El bufete Cremades cobró 17 millones para indemnizar a 12.138 pasajeros, pero al menos 3.000 no eran válidos
El sindicato de controladores aéreos USCA pagó esta cantidad al despacho y 2,8 millones a la OCU mediante acuerdos secretos para evitar las sanciones a sus afiliados en los juicios por el caos aéreo de 2010
El bufete Cremades & Calvo-Sotelo cobró 17 millones de euros en 2019 gracias a un acuerdo secreto que firmó con el sindicato mayoritario de controladores aéreos USCA para indemnizar a 12.138 pasajeros supuestamente perjudicados por el caos aéreo de 2010. El motivo de este pago era lograr la retirada de Cremades como acusación particular en un proceso judicial abierto en Madrid, con 133 controladores procesados. Sin embargo, una gran parte de los viajeros eran falsos o no tenían derecho a reci...
El bufete Cremades & Calvo-Sotelo cobró 17 millones de euros en 2019 gracias a un acuerdo secreto que firmó con el sindicato mayoritario de controladores aéreos USCA para indemnizar a 12.138 pasajeros supuestamente perjudicados por el caos aéreo de 2010. El motivo de este pago era lograr la retirada de Cremades como acusación particular en un proceso judicial abierto en Madrid, con 133 controladores procesados. Sin embargo, una gran parte de los viajeros eran falsos o no tenían derecho a recibir el reintegro de sus billetes.
En el listado de viajeros elaborado por el despacho y presuntamente visado por el Juzgado de lo Penal 18 de Madrid se incluyeron vuelos que no sobrevolaron el espacio aéreo de Madrid, otros que estaban programados para días ajenos al 3 y 4 de diciembre de 2010 -por lo que no podían ser compensados- o directamente billetes que eran ficticios, incluida una viñeta de Mortadelo y Filemón aportada al juzgado como si fuera un billete electrónico verdadero. Por ese motivo, casi cinco años después una parte de esa cantidad de dinero no ha sido empleada y sigue en poder de Cremades.
El sindicato USCA pagó los 17 millones a Cremades y otros 2,8 millones a la OCU, la mayor asociación de consumidores del país, para exculpar a sus 124 controladores juzgados en Madrid -del total de 133- y lograr la retirada de los cargos contra ellos, pero no revisó la veracidad de los datos de pasajeros y lo hizo con fe ciega en los listados elaborados por Cremades y OCU, con datos de sus propias webs y de una plataforma de afectados elaborada en su momento por el diario El Mundo. El sindicato no tiene capacidad de recuperar el capital porque así consta en el acuerdo secreto: “USCA manifiesta su renuncia a reclamar cantidad alguna en el futuro sobre lo aportado en concepto de indemnizaciones correspondientes a afectados a los que, eventualmente, no sea posible entregar su liquidación”, reza el pacto confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS.
“Puede ser que haya habido picaresca, pero debieron ser muy hábiles”, matiza Javier Cremades, socio fundador del despacho y presidente de la Asociación mundial de juristas, sobre el listado de viajeros, cuyo grueso se apuntó en la plataforma creada por el diario El Mundo para luego derivarlos al bufete.
Durante cinco años el sindicato estuvo recolectando el dinero de sus casi 2.000 afiliados, que aportaron cada uno entre 5.000 y 20.000 euros. Pero el acuerdo de USCA con Cremades tenía un grave agujero: la falsedad de muchos afectados. El sindicato minoritario Spica hizo un análisis de 6.249 viajeros del listado de 12.138 entregado por Cremades y halló 3.711 falsos y con vuelos ajenos al espacio aéreo de Madrid, como trayectos París-Biarritz, Barcelona-Riga o Milán-Valencia, no dirigidos desde el centro de control de Torrejón de Ardoz. Es decir, el 60% de la muestra, que incluía más de la mitad del total de indemnizados, no tenía derecho a cobro.
Pero al margen de los pasajeros ficticios, muchos de los reales no han cobrado y el dinero sigue en las arcas de Cremades. Este diario ha preguntado a 10 de ellos y la mitad no habían cobrado su indemnización 14 años después de la cancelación masiva de vuelos. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que perdió un vuelo París-Madrid y a la que correspondían unos 8.000 euros de indemnización, ironiza: “A mí no me han dado ni medio céntimo a pesar de que fue traumático. Si el dinero lo tienes pronto, mejor lo repartes antes de que te entre la tentación de quedártelo”.
El bufete afirma que ha pagado 9,3 millones a 7.863 pasajeros y ha cobrado un 30% de comisión (3 millones), por lo que restarían cinco millones pendientes de adjudicar a los reclamantes, según sus cuentas. Los viajeros firmaron en su día un poder notarial a favor de Cremades, por lo que el bufete considera “imposible” que se colaran pasajeros falsos. El problema fundamental es que no se revisaron de manera conveniente los vuelos y todos se dieron por buenos.
De los 22 procesos judiciales abiertos en la Península por el caos aéreo de 2010 que afectó a unos 700.000 viajeros, una veintena se archivó durante la instrucción y solo dos llegaron a juicio: el de Mallorca, cerrado con una condena leve por conformidad para 73 controladores tras descartarse la sedición; y Madrid, resuelto con una sentencia absolutoria en 2022, tres años después del acuerdo con Cremades.
El pacto incluía un cobro de 3,2 millones por parte de Cremades mediante un cheque bancario -una fórmula inusual- para crear un fondo, por si aparecían nuevos pasajeros reclamantes casi 10 años después del cierre del espacio aéreo de Madrid. Este depósito millonario, diseñado para atender a 3.000 presuntos pasajeros que surgirían entre 2019 y 2020, ha sido controlado por los letrados en exclusiva después de que USCA renunciara a ser informado.
Gracias a los pactos millonarios, los 124 controladores de USCA, juzgados por abandono de sus puestos de trabajo para dirigir aviones, eludirían las condenas a multas y a cambio Cremades y la OCU se retiraban del proceso. Pero tres años después de los acuerdos, en 2022, saltó la sorpresa: la Audiencia de Madrid exculpó en segunda instancia a todos los controladores juzgados, los 7 representados por Spica, pero también los 124 que se habían declarado culpables y que se beneficiaron de la persistencia de los primeros hasta forzar el juicio. Sin embargo, el dinero ya estaba en las cuentas de Cremades sin posibilidad de retorno. Ahora decenas de controladores reclaman el dinero a USCA, pero este, tras intentar sin éxito en la justicia contencioso-administrativa que el Estado le abonara los 20 millones por responsabilidad patrimonial, se niega a pagar.
El presidente de USCA, Pedro Gragera, alega que Cremades presionó sobremanera en la negociación y que su propio abogado José Antonio Choclán les impuso el acuerdo millonario por ser imprescindible para lograr una absolución que parecía cuesta arriba. “Cremades lo tenía todo preparado para dar el pelotazo, nos engañaron después de torcer el Derecho para llevarse dinero”, critica el sindicalista. A pesar del fiasco económico, saber que hubo pasajeros ficticios y haber pagado 17 millones en falso porque finalmente el tribunal absolvió a todos los controladores, Gragera, licenciado en Derecho, asegura que “volvería a hacer lo mismo”.
El presidente del sindicato aduce que nunca se planteó revisar el listado de pasajeros y que el acuerdo lo aprobó por unanimidad el comité ejecutivo y él, que no tenía voto, se limitó a contarles que era imprescindible aprobarlo. Ahora, Gragera, que fija la minuta de Choclán en 1,2 millones, asegura que no teme previsibles demandas por administración desleal de fondos. ¿Le pareció normal el pago de 3,2 millones a Cremades por cheque bancario? “Mi abogado penalista me dijo que esa era la fórmula y nadie se quejó al respecto”, responde. Álvaro Barrientos, miembro del comité ejecutivo entonces, revela: “Gragera insistía ‘si este acuerdo no sale, nos meten en la cárcel’. ¿Tú que habrías hecho?”. El bufete admite desconocer por qué se pagó por cheque bancario esa parte mientras que los 13,7 millones se abonaron por transferencia a través del juzgado.
Choclán, abogado de USCA, se defiende: “El pago de los 3,2 millones no recuerdo muy bien si era el IVA, que se estaba discutiendo”. “No me hagas mucho caso en esto”, añadió en una segunda conversación. Cremades lo niega, pero la cantidad casi coincide con el porcentaje de IVA correspondiente a los 13,7 millones acordados en principio (el 23%). Fuentes de la negociación confirman que el pago del IVA casi hizo descarrilar el acuerdo poco antes de cerrar los flecos.
El pacto incluyó una indemnización de 1.000 euros por daños morales para cada pasajero y otra variable por daños materiales provocados por la cancelación de vuelos. Una excepción a estas tarifas fue la del pasajero José Benavent Climent, que percibió 50.000 euros por daños morales y 827 por daños materiales, y que acapara el anexo 2 del acuerdo por su elevada cuantía. “Cremades no aceptó incluir la cláusula de devolver dinero si había absolución (…) Se ha debido perder bastante dinero por el camino hasta encontrar a los pasajeros”, sugiere Choclán. La Fiscalía, que no pidió indemnizaciones por daños morales -14 de los 20 millones pagados-, conoció que se cerró el acuerdo, pero nunca dio su visto bueno al contenido.
Los 3,2 millones del depósito de garantía debían ser repartidos entre los 12.138 pasajeros a finales de 2020, según el convenio. Pero como solo aparecieron un centenar de nuevos reclamantes, el dinero nunca se repartió y ahora Cremades alega que está esperando a que se cumplan cinco años. Es decir, que el bufete procederá a repartir el fondo entre 12.138 partes supuestamente a finales de 2025 por “prescripción de la acción”, según su testimonio.
El pasajero argentino Ezequiel Lichtmaier se quedó varado en Madrid en su luna de miel con su mujer e intercambió correos con Cremades durante años, pero la pareja no fue finalmente indemnizada. “Recuerdo una victoria velada, se ganó, pero nos quedó un gustito a que se quedaron con el dinero”, critica. Mientras, el viajero catalán Jordi Sagués sí cobró indemnización a pesar de que no debía, al haber volado desde Barcelona y Venecia, fuera del espacio aéreo de Madrid.
La negociación con las acusaciones para fijar las indemnizaciones por daños materiales y morales fue muy inusual, ya que las acusaciones jugaron conociendo las cartas de USCA, que estaban boca arriba, al conocer al detalle los 25,6 millones recabados por el sindicato para hacer frente a todos los procedimientos, según detallan documentos internos de la central. Estos fondos fueron retraídos por la empresa pública Enaire (antes Aena) de la nómina de los 2.000 asociados del sindicato mayoritario. Ahora USCA ha devuelto a los controladores que contribuyeron al fondo para las condenas alrededor de una octava parte del dinero aportado para defender la inocencia de sus compañeros.
Tras la imputación inicial de Gragera y su vicepresidente, Ángel Bellido, ambos lograron salir del procedimiento tras aportar escritos de Aena a su favor. El primero porque alegó que había abandonado su puesto en USCA justo tres meses antes del caos aéreo para recuperarlo dos meses después, y el segundo porque dijo que estuvo de vacaciones el 3 y 4 de diciembre de 2010. Sin embargo, ambos acudieron como representantes sindicales a una reunión el 15 de noviembre con Aena, solo dos semanas antes del caos, según detallan las actas de los encuentros incluidas en el sumario judicial.
El acuerdo con la OCU se cerró por 2,8 millones para indemnizar a 2.440 supuestos pasajeros. La mayor organización de consumidores del país aportó su listado al juzgado, pero hoy rechaza compartirla con este diario para su verificación bajo el pretexto de la protección de datos. La OCU asegura que carece de comisión por gastos de gestión y que ya ha pagado 2,1 millones a 1.799 viajeros, por lo que un lustro después, aún quedan 641 pasajeros por ser compensados. “La OCU sigue comprometida y centrada en los esfuerzos de localización [de pasajeros] (…) las cantidades pendientes de abonar a los damnificados están debidamente reflejadas en nuestras cuentas anuales, auditadas anualmente”, aduce un portavoz de la organización. Para su falta de transparencia, la OCU se escuda en que una empresa externa revisa sus cuentas anuales.
Un resacón que dura ya 14 años
El caos aéreo y la proclamación del estado de alarma en 2010 generaron un ruido y mala fama sobre los controladores que los tildó de privilegiados, egoístas e insolidarios al afectar a 700.000 personas por culpa de su conflicto laboral. El Gobierno utilizó sus altos sueldos como ariete para alimentar la guerra abierta y culpabilizarlos del inédito cierre del espacio aéreo que sufrió España.
Sin embargo, las 22 causas judiciales abiertas contra los controladores fueron archivándose poco a poco hasta que solo quedaron las de Madrid y Mallorca. El relato del caos aéreo que ha permanecido en la memoria colectiva es que los controladores se levantaron de sus puestos y dejaron los aviones en el aire, por eso el Gobierno tuvo que militarizar las operaciones.
Los controladores esgrimieron que el Ejecutivo había trazado un plan para privatizar Aena y que su elevada masa salarial era un impedimento insalvable. Sin éxito ni eco mediático. Hasta que el año pasado, el exministro y consultor José Blanco reconoció sin tapujos en el programa Anatomía de un caos aéreo de La Sexta: “Teníamos un plan de modernización de Aena para hacerla más competitiva y era nuestra hoja de ruta. Pero había costes de navegación aérea que lo hacían inviable. Claro que eran [los controladores] un impedimento para cualquier proceso de desarrollo empresarial de una compañía, si [Aena] tiene un altísimo coste en un sector que le lastra su competitividad, que supone que no puede bajar tasas, claro que supone un problema. Efectivamente, eran un problema (…) Había más de 500 controladores que cobraban más de medio millón de euros en 2010″.
Si el Gobierno tildó a los controladores de delincuentes de una “organización mafiosa”, en palabras de su ex secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el PP cargó con igual dureza: “Los controladores son un colectivo con un comportamiento muy grave que ha incumplido la ley”, acusó su entonces portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo que empezó con peticiones de sedición penadas con cárcel quedó en una condena por conformidad en Baleares, pero 14 años después la moral del colectivo ha quedado por los suelos. ¿Por qué no reaccionaron los controladores ante el pago millonario procedente de sus salarios contrario a la absolución judicial? “Por el miedo a que el Gobierno saque nuevos decretos y nos ponga de nuevo en el foco ante la sociedad, igual que cuando nos tildaron de apestados y privilegiados. El sindicato USCA ha fomentado ese miedo y ha dejado a la gente narcotizada al transmitir que ‘si te tocan los derechos laborales, nadie va a defenderte, todo puede ir a peor”, responde el exportavoz de USCA, César Cabo, hoy muy crítico con la actual junta directiva. Tomás Virseda, secretario general del sindicato Spica, añade: “Es un caso patológico de profesionales muy formados y con carrera, una indefensión aprehendida con estrés postraumático, un síndrome de Estocolmo para permanecer ajeno a todo conflicto”. Barrientos, exmiembro de la cúpula de USCA, confiesa: “Mi propia madre no creía mi relato, es muy difícil luchar contra todo. Estaba seguro de que me pincharon el teléfono, tenía miedo y solo quería que acabara”.
Bernardo del Rosal, abogado que logró la absolución de los controladores en la Audiencia de Madrid, reflexiona: “La versión del abandono de sus puestos fue la que trascendió a la opinión pública. A pesar de que es impensable que un ser humano deje a los pilotos solos, igual que un cirujano abandone al paciente en la camilla de operaciones con la barriga abierta”.
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