Así queda el reparto de plazas de la oferta de empleo público: 31.000 a la Administración General, 3.200 a la Guardia Civil, 2.900 a la Policía y 2.700 militares

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la oferta de empleo público de 2024, compuesta de 40.146 plazas, una cifra que coincide casi al dedillo con la que adelantó hace dos semanas el sindicato que secunda la propuesta, UGT. En principio habrá que esperar a mañana, miércoles, para conocer el desglose exacto de estas plazas, cuántas se convocan en Seguridad Social, cuántas en Tráfico o cuántas a Inspección. Pero ya se saben algunos detalles, que ha comunicado el Ministerio de Función Pública.

Según las cifras aportadas, de las 40.146 plazas ofertadas, 31.465 se destinan a la Administración General del Estado (AGE), 3.158 a la Guardia Civil, 2.857 al Cuerpo Nacional de Policía y 2.666 a las Fuerzas Armadas. El ministerio especifica que de las plazas en AGE, 20.840 son de acceso libre, aquellas a las que puede acceder cualquiera. Es la forma general de acceso a una convocatoria de empleo público que permite presentarse a la misma a cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos en las bases. Otras 10.625 plazas de AGE son de promoción interna. Tomando en cuenta toda la oferta, las 40.146 plazas, el 68% son de acceso por turno libre y el 32% restante de promoción interna.

El ministerio calcula que, tomando en cuenta el caudal de salida por jubilaciones, esta oferta servirá para crear 9.102 empleos netos, “de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía”, informa el departamento que dirige José Luis Escrivá. “Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, AESIA, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado”, añade el ministerio.

Esta es la primera convocatoria de empleo público que reserva un cupo del 10% en AGE a personas con discapacidad. En concreto, son 3.147 plazas, 629 para personas con discapacidad intelectual. Además, la oferta crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) “para mejorar la atención a los ciudadanos” y también incluye una oferta que el ministerio cataloga como “histórica” en la Administración de Justicia, con 2.520 plazas de turno libre. Habrá que esperar a mañana, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para conocer el desglose pormenorizado.

“La oferta de empleo público de 2024 es una oferta de transición hacia un nuevo modelo de recursos humanos en la administración basado en la planificación. Tendrá en cuenta las necesidades de la organización, agrupará los recursos humanos en áreas funcionales y se apoyará en soluciones tecnológicas. Ese nuevo modelo se construirá en base a escenarios a medio plazo, entendiendo el capital humano como una inversión y con una estructura de áreas funcionales”, ha añadido el ministerio.

Evolución de la plantilla

La oferta de este año es ligeramente superior a la del año pasado, que ascendió a 39.574 y también fue la mayor hasta la fecha. En la misma línea fueron altísimas las de los años previos, lo que deja un total de 183.000 plazas oficialmente ofertadas (sin contar las de 2024) desde 2018, el primer año de Pedro Sánchez en el Gobierno. Sin embargo, la plantilla del Estado, la que se nutre de estas ofertas, solo ha crecido en 16.000 personas desde entonces. Es un aumento de un 3%, que ni mucho menos recupera el terreno perdido durante la crisis financiera. El altísimo flujo de jubilaciones explica la situación.

La plantilla estatal tocó techo en 2010, con 597.021 trabajadores. Entonces, aún con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, empezó una caída causada por la crisis financiera, que sometió a las cuentas públicas a un estrés sin precedentes en décadas. La contracción se profundizó durante la etapa de Mariano Rajoy, con un retroceso anual que llegó a ser de 26.605 empleados de 2013 a 2014. Por entonces, las ofertas públicas de empleo eran casi testimoniales, con entre 2.000 y 4.000 plazas al año.

Con la mejora de la situación económica, el PP potenció las ofertas y rozó las 21.000 plazas en 2017, lo que ni mucho menos compensó el desierto de los años anteriores. Desde que Sánchez tomó las riendas del Gobierno en 2018, la oferta pública de empleo ha crecido cada año, con la única excepción de 2020 por la pandemia. Las 23.062 plazas ofertadas en la primera propuesta socialista son casi la mitad de las 39.574 de 2023 o las 40.146 de 2024. Sin embargo, las plantillas apenas han mejorado desde entonces: entre 2018 y 2022 solo crecieron en 2.872 personas, un incremento minúsculo pese a que en esos años las ofertas rondaban las 30.000 plazas. La subida de 2023 respecto al año anterior fue la mejor de los últimos años, con 12.741 empleos más, hasta situarse en 528.190 trabajadores.

El ministerio dice que esta última oferta “acelera la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas; además, impulsa la atracción de talento a la Administración”.

Rechazo de CC OO y CSIF

Solo UGT apoya la oferta de 2024 del Gobierno, que se muestra “satisfecha con los criterios generales”, dada la situación de prórroga presupuestaria actual. Los otros dos grandes sindicatos de la administración pública, CC OO y CSIF, la consideran insuficiente y creen que no sirve para compensar la pérdida de trabajadores de hace años. ELA y CIG, también presentes en la mesa negociadora, también rechazan la propuesta.

En un comunicado, CSIF denuncia que esta oferta “mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos”. El sindicato especializado en empleo público también denuncia “el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir. Función Pública ha reconocido que hay miles de plazas que han caducado por una mala gestión y que no podrán volver a convocarse. La oferta de empleo presentada hoy tampoco garantiza los plazos y la convocatoria se puede retrasar hasta 2025″.

El total de trabajadores públicos de la Administración central (medio millón) se reparte entre ministerios (95.675 y 3,22% del total general); organismos autónomos (61.833 y 2%); entidades públicas empresariales (23.227 y 0,8%); agencias estatales (17.647 y 0,59%); autoridades administrativas independientes (1.673 y 0,06%); universidades públicas no transferidas (2.459 y 0,08%); otros entes de derecho público (36.211 y 1,22%); fuerzas armadas (121.493 y 4,1%); Policía Nacional (73.746 y 2,5%); Guardia Civil (79.513 y 2,7%); y administración al servicio de juzgados y tribunales (14.713 y 0,5%).

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