El campo se jubila

Los agricultores y ganaderos que llegan a la edad de jubilación no se van. Y los jóvenes son reacios a incorporarse a la explotación familiar para un relevo generacional: otros no llegan al campo desde fuera por razones que van de las económicas (coste de una primera instalación y rentabilidad), a las sociales (imagen del agricultor ante la sociedad) o a las condiciones de vida (servicios mínimos en una gran parte del territorio rural vaciado).

El sector agrario envejece con la jubilación o los abandonos y no hay relevos suficientes. La actividad mantiene sus cifras macroeconómicas con ...

Los agricultores y ganaderos que llegan a la edad de jubilación no se van. Y los jóvenes son reacios a incorporarse a la explotación familiar para un relevo generacional: otros no llegan al campo desde fuera por razones que van de las económicas (coste de una primera instalación y rentabilidad), a las sociales (imagen del agricultor ante la sociedad) o a las condiciones de vida (servicios mínimos en una gran parte del territorio rural vaciado).

El sector agrario envejece con la jubilación o los abandonos y no hay relevos suficientes. La actividad mantiene sus cifras macroeconómicas con más tecnología y costes en manos de menos profesionales, pero dando paso a la presencia de grandes fondos de inversión ajenos al campo y a otros grupos agroalimentarios con peso en los mercados frente a los agricultores individuales.

Según los datos contenidos en el último censo agrario, oficialmente en 2020 existían en España 915.000 explotaciones sobre el papel, con una reducción del 7,6% sobre el censo anterior. En la práctica, las ayudas de la PAC las perciben más de 600.000 agricultores y ganaderos, considerando que hay actividades que no reciben ayudas, pero se estima que los profesionales del campo no llegan a los 300.000. Crece el número de las explotaciones más grandes por compras o arrendamientos y se reduce el número de las más pequeñas, lo cual es un dato positivo. Sobre una superficie agraria útil total de 23 millones de hectáreas, más de 12 millones se labran desde la propiedad y otras más de nueve bajo un régimen de arrendamiento. No sobra tierra de cultivo, fundamentalmente donde tienen una mínima rentabilidad, pero se mantiene la tendencia de ir abandonando las superficies menos productivas ante los incrementos de costes y los bajo rendimientos.

El mapa de un sector agrario envejecido y en proceso de agravamiento de la situación, viene determinado por el hecho de que más del 40% de los jefes de explotación, según el Censo Agrario de 2020, sean o no titulares de la misma, tenían en ese ejercicio más de 65 años y solo un 8% edades inferiores a los 40 años. Este colectivo de profesionales de edad avanzada concentraba explotaciones que suponían solo el 27% de la superficie y el 20% en términos económicos. Por el contrario, los jóvenes operaban mayoritariamente en explotaciones más dimensionadas fundamentalmente con tierras arrendadas. Del colectivo de más de 65 años, la media de edad supera los ligeramente los 76 años.

Del conjunto de los jefes de explotación, 650.000 corresponden a hombres y 261.000 a mujeres. En los hombres, 332.000 tienen edades de entre 40 y 64 años, 266.000 más de 65 años y solamente 54.000 son menores de 40 años. En el caso de las mujeres se repite el mismo escenario: solo 16.000 con menos de 40 años, 134.000 con entre 40 y 64 años y 111.000 por encima de 65 años. El número de mujeres teóricamente al frente de las explotaciones se ha incrementado en los últimos años en un 22%, con un peso muy importante de las explotaciones ganaderas, especialmente en Galicia y Asturias.

Progresivo envejecimiento

A pesar de los cambios en el reparto de poder en el campo en función de la edad, las personas con edades superiores a los 65 años se mantienen con carácter general como los propietarios de sus explotaciones. Por el contrario, ganan dimensión las explotaciones de los jóvenes vía fundamentalmente de los arrendamientos. Un dato significativo es la mayor presencia de los grandes fondos de inversión en la actividad agraria y agroalimentaria, que han pasado en los últimos años de una decena a casi 200, así como a grandes grupos agroalimentarios.

Frente al progresivo envejecimiento de los activos agrarios, las políticas para el relevo generacional han sido una constante en los años precedentes. Sin embargo, a la vista de los resultados, la incorporación de unos 16.000 jóvenes, la impresión es que las mismas han sido muy insuficientes para el volumen del problema, tanto desde la perspectiva de los apoyos financieros a otros ligados al uso y la propiedad de la tierra, las políticas de arrendamientos u otras alternativas.

Ante esta situación, Agricultura y las comunidades autónomas celebraron su última Conferencia Sectorial sobre el relevo generacional y el rejuvenecimiento de los activos agrarios. Uno de los compromisos adquiridos fue la elaboración de un catálogo sobre posibles medidas encaminadas a lograr un cambio en la dinámica de envejecimiento de los profesionales del campo. De entrada, Agricultura contempla también actuar con una nueva Ley sobre la Agricultura Familiar anunciada en los últimos días por el ministro Luis Planas con los mismos objetivos de facilitar la permanencia en el campo de los más jóvenes, el relevo generacional y, entre otros retos, evitar la permanente división y subdivisión de las explotaciones que amenazan también una actividad más viable.

En el marco de esos debates, a iniciativa de Agricultura se celebró igualmente el denominado Foro Jóvenes para analizar el actual contexto donde se tiene que mover ese colectivo a la hora de apostar y desarrollar por la actividad agraria. Entre las conclusiones de ese Foro se estima que hay, al menos, cinco factores que dificultan la movilización de las mismas como es el mayor coste de las superficies de más calidad para el cultivo, aspectos socioeconómicos y de apego a la retirada de los propietarios de edad, limitaciones físicas por unas estructuras muy minifundistas y los altos niveles de protección medioambiental en muchos territorios o el cambio climático que no permite seguir con los cultivos tradicionales. Ante esa problemática, se plantea la necesidad de más debates sobre los bancos de tierras y bancos de explotaciones, para una gestión colectiva de la tierra, las producciones ecológicas y la necesidad de movilizar recursos ociosos, bien de carácter público o privado.

Revisión

Desde una perspectiva financiera se considera necesaria una revisión de los instrumentos puestos ya en marcha desde el Ministerio de Agricultura y el ICO, las actividades y competencias de la sociedad de gestión Saeca, instrumentos que se complementan con las diferentes actuaciones desde algunas entidades financieras con sus líneas Agro. En esta línea se reivindica que no haya un solo agricultor joven que no se pueda incorporar a la actividad por falta de soportes financieros o por avales excesivos.

Por ese mismo motivo se reclama ampliar el periodo de cinco años para ser joven agricultor y seguir con la ayuda hasta que se consolide en el negocio; que las exigencias en cuanto a UTAs (mano de obra necesaria) sean diferentes en función de cada realidad agraria y de cada territorio; que los jóvenes que se incorporen sin ayudas tengan un complemento a la renta; que Hacienda flexibilice la tributación de los planes de incorporación, una carga, a veces imposible para los jóvenes; que las cuotas a la Seguridad Social sean más bajas no solo en los primeros cinco años y, finalmente, que se mantengan los servicios de asesoramiento, una disminución de la burocracia y agilizar los pagos.

En la misma línea y con el mismo objetivo de rejuvenecer y lograr ese relevo generacional, desde la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, su responsable, Isabel Bombal, ha planteado la estrategia denominada “Formación Agroalimentaria-Siembra, Crece y Cosecha tu Futuro”, respondiendo a la necesidad de impulsar la profesionalización promoviendo la incorporación de los jóvenes con formación profesional en el ámbito agroalimentario. Esta estrategia responde a una política para prestigiar a los profesionales del sector, atraer talento al campo, impulsar la profesionalización, la digitalización y, además, hacer una evaluación permanente de los resultados. Desde Unión de Uniones, se valora positivamente esta estrategia siempre que haya un seguimiento económico de los resultados y exista una coordinación con el conjunto de los departamentos ministeriales y con las Comunidades Autónomas.

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