Desregulación es desprotección social
Los consumidores pierden con la eliminación o debilitamiento de los supervisores de los mercados, y quedan expuestos especialmente al engaño financiero
La desregulación en todos los ámbitos, especialmente en el sector financiero, se ha convertido en una de las principales banderas de la administración Trump. Existe mucha controversia sobre los beneficios reales de la desregulación para la economía. De lo que no hay duda es que ciertas medidas desreguladoras suponen lisa y llanamente la eliminación de instituciones que protegen a los consumidores.
El caso más notorio ha sido el decreto de la administración Trump que ordena el cierre de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés), que fue creada por el Congreso tras la crisis financiera de 2008 y el rescate de grandes bancos, para garantizar un trato justo a los clientes financieros. La agencia, impulsada por la senadora demócrata Elizabeth Warren, ha conseguido que los estadounidenses que han sido víctimas de estafas financieras hayan recuperado más de 21.000 millones de dólares (20.235 millones de euros).
Warren ha encabezado la lucha contra el cierre de la oficina. En un reciente discurso manifestó “ese policía, es el que ha trabajado, día a día, para recuperar tu dinero cuando algún sinvergüenza decidió que podía engañarte y que no habría nada que pudieras hacer al respecto”. La senadora, profesora de Derecho de Harvard, habla claro: “Esta es una pelea entre millones de personas trabajadoras, que simplemente no quieren ser engañadas, y un puñado de multimillonarios como Elon Musk, que quieren la oportunidad de engañarlos”. Warren no da la batalla por perdida: “Nosotros, el pueblo, no Elon Musk, tenemos el poder real en este país, y vamos usar el poder. Lucharemos en el Congreso, en los tribunales, en todo el país y les prometo que ganaremos”.
La actividad de la CFPB se ha centrado en la defensa de personas víctimas de ejecuciones hipotecarias ilegales, estudiantes defraudados por préstamos bancarios abusivos o ciudadanos engañados con la letra pequeña de los préstamos de consumo.
Se trata de prácticas muy extendidas en España en donde los ciudadanos se encuentran en una grave desprotección. En el Congreso de los Diputados lleva atascado desde hace tres años el proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que puso en marcha el Gobierno en marzo de 2022.
Mientras, los ciudadanos deben acudir a los tribunales y juzgados especiales que se encuentran desbordados por el aluvión de reclamaciones. En el juzgado especial 101 bis de Madrid, dedicado asuntos relacionados con las hipotecas (gastos, cláusulas suelo, multidivisas e IRPH) están tramitando asuntos presentados hace más de cinco años.
El Juzgado especial 104 bis, dedicado a productos financieros, ha dirigido un escrito al Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo y al Banco de España, pidiendo que se sancione a los bancos que obligan a los consumidores a acudir a los Juzgados, a sabiendas de que serán masivamente resueltos a su favor. Así, precisa que un 95% de las 3.400 sentencias dictadas sobre préstamos y tarjetas revolving han sido a favor de los clientes. Los engaños financieros constituyen la explotación más sofisticada de los trabajadores y son más factibles con menor regulación en Estados Unidos y en España.