Un estudio ve factible fijar salarios mínimos regionales o locales pero alerta de numerosos riesgos

Cada final de año, con las conversaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos para determinar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), surge el mismo debate: ¿sería conveniente que, como alternativa a este suelo salarial que establece el Estado por ley, se pudieran ...

Cada final de año, con las conversaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos para determinar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), surge el mismo debate: ¿sería conveniente que, como alternativa a este suelo salarial que establece el Estado por ley, se pudieran fijar distintos salarios mínimos territoriales establecidos en función de las características particulares y condiciones de vida de los ámbitos autonómicos o incluso locales?

Este año, una respuesta a este debate llega de la mano de un estudio encargado por el Comité Económico y Social del Ayuntamiento de Barcelona a los investigadores del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Adrián Todolí y Paula López. El resumen de este trabajo apunta a que en un salario mínimo regional o local podría resultar útil para reducir algunas desigualdades económicas, pero deberían extremarse las precauciones en su aplicación para impedir la competencia desleal que podría generar entre empresas y territorios.

El estudio plantea dos recomendaciones o alternativas para la posible implementación de estas rentas mínimas regionalizadas. Por un lado asegura que “dentro del marco constitucional actual, parece posible que el Estado regule diferentes SMI según el municipio o región”, en función del coste de la vida o del salario medio de cada comunidad o localidad. Si bien destacan que esto debería hacerse “evitando que las regiones actúen de forma oportunista”. Por ello, sus autores resaltan que sea el Estado el que fije estas rentas territorializadas “porque si se otorga la competencia a los municipios y regiones, estos pueden actuar oportunistamente ajustando el SMI a la baja para atraer empresas o consumidores de otras localidades”.

Y, en segundo lugar, apuntan a otra opción que ya permite la ley actual: que las regiones o municipios utilicen la contratación pública para garantizar un salario mínimo a los trabajadores de las empresas que realizan su actividad a través de convenios con las administraciones autonómicas o locales.

Precisamente, las organizaciones sindicales y empresariales a nivel estatal reclaman también, desde hace años, que la contratación pública del Estado actualice cada año los pliegos de sus concursos al salario mínimo. Si bien, desde Hacienda no quieren ni oír hablar de estas actualizaciones que, automáticamente, elevarían el coste de estas contrataciones para las administraciones.

Tras analizar el impacto económico que produciría un salario mínimo fijado por las comunidades o los ayuntamientos, estos dos investigadores han concluido, no obstante, que su efectos, tanto los positivos como los negativos, serían menores menores que cuando el establecimiento se produce a nivel de todo el Estado.

Pros y contras

Dicho esto, reconocen las oportunidades que generarían los salarios mínimos regionales y locales pero también alertan de algunos riesgos. Entre los primeros apuntan a que “la mayoría de la literatura —aunque no toda— concluye que el aumento del salario mínimo mejora el crecimiento del municipio”, con trabajadores más formados y de mayores ingresos. Además, añaden, estos suelos retributivos territorializados aumentarían el consumo de las viviendas; reducirían la deuda de las personas; y recortarían la diferencia salarial entre categorías profesionales, dentro de las empresas. Es decir, reducirían la brecha entre quienes más ganan y quienes menos cobran.

Hasta aquí los beneficios. Pero estos dos investigadores encuentran más riesgos que ventajas. Entre los inconvenientes están una probabilidad más alta de un menor crecimiento empresarial en los municipios con mayores salarios mínimos. Según sus datos, las compañías tenderían a implantarse en municipios vecinos con SMI más bajos, produciéndose esa competencia desleal de la que alertaban anteriormente.

Igualmente, la proximidad entre localidades permite el traslado de sus ciudadanos a realizar sus compras en municipios con SMI más bajos, que no tengan que repercutir el coste mínimo salarial al precio final de productos y servicios. En tercer lugar, han detectado que, según distintos estudios, “el aumento del salario mínimo interprofesional a nivel local genera un incremento en los alquileres en el municipio donde se produce esa subida”. Igualmente, señalan que “en contextos con altas tasas de empleo, el aumento del SMI local o regional puede incentivar a los adolescentes y jóvenes a dedicar más tiempo al trabajo y reducir su formación”.

Y, finalmente, el mayor riesgo económico del alza de los salarios mínimos, y en este caso podría extenderse a cualquier ámbito, es que nuevamente “la literatura indica que la respuesta más común de las empresas ante un aumento del SMI es la reducción de las horas de trabajo”. Según explican esto no incrementa el paro, pero sí daña los ingresos finales del trabajador. Además, añaden que parte de esta reducción de horas no responde a un recorte de las horas efectivamente realizadas sino solo de las declaradas. Por ello, lo que aumenta en realidad es la economía informal, apuntan estos investigadores.

En definitiva, concluyen que “prever los efectos que tendría el aumento del SMI en un municipio concreto o en una región determinada es complejo y difícil de anticipar”. Por tanto, creen que los estudios realizados allí donde se han practicado (a modo de ensayo con el Salario de Referencia Metropolitano de Barcelona; en regiones de Polonia en Europa; o en Estados Unidos, Indonesia o China) no son extrapolables.