Vivienda agilizará su decreto de alquiler temporal tras el revés de Junts en el Congreso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que va a dar “la mayor agilidad” al decreto para combatir el fraude en los alquileres temporales, después de que Junts impidiera este martes por sorpresa la tramitación en el Congreso de una proposición de ley de Sumar con el mismo objetivo. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha pedido “tranquilidad” y ha explicado que, aunque su compromiso es aprobarlo antes del cierre de 2025, cree que lo podrá tener listo “en un tiempo más corto”.

Se trata de un real decreto de desarrollo reglamentario de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dirigido a luchar contra el fraude en todos los contratos de alquiler de corta duración, tanto los turísticos, como los de temporada y los de habitaciones. Entre las medidas incluidas está la obligación de justificar los motivos por los que se ha elegido un vínculo temporal entre el propietario y el arrendatario, que deberá quedar correctamente acreditado en un anexo al contrato.

Rodríguez ha señalado que con el reglamento se pretende aclarar los términos de la LAU, específicamente en su artículo 3, para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, que está siendo usado más allá de lo que prevé la normativa para eludir algunas condiciones que la ley de vivienda exige en el caso de los arrendamientos ordinarios. El objetivo, ha dicho la ministra, es garantizar “que aquellos que lo precisan, como es en este momento [el caso de] muchos estudiantes o profesores docentes en España, puedan acogerse a esos contratos de temporada, pero evitar aquellos que lo están utilizando de modo fraudulento para salvar las garantías del alquiler residencial”. Además, Rodríguez ha subrayado que el decreto se está redactando “en coherencia” con el Reglamento europeo que se aprobó a finales de la legislatura pasada contra el fraude en los pisos turísticos, por lo que aquellos inmuebles que se oferten en plataformas digitales por periodos inferiores a un año deberán inscribirse en un registro.

Aunque el PSOE votó este martes a favor de la tramitación de la proposición de ley que defendió Sumar, y que estaba promovida por movimientos sociales y de inquilinos y firmada también por ERC, EH Bildu y BNG, desde el ministerio sostienen que esta no tenía “coherencia con la normativa europea”. De hecho, la propuesta era más dura que la que pretende impulsar el Gobierno, ya que se basaba en limitar a un máximo de seis meses los alquileres de temporada y en aplicarles los mismos controles de precios que prevé la ley estatal para el arrendamiento de vivienda habitual.

Tras recordar que en su decreto de desarrollo reglamentario el ministerio trabaja junto al Colegio de los Registradores y el Consejo General de la Notaría, Rodríguez ha destacado que se va a contar con un registro único estatal de alquileres temporales que será clave para perseguir el fraude. Este está pensado originalmente para los pisos turísticos y busca garantizar que cumplen con la legalidad ya que al registrarse deberán acreditar que cuentan con la licencia pertinente. La idea del Gobierno, que ha prometido avanzar en esto lo antes posible (la promesa es tenerlo antes de acabar 2025) es que también otras modalidades de arrendamientos a corto plazo (temporal, de habitaciones e incluso embarcaciones) formen parte del mismo registro.

El rechazo del Congreso a la proposición de ley que llevó Sumar muestra, no obstante, que logar un consenso en la materia no será fácil. Este martes, Junts unió sus votos a PP y Vox para rechazar la regulación que había partido de los sindicatos de inquilinos, lo que ha provocado una avalancha de críticas contra la formación de Carles Puigdemont, particularmente en el ámbito catalán. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha incluido al partido de Puigdemont en el bloque “de la derecha y la ultraderecha” y ha calificado su voto negativo como “miserable”.

La portavoz del Gobierno catalán que encabeza el socialista Salvador Illa ha señalado que se trata de un “golpe durísimo e inexcusable para las clases trabajadoras”. Sílvia Paneque, quien además de portavoz es consejera de Territorio, ha asegurado que la negativa a tramitar la proposición responde a “otro tipo de cálculos”. “Que no nos cuelen políticas de un modelo que no funciona”, se ha defendido la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

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