empiecen a aplicar retenciones, y que menos del 20% de los perceptores actuales podrían tener que tributar IRPF como consecuencia de la última subida, pues existen mínimos personales y familiares que rebajan la base imponible.
“Haremos lo que sea, también en la Mesa, para que los que cobran el SMI no tengan que tributar”, confirmaron este miércoles fuentes del PP a Servimedia. Minutos antes, fuentes de Sumar reconocieron su intención de levantar el veto en la Mesa de la Cámara baja uniendo sus votos a los del PP, aunque avisaron de que la iniciativa del partido de Alberto Núñez Feijóo, de tramitarse, tendría que ser enmendada porque, a su parecer, no resuelve el problema.
Doctrina constitucional
El PP y Sumar articularán así una mayoría alternativa a la del Gobierno en la Mesa del Congreso. El ala socialista tendrá la posibilidad de elevar el asunto al Tribunal Constitucional, una posibilidad que ya contempló hace unas semanas si Sumar se mantenía en sus trece, como así ha hecho. Los populares, por su parte, creen que la doctrina constitucional está de su lado y señalan que el tribunal de garantías determinó en su sentencia 132/2023 que los vetos de Hacienda no pueden ejercerse sobre medidas que afecten a presupuestos futuros, en este caso, el de 2025.
Sí pueden presentarse, sin embargo, cuando afecte a las cuentas públicas en curso, que es a lo que el PSOE se podría agarrar por la nueva prórroga de los Presupuestos de 2023. Existen dos precedentes de un conflicto institucional entre el Gobierno y la Mesa del Congreso, ambos en 2018 con Mariano Rajoy en La Moncloa.
El Constitucional dio la razón a la Cámara baja en ambos casos porque consideraba que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro no justificó adecuadamente el impacto que tendrían dos proposiciones del PSOE sobre su previsión de ingresos y gastos en los presupuestos en curso. Los socialistas querían suspender el calendario de implantación de la reforma educativa de la Lomce y “garantizar la igualdad en las condiciones laborales” de los trabajadores subcontratados.