El Gobierno aprueba el impuesto energético y pospone la subida al diésel

El Gobierno ha dado un último acelerón legislativo en víspera de las fiestas de Navidad. El último Consejo de Ministros del año, celebrado este lunes, ha establecido por decreto un nuevo impuesto energético, con una novedad: incluye bonificaciones para las inversiones verdes, una cesión a sus socios más reticentes. Así lo ha anunciado el mismo presidente, Pedro Sánchez, en una comparecencia para hacer un bala...

El Gobierno ha dado un último acelerón legislativo en víspera de las fiestas de Navidad. El último Consejo de Ministros del año, celebrado este lunes, ha establecido por decreto un nuevo impuesto energético, con una novedad: incluye bonificaciones para las inversiones verdes, una cesión a sus socios más reticentes. Así lo ha anunciado el mismo presidente, Pedro Sánchez, en una comparecencia para hacer un balance de la legislatura, un discurso centrado en la buena marcha de la economía. En cambio, no se ha abordado la subida fiscal al diésel que se esperaba también para este lunes, una medida que Bruselas exige para entregar parte de los fondos europeos y para la que ha dado a España de tiempo hasta marzo. El refuerzo del escudo social, la revalorización de las pensiones y la extensión de las ayudas al transporte, entre otras medidas, también han recibido luz verde en la última reunión de los miembros del Ejecutivo antes de que empiece el nuevo año.

“Hemos aprobado un real decreto para que se establezca este gravamen temporal energético durante el año 2025. La principal novedad (...) es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas”, ha especificado Sánchez. Aun así, se perfila muy difícil que el tributo reciba después la necesaria convalidación en las Cortes, pues ha sido y sigue siendo motivo de encontronazos entre las distintas fuerzas que conforman el bloque de investidura.

Los más críticos son Junts y PNV, que exhibieron su rechazo al tributo en el pleno del Congreso de la semana pasada: apoyaron una enmienda del PP que derogaba el impuesto, aprobado en 2022 con carácter temporal de dos años —su vigencia hubiese finalizado este 31 de diciembre—. Los socios del ala izquierda, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, en cambio, exigían mantenerlo y arrancaron al Gobierno la promesa de que habría impuesto energético al arrancar 2025, plasmado en el decreto de este lunes. “Con este real decreto ley cumplimos con nuestros compromisos. Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, ha subrayado Sánchez en su alegato, en el que se ha hecho eco de la fortaleza de la economía española —este lunes se ha confirmado que creció un vigoroso 0,8% en el tercer trimestre— y no ha escatimado en críticas contra la oposición, en particular el PP, por generar un clima de crispación.

El otro asunto que estaba pendiente, en este caso vinculado al desbloqueo del quinto tramo de fondos europeos, es la equiparación del gasóleo a la gasolina. El diésel se beneficia de una bonificación fiscal que Bruselas pide suprimir, y que brindaría unos 1.500 millones adicionales a las arcas públicas. Ya en el pasado había causado fricciones entre los aliados del Ejecutivo. En 2021, el anterior Gobierno de Sánchez intentó incluirlo en los Presupuestos, pero se chocó contra un muro levantado por los nacionalistas vascos. Se preveía que el Consejo de Ministros abordara la cuestión este lunes, pero no ha movido ficha. Fuentes gubernamentales aseguran, sin embargo, que siguen negociando y hablando con sus socios para llevar a cabo la medida.

En el terreno fiscal, el Gobierno también ha extendido a todo 2025 la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, e igualmente se mantendrán las bonificaciones por rehabilitación energética de la vivienda —con deducciones en el IRPF que van del 20% al 60%—. Por otro lado, se prorrogan en el impuesto de sociedades la libertad de amortización para las inversiones que emplean energía de fuentes renovables y los límites cuantitativos para la tributación de los autónomos en módulos, y se flexibiliza la obligación de presentar la declaración de la renta para quienes tengan dos o más pagadores: deberán hacerla quienes ingresen más 22.000 euros anuales solo si la suma de las rentas del segundo o restantes empleadores supere los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros). En cambio, como estaba previsto, termina la rebaja del IVA a los alimentos, en vigor desde 2022 y que se ha ido retirando de forma paulatina para que finalizara con la entrada del nuevo año.

Otros cambios introducidos este lunes tienen que ver con los nuevos impuestos aprobados en el paquete fiscal validado en el Congreso la semana pasada. La entrada en vigor del tributo sobre los vapeadores se retrasa hasta el próximo 1 de abril y se corrige el nuevo gravamen a la banca que empezará a rodar el 1 de enero, pues la redacción aprobada en las Cortes contenía un fallo que suponía a las entidades apuntarse un doble asiento contable. Siempre en terreno corporativo, pero en otro ámbito, el Consejo de Ministros ha prorrogado hasta finales de 2026 el llamado escudo antiopas, una medida diseñada durante la pandemia para blindar a grandes empresas estratégicas de adquisiciones extranjeras.

También se ha aprobado una revalorización del 2,8%, en línea con la inflación, de 12 millones de pensiones, que empezará a aplicarse el 1 de enero de 2025. Las mínimas subirán más, según se ha acordado en el Consejo de Ministros: cerca de un 6% las contributivas (2,1 millones de beneficiarios). Las no contributivas crecerán un 9% (unos 286.000 perceptores), el mismo porcentaje de subida que se ha reconocido para el Ingreso Mínimo Vital. En cambio, aún no se conoce cuál será el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Ministerio de Trabajo sigue negociando con sindicatos y patronal. Tampoco ha sido pactada aún la subida de sueldo para los funcionarios.

Escudo social

Por otra parte, el Gobierno ha extendido el escudo social que construyó con la llegada de la pandemia y que fue ampliando a distintos ámbitos de la esfera pública con la eclosión de la crisis energética e inflacionaria. Una de las medidas aprobadas este lunes, pactada con Podemos, es la extensión durante el primer semestre de 2025 de los descuentos para el transporte público, vigentes desde 2022. Los servicios urbano, metropolitano e interurbano gestionados por municipios y comunidades tendrán una rebaja del 50%; en el transporte ferroviario seguirá la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional, entre otras rebajas.

El Consejo de Ministros también ha ampliado a todo el año 2025 la suspensión de los desahucios a los colectivos vulnerables, una medida en este caso en vigor desde la irrupción de la covid-19 en 2020. En materia de vivienda, también ha recibido luz verde el decreto que establece el registro único para los pisos turísticos, que entrará en vigor en enero, pero se aplicará a partir del julio. Por último, el Gobierno ha aprobado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Este año ni siquiera hizo el intento de presentar el proyecto debido al complicado encaje de bolillos en el Parlamento. La prueba de fuego llegará con el nuevo ejercicio.