¿El presencialismo ha vuelto para quedarse?

El teletrabajo se desplegó por muchas empresas como una vía de salvación durante la pandemia. La imposibilidad de acudir a las oficinas propició que los hogares se transformasen en nuevos centros de trabajo, y que toda la actividad pasase a desarrollarse a través de una pantalla de ordenador. Sin embargo, 2020 queda hoy como un recuerdo lejano: la mayoría de las grandes compañías han dado orden a sus empleados de que regresen a sus puestos, e incluso ...

El teletrabajo se desplegó por muchas empresas como una vía de salvación durante la pandemia. La imposibilidad de acudir a las oficinas propició que los hogares se transformasen en nuevos centros de trabajo, y que toda la actividad pasase a desarrollarse a través de una pantalla de ordenador. Sin embargo, 2020 queda hoy como un recuerdo lejano: la mayoría de las grandes compañías han dado orden a sus empleados de que regresen a sus puestos, e incluso el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nada más tomar posesión del cargo, ha decretado que todos los trabajadores el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deben volver a la oficina.

A gigantes pioneros en este retorno como Tesla (Elon Musk considera el teletrabajo como “moralmente incorrecto”), Amazon, Goldman Sachs o JP Morgan se les ha unido recientemente WPP, la mayor red de agencias publicitarias del mundo; y en España, la plantilla de la energética Holaluz ha convocado una huelga indefinida por, entre otras decisiones tomadas por la compañía, haber alterado el modelo de trabajo a distancia que venían disfrutando durante los últimos años. Tampoco el sector público parece a salvo de esta vuelta al pasado. Recientemente, la Generalitat de Cataluña ha suprimido el teletrabajo a sus altos cargos —direcciones generales, secretarías generales y sectoriales; así como sus asimilados orgánicamente— apelando a que el desempeño de sus funciones requiere su “presencia efectiva constante”.

“A mucha gente se le llenó la boca con que gracias al teletrabajo se acabaría con el presencialismo, y poco a poco se han dado cuenta de que no es así”, reflexiona Jorge Calviño, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) y CHRO de AllFunds Bank. En su opinión, el teletrabajo “tiene muchas cosas positivas, pero muchas otras que no lo son, lo que hace que entregarse al 100% al él no sea lo mejor”. La gestión de grupos, por ejemplo, resulta más ágil cuando todos los integrantes se encuentran físicamente en el centro de trabajo, según este experto en Recursos Humanos.

Calviño defiende también los modelos híbridos como solución —en los que se compatibiliza el trabajo a distancia y el presencial—, y reconoce que la tendencia actual sobre el regreso al presencialismo viene marcado por el comportamiento de las grandes empresas, singularmente las de Estados Unidos. “Yo en lo que creo es en la flexibilidad, y en ofrecer las dos posibilidades, quizás en un modelo de tres y dos días, respectivamente. Pero lo cierto es que la normativa española condiciona mucho el trabajo a distancia, por eso se están empezando a dar aquí también estas reacciones”, señala.

La ley a la que alude Calviño se aprobó en septiembre de 2020, y se debe aplicar cuando un empleado realiza al menos el 30% de su jornada fuera del centro de trabajo en un período de referencia de tres meses. De ser así, empresa y trabajador deben firmar un contrato por escrito (voluntario y reversible) en el que la compañía tiene que hacer frente obligatoriamente a los gastos derivados de los servicios a distancia (internet, luz o teléfono, por ejemplo). Algo que, para muchas de ellas —especialmente las de menor tamaño y recursos— supone un freno, y de ahí que esté reduciendo los días hábiles para teletrabajar a uno, por debajo del porcentaje que fija la norma.

Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran los vaivenes que ha experimentado el teletrabajo en el sector privado desde 2020, cuando alcanzó un máximo del 19,1%. Un pico que se redujo hasta el 11,9% en el segundo trimestre de 2022, la cifra más baja registrada desde entonces, y que creció levemente hasta el 14% en el primer trimestre de 2024.

Gran acogida

La fotografía del teletrabajo en el sector público, sin embargo, evidencia una gran (y más constante) aceptación por parte de sus trabajadores. Dentro de la Administración General del Estado (AGE), desde que se permitió trabajar a distancia —también con motivo de la irrupción de la covid— prácticamente la mitad de la plantilla, cerca de 300.000 trabajadores, se ha acogido a esta fórmula (el 48% del total el pasado octubre, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública). Sin embargo, su implementación no es la misma en los distintos estamentos. “Cada ministerio, por ejemplo, lo ha regulado a su manera, y por eso te encuentras con que hay empleados públicos que tienen marcado qué días pueden teletrabajar, y otros que tienen mayor libertad para organizarse”, detalla Verónica Carballo, coordinadora de Organización, Comunicación y Formación del Sector AGE de UGT-Servicios Públicos.

Esto sucede porque el real decreto que se presentó en abril de 2021, y que empezó a tramitarse en diciembre de ese año, donde se recogían las líneas maestras a seguir por las distintas administraciones públicas, sigue sin adelante. “En esta norma se iba a regular el teletrabajo de forma general para todo el sector público. Lo que hay ahora es una ley de trabajo a distancia, que no es lo mismo, y que no determina de manera exacta la forma en la que debe llevarse a cabo”, explica Carballo, que reconoce que no existe por el momento un horizonte en el que este pueda salir adelante.

La coraza normativa vigente fue aprobada por el Gobierno en un real decreto en mayo de 2022 para tratar de paliar las consecuencias económicas y energéticas derivadas de la guerra en Ucrania. Y en él se abordan una serie de directrices (el teletrabajo se presenta como una fórmula para ahorrar costes energéticos) que después, cada organismo, aplica según estima conveniente. “Por eso hay gente que vive muy bien, y otra que no”, lamenta la sindicalista. Por las características propias de su profesión, hay, sin embargo, muchos trabajadores públicos que no pueden optar al teletrabajo. Es el caso de médicos, enfermeros, profesores, policías o de aquellos funcionarios que atienden al público.

Pese a la decisión tomada por la Generalitat, no parece que la vuelta al presencialismo vaya a extenderse por todo el sector público. Sin embargo, sí que podría acentuarse en aquellos puestos en los que se presta una atención directa a la ciudadanía. En opinión de Carballo, la escena actual de no poder ser atendido sin cita previa (una práctica heredada de la pandemia, y que muchos organismos han interiorizado desde entonces) ha hecho que muchas administraciones se hayan replanteado modificar esta práctica, en favor de un mejor servicio a la ciudadanía. “Aunque la idea es que se siga manteniendo el teletrabajo, porque se ha hecho una gran inversión en equipos y herramientas que lo hagan viable, hay que cuidar la atención personal”, valora Carballo.

En 2023, la Administración pública invirtió 12.873 millones de euros en la mejora de herramientas informáticas, y en telecomunicaciones, casi un 19% más que en 2022 (10.411 millones de euros), con el objetivo de revertir la obsolescencia de muchos equipos y mejorar así la comunicación virtual con los ciudadanos.