Consumo abre una investigación a las plataformas de alquiler turístico por anunciar pisos sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las plataformas de anuncios de viviendas turísticas. El departamento que encabeza Pablo Bustinduy quiere que estas empresas le envíen información sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que, de acuerdo con los datos que se ofrecen incluso en canales oficiales, se están publicitando más pisos de los que tienen licencia. Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS...

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las plataformas de anuncios de viviendas turísticas. El departamento que encabeza Pablo Bustinduy quiere que estas empresas le envíen información sobre la oferta que comercializan en algunas ciudades en las que, de acuerdo con los datos que se ofrecen incluso en canales oficiales, se están publicitando más pisos de los que tienen licencia. Según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Dirección General de Consumo ya ha enviado esos requerimientos, puesto que considera que estas plataformas podrían estar incurriendo en prácticas desleales sancionables en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Esa es la norma que el Gobierno cambió en 2022, siendo entonces ministro Alberto Garzón, para ganar competencias y capacidad sancionadora en materia de Consumo. Y es la misma en la que se basó el ministerio para poner la semana pasada una sanción récord de 150 millones a cuatro aerolíneas por cobrar el equipaje de mano y otras prácticas comerciales que lesionan los derechos de los consumidores desde el punto de vista del Ejecutivo.

En este caso, el procedimiento está todavía en fase inicial. De acuerdo con las fuentes del ministerio consultadas, el requerimiento se ha enviado a “las principales plataformas”. Se refieren a empresas como AirBnB, el sitio de anuncios de arrendamiento temporal más famoso, aunque en el entorno ministerial, como en el caso de las aerolíneas, no señalan el nombre de ninguna compañía en concreto. En esta ocasión, ni siquiera señalan cuántas son las investigadas.

Entre la información que se les ha requerido, el ministerio les pide que identifiquen a los arrendadores de los pisos turísticos que se anuncian en sus aplicaciones y webs, así como si los propietarios de esos inmuebles disponen de las licencias pertinentes. Estos permisos varían entre comunidades autónomas (que son las que tienen las competencias exclusivas en Turismo) y también entre ayuntamientos (que tienen competencias urbanísticas y en ocasiones también han regulado sobre la cuestión). A principios de año, por ejemplo, la oposición municipal en Madrid denunció que en la ciudad solo había unos 300 pisos con los permisos adecuados para alquilarse a visitantes ocasionales. Pero el propio recuento del Instituto Nacional de Estadística, que se basa en la oferta publicada en varias páginas especializadas, señalaba en el último rastreo que en la capital hay unos 16.000 apartamentos vacacionales. El Ayuntamiento de Madrid, que ha pospuesto cambios regulatorios hasta el próximo año, anunció recientemente un listado de viviendas que cumplen la legalidad.

La situación descontrolada de los apartamentos turísticos es una de las que, según muchos expertos, incide sobre los problemas generales de acceso a la vivienda en España. No obstante, la vía que ha encontrado el ministerio de Bustinduy para estudiar posibles infracciones se basa en la lesión de derechos de los consumidores. Las fuentes consultadas en el departamento apuntan, en concreto, al artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Este señala las condiciones que deben respetar las empresas que comercializan servicios o bienes, como es el caso de las plataformas de vivienda turística, para cumplir con la normativa. Uno de los puntos, por ejemplo, se refiere a “la obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. En el caso de sanciones graves, las multas pueden llegar hasta los 100.000 euros.

La mayoría de consistorios en las grandes ciudades españolas disponen de inspectores para vigilar los pisos turísticos, aunque se trata de servicios modestos en comparación con la abultada oferta. El Ayuntamiento de Barcelona, uno de los más activos, mantiene precisamente desde hace años un contencioso con AirBnB a cuenta de la exigencia de que esta plataforma verifique que los anuncios incluyen el número de licencia administrativa que acredita que son apartamentos vacacionales.

Desde el ámbito de la Vivienda, el Gobierno anunció el pasado diciembre la apertura de un grupo interministerial para estudiar posibles medidas en materia de alquiler turístico. En ese grupo nunca ha participado el Ministerio de Consumo, aunque fuentes del Gobierno señalan que Bustinduy (que forma parte del Ejecutivo de coalición por la parte de Sumar) y la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez (del ala socialista), sí han hablado sobre este tema en varias ocasiones y el ministro ya aseguró en una entrevista en La Vanguardia, la pasada semana, su intención de “perseguir la publicidad de las viviendas turísticas ilegales”. Rodríguez reunió recientemente una conferencia sectorial de Vivienda y al término de ese encuentro con las comunidades autónomas anunció que adelantaría a 2025 la puesta en marcha del nuevo reglamento europeo. Este prevé la creación de una plataforma estatal donde se recojan los datos y la normativa que afecta a todos los alojamientos turísticos. En dicha solución participa el Ministerio de Turismo pero no el de Consumo, que ahora cree haber encontrado otra vía, basada en su capacidad sancionadora, para combatir la oferta ilegal de apartamentos turísticos.

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