La banca presiona a Junts y PNV para suavizar las condiciones del impuesto al sector

Los bancos mantienen la campaña contra el impuesto al sector que ha planteado el Gobierno. Las entidades financieras confían en el trámite parlamentario para limar algunos de los aspectos que consideran más lesivos de la tasa, incluso con el objetivo último de conseguir tumbar la propuesta, como lograron las eléctricas con su propio gravamen. Para ello, las patronales del sector han intensificado esta semana sus contactos co...

Los bancos mantienen la campaña contra el impuesto al sector que ha planteado el Gobierno. Las entidades financieras confían en el trámite parlamentario para limar algunos de los aspectos que consideran más lesivos de la tasa, incluso con el objetivo último de conseguir tumbar la propuesta, como lograron las eléctricas con su propio gravamen. Para ello, las patronales del sector han intensificado esta semana sus contactos con los distintos grupos parlamentarios, con el foco en Junts y PNV. Consideran que mover a estos dos partidos hacia el no será la clave de toque para un texto más favorable, puesto que sus 12 diputados en suma son imprescindibles para que fracasen los planes del Ejecutivo.

Las entidades financieras han pinchado hasta ahora en su intento por evitar que el Gobierno prolongue el impuesto sobre el sector que introdujo en 2022 y expira en diciembre de este año. El PSOE pactó la semana pasada con PNV y Junts una enmienda a la trasposición de la directiva europea para imponer un tipo impositivo mínimo para las multinacionales. Esta amplía la vigencia de la tasa —que grava al margen bruto, el formado por el margen de interés más las comisiones— durante tres años y modifica algunos de sus detalles. Deja fuera a las entidades con ingresos inferiores a los 100 millones de euros y establece un sistema progresivo, por el que los bancos con más negocio en España pagarán un tipo impositivo mayor. El tipo establecido será del 1% para los primeros 750 millones de base liquidable, del 3,5% desde los 750 hasta los 1.500 millones, del 4,8% desde los 1.500 a los 3.000 millones y, por último, del 6% a partir de los 3.000 millones de euros.

Este ha sido el aspecto que ha levantado más críticas de los grandes del sector. El que ha expresado una oposición más tajante ha sido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha definido el tributo como la “tasa CaixaBank”. No en vano, la entidad es el mayor banco del mercado español y la que paga una factura mayor por el impuesto. Esta progresividad, sumada al hecho de dejar algunas entidades fuera del cómputo y que se cargue contra ingresos y no contra el beneficio —como hacen otros impuestos u otras tasas a la banca en el resto de Europa—, son los elementos que han levantado las mayores críticas del sector.

Tanto la AEB (Asociación Española de Banca) como la CECA, que agrupa a las antiguas cajas, han intensificado los contactos con los grupos políticos durante la última semana, según indican fuentes financieras. Estos movimientos coinciden con el inicio del trámite parlamentario de la norma, este miércoles. El lunes se iniciará su debate en la Comisión de Hacienda.

La intención de los bancos pasa por intentar limar los asuntos más polémicos del gravamen, así como reducir al máximo posible el plazo en el que esté vigente. No cejan, sin embargo, en intentar convencer a los partidos para que tumben la tasa, si bien las propias fuentes reconocen que lo ven como casi imposible. Los grupos políticos que tienen la sartén por el mango dicen no tener constancia de estos contactos. Desde el PNV, explican fuentes de la formación, añaden además que ellos tienen un pacto cerrado con el PSOE con el que están conformes. “Estudiaremos la propuesta si nos llega una nueva enmienda, pero no vamos a presionar para ello”, apuntan. Cabe recordar que la formación vasca ha logrado concertar el impuesto en su hacienda foral, por lo que tiene margen para poder bonificarlo y beneficiar a entidades como BBVA y Kutxabank.

La banca no ha conseguido lo mismo que las energéticas —encabezadas por las amenazas de Repsol por llevar fuera de España proyectos de renovables—, que es parar el impuesto, pero sí ha logrado dos pequeñas victorias en forma de rebajas de la cuota. Por un lado, se ha pactado una deducción del 25% en el impuesto de sociedades, que ayuda a mitigar lo que los bancos consideran como una doble imposición al gravar primero los ingresos y después, a través de sociedades, el beneficio. Por el otro, han conseguido aminorar el importe abonado en momentos en los que caiga la rentabilidad de las entidades como consecuencia, por ejemplo, de una crisis financiera. Fuentes internas de varias entidades se mostraban confiadas la semana pasada en que el texto final se modificase.

Los argumentos del sector contra el impuesto han sido repetidos una y otra vez, tanto por las patronales como por los principales bancos del país, la última vez en la reciente ronda de presentación de los resultados del tercer trimestre. Consideran que es discriminatorio y que provocará que la oferta de crédito a la economía se reduzca sustancialmente. Igualmente, apuntan a que les hará retirarse de operaciones que entrañen más riesgo, como financiar a pequeñas empresas.

A las críticas habituales del sector se ha unido esta semana la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). A través de un documento que firma el director del centro de estudios, Ángel de la Fuente, Fedea considera la nueva extensión del gravamen durante al menos tres años como “una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental por razones ideológicas”. De la Fuente carga contra el impacto que tendrá el tributo en el mercado y recuerda los efectos negativos contra el crédito, contra la competitividad del sector y sobre la obra social de las antiguas cajas de ahorro. En línea con las entidades, Fedea considera que el diseño favorece la doble imposición y que se incurre en el incumplimiento de otros principios constitucionales básicos, como la igualdad y la interdicción de arbitrariedad.

La presión de los bancos contra el impuesto afronta una fuerza contraria. Se trata de la de otros socios del Ejecutivo, los del ala izquierda. A Sumar, el socio minoritario del Gobierno que aboga por convertir en permanentes los dos gravámenes a banca y energéticas, se le unen Podemos, ERC, Bildu y BNG, quienes buscan un diseño del gravamen más restrictivo a través de la presentación de sus propias enmiendas. Estas formaciones insisten en que las grandes empresas de ambos sectores deben seguir contribuyendo. La razón, esgrimen varias fuentes, es que las compañías siguen registrando resultados inéditos.

Los impuestos extraordinarios nacieron en 2022 para actuar contra los beneficios extraordinarios cosechados al calor de la crisis inflacionista y el aumento de los tipos de interés. En conjunto, los dos sectores pagaron más de 2.800 millones de euros por ejercicio a través de estas figuras, a razón de 1.695 millones por parte de la banca y de 1.164 millones por parte de las energéticas. Ahora, el Ministerio de Hacienda prevé recaudar con el nuevo diseño para las entidades financieras una cifra similar.