Díaz escenifica el acuerdo con los sindicatos para subir el SMI a 1.184 euros al mes sin que se aclare si los beneficiarios empezarán a tributar

Un año más, el Gobierno ha acordado, solo con los sindicatos y sin el respaldo patronal, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que crecerá un 4,4% en 2025. Se trata de un incremento de 50 euros al mes, hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Este lunes, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, han ratificado este cambio en el salario mínimo, cuya nueva cuantía se aplicará a cerca de tres millones de trabajadores de forma retroactiva desde el pasado 1 de enero. La tributación en el IRPF de esta renta aún está en el aire.

En este escenario de incertidumbre, han surgido distintos cálculos sobre cuánto recaudaría Hacienda si los perceptores del salario mínimo empezaran a tributar por IRPF. Tras la escenificación de la firma del acuerdo entre Díaz y los líderes sindicales, distintas fuentes de la negociación han aportado extraoficialmente varias cifras que oscilan entre los 1.000 y 2.000 millones de euros. Pero en Hacienda recalcan que, debido a que en el Gobierno aún no se ha tomado la decisión de si este colectivo tributará o cómo lo hará, no han calculado la recaudación. Y en cualquier caso reducen significativamente el impacto que tendría la medida.

El Ministerio de Hacienda pretende anunciar si deja exento el IRPF, como se ha hecho hasta la fecha, “cuando se apruebe la subida”, ha dicho este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por la cuestión en un acto en Carboneras (Almería).

Tras la firma formal del incremento, Díaz ha confirmado que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el alza del salario mínimo. Y ha pedido que, en lugar de en cuánto sube el salario mínimo, se ponga el foco en “los altos sueldos” y los “altos dividendos” que se registran actualmente en España. Aunque no se refirió expresamente a ello, la vicepresidenta hizo este llamamiento tras conocerse, la pasada semana, los resultados récord de la banca española. La ministra también ha recordado que, desde que el Gobierno empezó a subir el salario mínimo en 2019, esta renta ha acumulado un alza del 61%, mientras que la inflación creció un 23% en el mismo periodo. Esto arroja una ganancia de poder adquisitivo del colectivo de perceptores del SMI de 38 puntos porcentuales.

En las horas previas a la reunión de este martes del Consejo de Ministros es de esperar que pueda vivirse otro un nuevo encontronazo entre la parte socialista del Ejecutivo y Díaz. Ya pasó en la reunión ministerial de la semana pasada por la reducción de la jornada laboral, y esta vez sería a cuenta de la tributación de la nueva cuantía del salario mínimo. Algunas fuentes al tanto de las negociaciones del nuevo SMI no esperan que la cuestión quede zanjada este mismo martes, aunque otras no lo descartan.

Tanto los responsables de Trabajo como de los sindicatos han defendido en los últimos días que la renta mínima no tribute en el IRPF, como ha ocurrido hasta ahora. Aunque los máximos líderes de CC OO y UGT han admitido que el salario mínimo deberá de empezar a tributar algún día, ambos consideran que aún no ha llegado ese momento. Si bien desde el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente su máxima responsable, María Jesús Montero, se ha defendido que este año podría ser el primero en el que no se moviera el límite exento del IRPF en los mismos términos que el SMI y, por lo tanto, sus perceptores pasarían a tributar por este impuesto.

La opción de elevar o no el mínimo exento a la cuantía total que recibirán los perceptores del salario mínimo este año puede no ser la única. Así, el departamento de Montero podría optar por una vía intermedia, moviendo dicho mínimo por encima del actual, pero sin llegar al nuevo salario mínimo de 2025.

Incluo si el mínimo exento de tributación no se actualizase con esta renta, no todo el colectivo de beneficiarios tendría que pagar IRPF. En este caso operarían las distintas deducciones familiares, que reducirían notablemente el universo de trabajadores sujetos a esta tributación y que podría situarse en el entorno de los 540.000, según calculó en su día el comité de expertos que aconseja al Ejecutivo en materia de SMI. Se trataría del 20% de un total de unos 2,7 millones de perceptores, ya que el 80% restante quedaría exento por sus situaciones personales y familiares.

El líder de UGT, ha insistido en que su sindicato “no quiere ni está planteando que se bajen los impuestos”, pero sí ha pedido al Gobierno que reflexione sobre la progresividad del IRPF que, según ha dicho, “castiga más a los que menos tienen”. Es más, Álvarez ha añadido que “si el Gobierno quiere recaudar, tiene las horas extras no solo para la hacienda pública sino también para la Seguridad Social; y situar esas horas en el circuito de la legalidad es cuestión de voluntad política”.

Al margen de su tributación, el citado comité de expertos aconsejó al Ejecutivo —que por ley tiene que consultar a los agentes sociales acerca de la subida del SMI, pero no está obligado a negociarla con ellos— que subiera dicha renta entre un 3,4% y un 4,4% para cumplir con el mandato de la Carta Social Europea de que este suelo salarial equivalga en todo momento al 60% del salario medio del país. Trabajo, tras escuchar a sindicatos y patronal, optó por la parte alta de la horquilla sugerida, lo que hizo que las patronales CEOE y Cepyme, que según fuentes empresariales estaban dispuestas a firmar un alza del 3,4%, se descolgaran de un posible acuerdo.

Mujeres y jóvenes

Pese a la negativa empresarial a participar el pacto final, Díaz ha agradecido las aportaciones patronales en esta mesa de diálogo social, al tiempo que ha afeado que dicha participación de los empresarios no haya sido igual de constructiva en las negociaciones de la reducción de la jornada, también rechazada de plano por CEOE y Cepyme. “El diálogo social goza de buena salud, gracias a la audacia de los sindicatos y a que han estado siempre en el lado correcto de la historia. Necesitamos más sindicalismo para tener más democracia”, ha dicho Díaz antes de estampar su firma en el pacto.

Las cifras aportadas por Sordo durante su intervención de este lunes apuntan a que el perfil de perceptor del salario mínimo es una mujer (el 15% de las asalariadas lo recibirán frente al 8,5% de los hombres); menor de 34 años (el 17% de los más jóvenes cobran esta renta mínima) y con contrato temporal en la agricultura, el comercio o la hostelería.

Tanto Díaz como Sordo y Álvarez han cargado contra “el dogma ultraliberal”, en palabras del líder de CC OO, que asegura que las subidas del salario mínimo destruyen empleo y dañan a la economía. “No hay ningún dato que avale la destrucción de empleo. Esa parte de la academia está equivocada. Y el dirigente público que se atreva a cambiar las políticas públicas ligadas al SMI tendrá graves problemas”, ha sentenciado la ministra de Trabajo.