España estrenará el registro único de alquileres de corta estancia el 2 de enero

El Gobierno da luz verde a la medida, con la que espera controlar el arrendamiento temporal y turístico, siendo el primer país europeo en ponerla en marcha

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la semana pasada en Madrid.Mariscal (EFE)

El registro único para pisos que se alquilan por temporadas cortas ya tiene fecha de estreno: estará en vigor a partir del próximo 2 de enero, aunque para su plena aplicación habrá que esperar al 1 de julio de 2025. Esa es la previsión del Gobierno, que este año ha dado luz verde a la medida, con la que espera controlar mejor tanto el arrendamiento de temporada (recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos como una alternativa al de vivienda habitual) como los apartamentos turísticos. La medida es una exigencia europea, aunque había de margen casi hasta mediados de 2026 para ponerlo en marcha. El Ministerio de Vivienda se había comprometido a adelantarse mucho en el calendario, y de hecho España será el primer país europeo en satisfacer el reglamento comunitario.

El registro se acompaña de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Esta es, de facto, la pasarela con la que se comunicarán la Administración y las plataformas donde se anuncian estos pisos. En adelante, cada piso que vaya a arrendarse con un uso distinto de vivienda, y a través de una web o cualquier aplicación digital, tendrá que tener un número de identificación único. Esto permitirá un mejor control de estos inmuebles, a los que habitualmente se acusa de contribuir a la subida de los alquileres. También impedirá que entren en el mercado aquellos que no cuenten con la licencia pertinente o que no se ajusten a lo que dice la ley.

La medida afecta además al alquiler de habitaciones o de embarcaciones de recreo. Es decir, todo aquello que sea susceptible de servir como alojamiento. En el caso del alquiler temporal, tanto el ministerio como muchos actores del sector inmobiliario admiten que este se ha convertido en una manera de burlar algunas de las normas que se aplican al arrendamiento de vivienda temporal. Por ejemplo, los controles de precios en Barcelona. Y por ello con las nuevas reglas figurará también la necesidad de justificar la causalidad de ese contrato, que está pensado para desplazamientos profesionales, pisos de estudiantes o situaciones similares.

En el caso de los pisos turísticos, la importancia de la medida está en la mayor capacidad de control sobre los mismos. De acuerdo con los datos oficiales, la oferta ilegal o alegal es muy superior a las licencias concedidas. Al requerir de un número de identificación único, esto permitirá a las comunidades autónomas y los ayuntamientos (que son los competentes en materia turística y urbanística, respectivamente) comprobar que cumplen con los requisitos que se exigen en cada territorio. Y del lado de las plataformas digitales se exigirá que retiren los anuncios sin el identificador correspondiente.

Aunque el ministerio encabezado por Isabel Rodríguez ha señalado que la entrada en vigor del decreto se producirá el 2 de enero, también precisa que desplegará los “efectos de sus disposiciones el 1 de julio de 2025″. Vivienda siempre había hablado de un periodo transitorio y en el Ejecutivo preocupaba la interferencia de la nueva medida con la Semana Santa, por su importancia para el sector turístico. Finalmente se alargará la transitoriedad seis meses para testar el registro y la pasarela de comunicación entre Administraciones y plataformas digitales.

Por otro lado, el último Consejo de Ministros del año también ha aprobado otras medidas en materia de vivienda. El ministerio ha informado de la prórroga, durante un año más, de las deducciones impositivas por obras de mejora energética en las casas. También de una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de impulsar la construcción de vivienda asequible sobre suelos públicos mediante la colaboración con entidades privadas. Además, un decreto-ley, que deberá ser validado en el Congreso, ha aprobado el traspaso de todos los pisos de titularidad estatal al SEPES, que es la base de la empresa estatal de vivienda anunciada por el Ejecutivo y con la que espera fortalecer el parque social.

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