Cláusula antiburbuja para el hidrógeno: los proyectos tendrán que tener vendida el 60% de su producción

La nueva línea de ayudas de 1.200 millones de euros a los valles de hidrógeno en España, que recibió el viernes el visto bueno de la Comisión Europea, exigirá a las empresas beneficiarias tener el 60% de la producción prevista ya comprometida de antemano. Es decir, que seis de cada diez kilos que vayan a generar tengan ya dueño ex ante, con compromiso de pago. El objetivo de esta medida, que estará incluida en la orden de bases que el Gobierno publicará en los próximos días —y a la que ha tenido acceso EL PAÍS—, será impulsar la economía real, con proyectos asentados en el territorio y que ya ...

La nueva línea de ayudas de 1.200 millones de euros a los valles de hidrógeno en España, que recibió el viernes el visto bueno de la Comisión Europea, exigirá a las empresas beneficiarias tener el 60% de la producción prevista ya comprometida de antemano. Es decir, que seis de cada diez kilos que vayan a generar tengan ya dueño ex ante, con compromiso de pago. El objetivo de esta medida, que estará incluida en la orden de bases que el Gobierno publicará en los próximos días —y a la que ha tenido acceso EL PAÍS—, será impulsar la economía real, con proyectos asentados en el territorio y que ya han buscado sus clientes. Evitar, en fin, cualquier atisbo de burbuja en un sector de rápido crecimiento y en el que ya han empezado a asomar algunas voces que alertan en ese sentido.

Las ayudas se concentrarán en proyectos de más de 100 megavatios (MW) de capacidad de electrolización, un volumen ya considerable que, sin embargo, ya cumplen la mayoría de proyectos apoyados en los últimos meses. Cinco de los siete proyectos seleccionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su última ronda de ayudas con fondos europeos -anunciada a principios de julio y dotada con casi 800 millones- ya estaban por encima de ese umbral. A partir de ahora, todos tendrán que superarlo.

Habrá, además, otro requisito de cuantía económica, aunque en este caso será de máximos: una única empresa o proyecto solo podrá acaparar la tercera parte del presupuesto total, 1.200 millones de euros ampliables en un 10%, hasta los 1.320, en según qué circunstancias-. Es decir, que un único nombre no podrá superar los 400 millones de ayudas. Una medida claramente encaminada a evitar que las subvenciones queden en unas pocas manos.

A la hora de conceder las ayudas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tendrá en cuenta, sobre todo, el aspecto económico: supondrá el 70% de la decisión. Los criterios ambientales y socioeconómicos tendrán, entretanto, un peso del 20% y valorarán tanto la creación de empleo local, como la reducción de emisiones que conseguirán, la cercanía geográfica o su aportación al I+D o al empleo local. Por último, la parte técnica aportará el último 10% y tendrá en consideración tanto el grado de madurez de la inversión como la solvencia, tanto de la empresa como del proyecto en sí.

El régimen español de ayudas aprobado el viernes por Bruselas forma parte del PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, que gestiona el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Los 1.200 millones de esta última convocatoria buscan impulsar tanto la producción como la demanda de hidrógeno verde, un vector energético llamado a desempeñar un papel clave en sectores de difícil o imposible electrificación, en torno a grandes polos industriales ya existentes.

Tras el visto bueno de Bruselas, el Ejecutivo cree que las ayudas concedidas o por conceder permitirán a España duplicar su capacidad de generación de hidrógeno a corto plazo. El problema es, aún, de precio: este vector energético sigue siendo notablemente más caro que sus alternativas fósiles. Una barrera que, sin embargo, debería ir perdiendo peso con el paso del tiempo: por un lado, la electricidad verde, su mayor coste, debería seguir abaratándose a corto y medio plazo; por otro, la tecnología de electrolización (el proceso que permite convertir la electricidad y el agua en hidrógeno) está llamada a mejorar sustancialmente en los próximos años.

La hoja de ruta española pasa por alcanzar los cuatro gigavatios (GW) de electrolizadores en 2030, una cifra que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dispara hasta los 11 GW. Para entonces, Enagás, el gestor del sistema gasista español —llamado a jugar un papel clave para la exportación del hidrógeno verde que se genere en la península Ibérica, sobre todo, a través del BarMar (el hidroducto proyectado entre Barcelona y Marsella)—, calcula que España será capaz de producir entre dos y tres millones de toneladas de este gas.

Ese nuevo volumen de producción no solo será suficiente para cubrir íntegramente las necesidades nacionales —España consume hoy 500.000 toneladas de hidrógeno sucio, en su mayoría generado con gas natural—, sino que también permitirá cubrir la quinta parte de las del conjunto de la UE. Para 2050, la Península debería estar generando 33 millones de toneladas de hidrógeno verde al año anuales. De ellas, 27 millones podrían dedicarse a la exportación, una vez cubiertas las necesidades interiores. El futuro parece claro, al menos sobre el papel; ahora solo queda llevarlo a la práctica.

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