Los altos funcionarios denuncian la “profunda ideologización” del debate sobre el futuro de Muface
Los abogados e interventores del Estado y los inspectores de Hacienda y Trabajo muestran su profundo malestar
La incertidumbre que rodea la renovación del convenio de Muface afecta a todo tipo de funcionarios. El grupo más numeroso son los profesores de la escuela y la universidad públicas (dos de cada tres mutualistas), pero también atañe a policías nacionales, inspectores de educación... y al colectivo de servidores públicos más poderosos: los que pertenecen a los cuerpos superiores de la administración civil del Estado: inspectores de Trabajo y de Hacienda así como abogados e interventores del Estado. Este colectivo de altos funcionarios ha denunciado “la profunda ideologización” del debate sobre el futuro de este tipo de concierto sanitario, que permite a 1,5 millones de empleados públicos y familia escoger cada año si quiere educación y aseguran que, en caso de que se deje caer el modelo, el tiempo de espera en las listas de espera de la sanidad pública “se va a duplicar”.
La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) lleva desde octubre tratando de concertar una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López, para trasladarle su profunda preocupación por el hecho de que las tres compañías de seguros que hasta ahora prestaban el servicio para los mutualistas de Muface —Adeslas, Asisa y DKV— hayan decidido no acudir a la nueva licitación. Desde la entidad, que ha organizado una rueda de prensa para transmitir su preocupación, consideran que no tiene sentido que ahora el Gobierno se llegue a plantear acabar con este modelo de colaboración público-privada.
Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca e inspectora de Trabajo, denuncia una forma de actuar “con este grado de improvisación, teniendo en ascuas a un millón y medio de personas, que no saben a qué médico van a poder acudir el año que viene”. También recuerda que hay muchos servidores públicos que tienen salarios muy limitados y que “tendrían que dedicar más del 10% de su sueldo para poder contratar un seguro privado de salud, si acabara el concierto de Muface”.
De acuerdo con los cálculos realizados por la organización, el hecho de que casi un millón de personas pasase de golpe a la sanidad pública provocaría que “las listas de espera para las consultas pasasen de los 121 días actuales a superar los 227 días”, después de tres años en que se habían conseguido estabilizar, según explica Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda.
Una de las cuestiones que más criticas ha desatado dentro del colectivo de funcionarios de la categoría A1, la más alta de la administración pública, es el informe que hizo público en el Ministerio de Sanidad, donde se decía que es “viable y razonable” que los mutualistas de Muface pasaran a tener exclusivamente atención médica a través del Sistema Nacional de salud. De la Herrán considera que “hay muchísima demagogia en relación a este asunto, y con el informe de Sanidad se ha visto que hay una notable ausencia de argumentos jurídicos y económicos para pasar a los funcionarios a la sanidad pública”.
En medio de tanto ruido, el ministro Óscar López —recién nombrado secretario general de la Federación Socialista de Madrid— sigue transmitiendo calma y asegurando que el convenio saldrá adelante. López ha explicado en una entrevista el Televisión Española que el Gobierno “está preparando una segunda licitación” y que, en cualquier caso, el Estado dispone de herramientas para forzar una prórroga forzosa del concierto hasta octubre de 2025.
Mario Garcés, interventor y auditor del Estado, cree que al final “prevalecerá la cordura” y que “Óscar López será práctico y no tensará más la cuerda, más aún teniendo en cuenta sus nuevas responsabilidades”. A su juicio, Muface ha demostrado ser un sistema que ha funcionado muy bien en los últimos 50 años, un modelo que permite “atender a más de un millón de personas en la sanidad concertada con un coste para el Estado significativamente inferior que el tendría en la sanidad pública”, por lo que “no tendría ningún sentido económico ni político acabar con él”. En su opinión, si la situación se ha enconado tanto solo es porque “desde el Ministerio de Sanidad [controlado por Sumar] han querido marcar perfil político frente al PSOE y han ideologizado este asunto”.
El nerviosismo dentro del colectivo funcionarial es evidente. El miércoles están llamados a la movilización profesores, policías y funcionarios de prisiones, en una alianza inédita de diversos colectivos de empleados públicos. Piden al Gobierno compromiso con el modelo, lo que se tendría que traducir en una mejora en las primas que pagan a las aseguradoras, que supere el 17% de incremento, que se demostró insuficiente para atraerlas. También se quejan de las compañías de seguros, por utilizarles “como rehenes” para su negociación con Función Pública.
El sindicato mayoritario entre los funcionarios, Csif, ha convocado manifestaciones y concentraciones por su cuenta y hoy ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por los problemas que vive el mutualismo administrativo.