El Gobierno solo garantiza la subida del 2,8% de las pensiones en enero y anticipa que bajarán en febrero

La decisión de Junts y el PP de no convalidar el decreto ómnibus, que se ha votado este miércoles en el Congreso de los Diputados, ha dejado una situación inédita para más de 12 millones de pensionistas: la revalorización del 2,8% cuya aplicación estaba prevista a partir de la nómina de enero queda en el aire temporalmente. De momento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que “el cobro y la subida de las pensiones en el mes de enero están asegurados gracias a que el decreto ha estado vigente hasta hoy”. Sin embargo, estas mismas fuentes anticipan que la actualización conforme al IPC no se repetirá en febrero. “Estos grupos parlamentarios [en alusión a los que han votado en contra: PP, Junts, Vox y UPN] tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025 y por qué después de ver revalorizada su pensión en enero, [los pensionistas] van a tener que soportar que sea más baja en febrero”, han indicado fuentes de este Departamento.

Así, la orden de pago de las nóminas de los pensionistas para este mes ya se ha dado, lo que garantiza que lo que cobren a partir de la próxima semana sí recogerá la subida vigente hasta este miércoles. Otra cosa es lo que va a pasar a partir de febrero, cuando el Gobierno ha sugerido que dejará de aplicarse la revalorización conforme al IPC tras la derrota parlamentaria de este miércoles.

Así, varios juristas consultados por este periódico apuntan a que, tras lo ocurrido en la Cámara Baja, la actualización de las cuantías que cobran los pensionistas —que supone para una pensión media de jubilación unos 43 euros más al mes en cada una de las 14 pagas— sí deberá suspenderse de forma al menos temporal, hasta que otra norma lo determinara. Sin embargo, otras fuentes también jurídicas, hacen otra interpretación de la situación y aseguran que sí estaría en manos del Gobierno evitar que decaiga la mejora de las pensiones del 2,8%. “Solo con un Real Decreto —que a diferencia del Real Decreto-ley no tendría que convalidarse en el Congreso— que se aprobara en el primer Consejo de Ministros que haya se podría mantener la revalorización del 2,8% este año”, apuntan estas fuentes.

Según esta interpretación, el Ejecutivo podría mantener la revalorización a través de un real decreto, porque justo ese mandato de actualizar la pensiones con la inflación está vinculado a la Ley General de la Seguridad Social y no a la Ley General de Presupuestos, que sí exige un real decreto-ley que requiera convalidación en el Parlamento. En este caso, sí habría un colectivo que quedaría fuera de la revalorización: aquellos pensionistas que ya en 2024 tuvieran la pensión máxima, porque las cuantías máximas sí deben fijarse cada año a través de los Presupuestos. Por ello, no podrían ver incrementada su prestación en un 2,8%, aclaran estas fuentes.

Si bien, a tenor de lo manifestado por el Ministerio de Seguridad Social y otras fuentes gubernamentales, el Ejecutivo no parece dispuesto de momento a recurrir a esta solución. Y ha instado a los grupos que han votado en contra de la revalorización a que den explicaciones a los pensionistas por el recorte de prestaciones que experimentarán en febrero respecto a lo cobrado en enero. En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras ha exigido al Gobierno que “adopte, en el menor plazo posible, medidas con caracter de urgencia que posibiliten el mantenimiento de las cuestiones que han decaído este miércoles”.

Precisamente, tomar medidas es lo que está estudiando el Ministerio de Trabajo, que también se ha visto afectado por el rechazo del decreto ómnibus, que recogía igualmente la prórroga del salario mínimo interprofesional de 2024 hasta que el Gobierno publique la nueva cuantía para esta renta en 2025. El departamento de Díaz está analizando qué opciones tiene para evitar que el salario mínimo sea presa de un vacío legal que afecte, sobre todo, a las nuevas contrataciones, que no tendrían un suelo retributivo legal mínimo. En concreto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha barajado “la elaboración de unas pautas o una instrucción” que marque que no se puede contratar por debajo del salario mínimo. En todo caso, ha recordado que la aplicación de esta retribución será, como siempre, retroactiva desde el 1 de enero, con lo que cualquier contrato firmado por debajo del suelo que se fije deberá cobrar la diferencia en la nómina siguiente.

Todas las prestaciones

De producirse, el cambio afectará a más de 12 millones de prestaciones contributivas y no contributivas, incluidas las de los funcionarios de clases pasivas, que en febrero volverán a tener las mismas cuantías que en diciembre, sin la mejora de la actualización según el IPC de 2024.

Esto significa que la actualización de todas las pensiones queda en suspenso. En concreto, a falta de los futuros movimientos que pueda emprender el Gobierno, el rechazo del decreto interrumpe la subida del 2,8% general para todas las prestaciones contributivas de la Seguridad Social (incluidas las de clases pasivas), así como los incrementos del 6% de las pensiones mínimas contributivas y del 9% de las pensiones asistenciales (no contributivas) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Además de la actualización de las pensiones con el IPC, y ante la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025, el real decreto-ley recogía la nueva cuantía de la pensión máxima y algunos cambios normativos aprobados en las últimas reformas de pensiones que debían aplicarse este año. Por ejemplo, la norma, que de momento no se aplicará, determinaba la subida de cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores vinculados al Mecanismo de Equidad Generacional (MEI) para llenar el Fondo de Reserva, cuyo tipo de cotización debía pasar del 0,7 al 0,8% este año; o la aplicación por primera vez de la cuota de solidaridad a las rentas que excedan la base máxima de cotización.